Dos decisiones afectan hoy el lento, complejo y difícil proceso de consolidación de una paz completa[1] en Colombia, iniciado a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. Ambas disposiciones comparten la estolidez propia de quienes insisten en la acción militar para alcanzar sus propósitos políticos, los cambios económicos y las transformaciones sociales y culturales.
De un lado, está la decisión político-militar del Comando Central (COCE) del ELN, de atacar con explosivos a la Escuela de formación de oficiales de la Policía en Bogotá. Y del otro, la decisión del presidente Iván Duque de levantar la mesa de diálogo instalada en La Habana, como reacción a la acción dinamitera perpetrada por el ELN contra la instalación policial.
Así como comparten el carácter temerario, las dos decisiones bien se pueden entender en el marco de lo que aquí llamo el “síndrome del enemigo interno”. Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como el presidente Duque y el “uribismo”, en representación del Establecimiento, comparten los padecimientos de este síndrome que afecta la posibilidad de consolidar la paz en Colombia, el mismo que sirve a la radicalización de la opinión pública y, que al tiempo, crea y re-crea las condiciones para que el país regrese a las aciagas noches y circunstancias de la Seguridad Democrática [2] y, por supuesto, a las ya conocidas dinámicas propias de un conflicto armado que una parte de la sociedad creyó que era posible superar.
Por el lado del ELN, queda claro que su envejecida dirigencia aún no está preparada para dar el paso hacia la firma de un Acuerdo de Paz con el Estado, contrario a lo demostrado por la también otoñal dirigencia de las FARC, cuyos miembros entendieron, aunque tardíamente, que a través de la lucha armada no alcanzarían el poder del Estado. Hoy, a pesar del asesinato de por lo menos 80 exguerrilleros de base, de los incumplimientos del Estado y de los ingentes esfuerzos del llamado “uribismo” para hacer trizas el Acuerdo de paz, los exguerrilleros farianos se mantienen en el compromiso pactado y están en camino de fortalecer el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Quizás subsiste una razón fundamental para que la guerrilla del ELN se mantenga en pie de lucha: su implacable, férrea y, por momentos irracional “fe revolucionaria”, circunstancia que la convierte en una guerrilla dogmática y ortodoxa, que prefiere extender en el tiempo una anacrónica lucha armada que solo sirve a los propósitos guerreristas de los agentes del Establecimiento que al sufrir del mismo “síndrome del enemigo interno”, harán todo lo posible para mantener las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de un país inmiscuido en un conflicto armado interno.
En esas condiciones, las páginas de la prensa nacional se enfocarán en cubrir los atentados dinamiteros, los combates entre la fuerza pública y el ELN y los secuestros de civiles, entre otras actividades y acciones.
Atrás quedarán, probablemente, las denuncias por corrupción contra el fiscal general de la Nación y el enmascaramiento que el Gobierno de Duque está haciendo de lo que ayer llamaron “mermelada” los detractores del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Y por el lado del Gobierno de Iván Duque Márquez, se confirma su nulo interés por establecer condiciones para mantener el diálogo, poner fin a las hostilidades con la guerrilla del ELN y por alcanzar un acuerdo de paz, como el que lograra su antecesor con la entonces guerrilla de las Farc. Se suma a lo anterior, su actitud complaciente frente a las acciones legislativas de su partido, el Centro Democrático (CD), cuyo objetivo es torpedear el proceso de implementación de lo acordado en La Habana y, por esa vía, impedir la construcción de una paz estable y duradera.
Volverá entonces a imponerse la tesis negacionista y el no reconocimiento de la guerrilla del ELN como un actor político con el que es posible negociar el fin del conflicto armado. Esa misma tesis que no solo negaba la existencia del conflicto armado interno, sino que insistía en calificar los hechos y acciones de guerra, bajo el concepto de “amenaza terrorista”. Huelga recordar que esa nomenclatura fue el sustento político, conceptual e ideológico de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2010).
Hay que decir que no solo padecen del “síndrome del enemigo interno” el Gobierno de Duque, una parte importante del Establecimiento y la guerrilla del ELN, sino sectores claves y decisivos de la sociedad civil y de la sociedad colombiana. En las marchas ciudadanas de rechazo por el atentado con carro bomba, efectuadas el domingo 20 de enero, se pudieron ver reacciones agresivas de ciudadanos que no aceptan y creen en los diálogos de paz, al tiempo que exhiben una incomprensible actitud de rechazo hacia quienes consideran que las circunstancias contextuales vividas en Colombia y en el mundo en los convulsionados años 60 legitimaron el levantamiento armado. El “síndrome del enemigo interno” les permite no solo descalificar las pretensiones de las guerrillas, sino calificar como “enemigos”, “amigos de los terroristas” o “terroristas vestidos de civil” a quienes piensan distinto, se atreven a criticar al Gobierno o a la Fuerza Pública por hechos como los Falsos positivos, la corrupción política y el contubernio con fuerzas paramilitares, entre otros asuntos.
Así entonces, el “síndrome del enemigo interno” representa el azaroso regreso a los procesos de estigmatización social y política de grupos sociales y sectores políticos de izquierda, o grupos de ambientalistas, libre pensadores, críticos y analistas, cuyas acciones y discursos eran y son asociados al proyecto político-militar de las guerrillas.
Insistir en la existencia de una amenaza interna (terrorista) posibilita al Establecimiento y, a los sectores guerreristas, proscribir de las agendas públicas-políticas las reformas estructurales que por ejemplo exige lo pactado en La Habana entre el Estado colombiano y las Farc. El cerramiento democrático, la debilidad del Estado y su cooptación mafiosa, son temas que quedarán proscritos de las agendas ciudadanas.
Continuación del análisis: Vuelve la guerra
[1] Una vez firmado el tratado de paz con las Farc, se habló de una paz incompleta por cuanto aún quedaba levantado en armas el ELN. Iniciado los diálogos con esta agrupación armada ilegal, el país pensó en que era posible pensar en una Paz completa, esto es, lograr el desmonte de las dos viejas estructuras guerrilleras, levantadas en armas contra el Estado desde los años 60.
[2] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. Ayala, et al. UAO, 2016.
