Entre risas, el uribismo hace trizas la paz

Mientras la opinión pública sigue entretenida con los audios que comprometen la ética y la honorabilidad del Fiscal General, el Centro Democrático, con la anuencia del presidente de la República, está haciendo trizas el Acuerdo de Paz.

Opina - Sociedad

2018-11-20

Entre risas, el uribismo hace trizas la paz

A pesar de algunos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, subsiste hoy el enorme riesgo de que dicho proceso fracase y aquello de una paz estable y duradera, termine consolidándose como un emotivo y quimérico anhelo.

Son varias las circunstancias contextuales y varios los agentes de poder que han jugado en contra de la imperiosa necesidad de ambientar la paz en el país, a partir de respetar la palabra empeñada en lo acordado en La Habana entre el gobierno de Santos, en representación del Estado colombiano, y los plenipotenciarios que en nombre de las Farc-Ep negociaron y firmaron el Acuerdo Final (II).

Dentro de las circunstancias contextuales hay que reconocer que, al interior del país, lo acaecido en la mesa de paz instalada en la capital cubana jamás se concibió como un acto de Estado, sino como una acción de gobierno, pero, sobre todo, se asumió como una decisión, muy particular por cierto, del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón que se propuso desarmar a las Farc, pero que al estar preso y sometido al Régimen, fue inferior al reto que acompañaba convertir a esa guerrilla en partido político:

Coadyuvar a modificar las correlaciones de fuerza que al interior del Régimen, históricamente fueron y son aún proclives a extender en el tiempo, no solo las circunstancias y las razones que legitimaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60, sino el carácter marginal del mismo conflicto armado interno. 

Esto es, mantener los altos niveles de pobreza, el cerramiento democrático, la debilidad estatal y la cooptación mafiosa del Estado; mantener la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos; insistir en las prácticas políticas y prepolíticas que hacen posible que en Colombia subsista un ‘Doble Estado’[1] y aumentar las incertidumbres en el sector rural, para que su población (afros, campesinos e indígenas) se vean obligados a abandonar sus territorios o terminen alquilados en las grandes plantaciones, para de esta manera erosionar sus procesos organizativos.

Lo pactado en aquella isla caribeña se presentó al mundo, a la ONU y a la llamada comunidad internacional, como un acto de Estado solo porque mediaba la presión del contexto jurídico internacional, la misma que hizo posible que el Acuerdo Final cumpliera con los estándares del Estatuto de Roma y las propias exigencias de la Corte Penal Internacional (CPI).

Y fue así porque al interior del país no se dio un pacto político que permitiera a todos los poderes políticos, sociales y económicos asumir lo firmado en Cuba como un verdadero acto de Estado, vinculante y perenne.

No debe sorprender a los países garantes, acompañantes y a los que interesadamente apoyaron la negociación política, legitimaron el texto firmado y vienen aportando económicamente a proyectos productivos en el marco del proceso de implementación, que ese compromiso de Estado hoy se desvanezca con facilidad, gracias a partidos políticos y a poderosos agentes económicos de la sociedad civil.

Y no debe sorprenderlos porque la débil institucionalidad al interior del Estado colombiano es fruto de las relaciones asimétricas entre un Norte opulento y un Sur empobrecido y corrupto, sostenidas y ampliadas aquellas en el tiempo por una oligarquía nacional que solo reconoce decisiones de gobierno, al tiempo que impide, deslegitima e invalida los actos que en nombre del Estado lideró y ejecutó como jefe de Gobierno y de Estado, Juan Manuel Santos.

Se suma al complejo escenario contextual, dos hechos: el primero, que la sociedad colombiana deviene fuertemente escindida y con claros enfrentamientos de clase y una evidente baja cultura política en todos los estratos sociales, que impidió la comprensión de lo que significó en su momento negociar con las Farc el fin del conflicto armado.

Y el segundo hecho, que el Establecimiento jamás estuvo en riesgo a pesar del desafiante accionar de una guerrilla que fue inferior a sus propios objetivos de derrocar a esa “oligarquía” que los motivó a levantarse en armas. Es más, el Establecimiento se sirvió del conflicto armado interno para entronizar las prácticas clientelistas y la violencia política y por esa vía, imponer un orden político, económico y social a todas las luces ilegítimo.

Ahora miremos a los agentes políticos que desde el Congreso le vienen apostando a modificar el Acuerdo Final con el claro propósito de que el proceso de implementación fracase. Las acciones legislativas emprendidas por el Centro Democrático (CD), con la ayuda de sectores de los partidos Conservador, Liberal, de la U y Cambio Radical y Mira, entre otros, van encaminadas a ponerle trabas al cumplimiento de lo acordado.

Baste con nombrar tres asuntos o temas que le interesan a específicos agentes de poder político y económico dentro del Régimen (“conjunto de complicidades”, lo llamó Gómez Hurtado): el primero, la Reforma Agraria Integral[2] y, en particular, los asuntos de titulación[3] de tierras[4] y actualización catastral.

El segundo, la participación política de las víctimas de los actores armados (Paras, Guerrillas y Fuerza Pública), garantizada a través de la entrega de 16 curules[5]; y el tercero, el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que tiene una clara motivación: impedir a toda costa que se construya una Verdad Histórica que ponga en evidencia el apoyo brindado por poderosos agentes de la clase dirigente y empresarial de Colombia a los grupos paramilitares.

Para el primer tema o asunto, Uribe Vélez y Fedegan, a través de la senadora Cabal, lideran varias acciones legislativas conducentes a impedir que lo acordado en el primer punto de la Agenda de La Habana llegue a feliz término. Se oponen a la actualización del catastro, a la conformación del Fondo de tierras y a la devolución de los predios adquiridos por cercanos “compradores de buena fe” cuyos propietarios fueron asesinados, acosados, amenazados y desplazados por los paramilitares.

En cuanto al asunto de las 16 circunscripciones especiales de paz, es decir, la entrega de curules a las víctimas, hay que decir que en dos ocasiones el CD, con el liderazgo del exjefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez, se ha opuesto a la aprobación de la ley que daría vida y cumplimiento a lo acordado en La Habana en esa materia. La primera ocasión se dio durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la segunda, acaba de hundirse nuevamente la iniciativa legislativa que daba vida a esas 16 curules.

Impedir la llegada de las víctimas al Congreso se explica por la clara pretensión de mantener el histórico cerramiento democrático de un régimen democrático que además, deviene formal y procedimental.

Y quizás el tercer asunto sea el que con mayor claridad devela la intención de hacer trizas el acuerdo de paz: la JEP. Recientemente se aprobó la llegada de 14 magistrados[6] más a la JEP[7]. Aunque los debates continúan, esta decisión claramente deslegitima a los actuales operadores judiciales de esa jurisdicción y les impone un equipo de jueces que muy seguramente “harán oposición jurídica” a las condenas que los actuales magistrados emitan hacia el futuro en contra de altos mandos militares responsables, por acción u omisión, de la violación de los derechos humanos y del DIH, en particular, por los llamados “falsos positivos[8]”, o en su defecto, decidan llamar a terceros civiles por brindar apoyo logístico y económico a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Huelga recordar en este punto, el fallo de la Corte Constitucional que eliminó la obligatoriedad de terceros civiles de comparecer ante la JEP. Es importante recordar también que dicha corporación judicial ya había propinado un golpe certero[9] al Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, al declarar inexequible los numerales H y J.

Es decir, estamos ante un proceso de ajustes sistemáticos a lo acordado en La Habana, que poco a poco van erosionando la legitimidad del tratado de paz y sus alcances jurídico-políticos.

Lastimosamente, hay que constatar que en Colombia la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y, lo es aún, un asunto de Gobiernos. Consecuente con lo anterior, el carácter estatal del Acuerdo de paz[10] no se sostiene y muchos menos depende del reconocimiento jurídico-político que del Estado colombiano hagan otros Estados del mundo, sino que estriba en la pobreza cultural de los agentes de poder económico y político de lo que Marco Palacios llamó <<la República Oligárquica>>.

De esta manera, con la anuencia del Gobierno de Iván Duque Márquez, las señaladas fuerzas políticas deberán ser reconocidas por la historia como enemigas del proceso de paz, de la consolidación de una paz estable y duradera y de la extensión en el tiempo de las condiciones contextuales que fueron el caldo de cultivo para el levantamiento armado de las guerrillas.

Mismos caldos en el que hoy se incuban disímiles formas de violencia rural que sirven a los propósitos  de ganaderos, latifundistas, palmicultores y azucareros, de extender los monocultivos de palma y azúcar en el sur del país. Ya dieron el primer paso con la apropiación indebida de baldíos[11] en la altillanura. Para los otros pasos que deberán dar, cuentan con el apoyo irrestricto del Centro Democrático y del presidente Duque.

A pesar de que en una reciente visita a Francia el presidente colombiano reconoció que el Acuerdo de Paz cumple con los estándares y exigencias del Estatuto de Roma y la CPI[12], el país asiste a un proceso continuado que busca desde el Legislativo, en contubernio con el Ejecutivo, hacer trizas el Acuerdo de Paz.

Frente a esta situación hay que señalar que varios países de la llamada comunidad internacional guardan silencio porque actúan con los sempiternos intereses corporativos con los que suelen mantener relaciones políticas y comerciales con la élite de la <<República Oligárquica>> colombiana, que les permita extender en el tiempo las relaciones de dominación y explotación de los recursos de la biodiversidad. Sin embargo, por estos días se escuchó la preocupación con la que se marcharon de Colombia miembros de la Comisión de Ética internacional[13] por los cambios introducidos a la JEP.

Mientras la opinión pública sigue entretenida con los audios que comprometen la ética y la honorabilidad del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira y con la impopular Reforma Tributaria, entre risas y de manera sostenida, el Centro Democrático, con la anuencia del presidente de la República, está haciendo trizas[14] el Acuerdo de Paz.

 

[1] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/04/doble-estado.html

[2] Véase: https://verdadabierta.com/proyecto-de-modificacion-de-ley-de-tierras-ataca-la-medula-de-la-restitucion/

[3] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-del-centro-democratico-ley-de-tierras-va-en-contravia-de-las-victimas-codhes-articulo-818616

[4] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/01/sas-se-robaron-la-tierra.html

[5] Véase: http://www.hechoencali.com/portal/index.php/columnas/6809-el-regimen-y-las-16-curules

[6] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/militares-y-jep-reacciones-y-consecuencia-de-agregar-14-magistrados-mas/589115

[7] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/11/la-jep-y-la-verdad-en-la-mira.html

[8] Véase: https://colombiaplural.com/falsos-positivos-la-jep/

[9] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/05/el-duro-golpe-de-la-corte-constitucional.html

[10] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0600/articulo05.html

[11] Véase: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/703164/Inf_Baldios_pub2017.pdf/fc83b206-c806-414e-a253-6bf355b01ccf

[12] Véase: http://caracol.com.co/radio/2018/11/11/nacional/1541972741_565551.html

[13] Véase: “La Comisión Ética está conformada por cerca de 21 personas de Chile, Argentina, El Salvador, Estados Unidos y España. Son mujeres y hombres que pertenecen a asociaciones de víctimas de sus países, como el caso de Mirta Acuña, de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Argentina. Otros de sus integrantes son psicólogos, académicos, o personas que pertenecen a ONG’s cristianas o ambientales”. https://colombia2020.elespectador.com/justicia/nos-vamos-preocupados-con-los-cambios-en-la-jep-comision-etica-internacional

[14] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/05/se-destapo-la-ultraderecha.html

 

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Germán Ayala Osorio
Docente Universitario. Comunicador Social y Politólogo. Cursando Doctorado en Regiones Sostenibles.