Más allá de la intención manifiesta de objetar la Ley Estatutaria de la JEP, hay un asunto que inquieta a quienes, desde diversos intereses, acompañamos el devenir del proceso de paz y en particular, estamos atentos a lo que se suceda con el proceso de implementación del Acuerdo Final II. Y ese tópico es la Verdad.
Y es claro que hay agentes del Establecimiento que le tienen miedo a la Verdad judicial que saldrá de las actuaciones y decisiones que adopten los magistrados de la JEP y a la verdad histórica que se desprenda de los ejercicios investigativos, analíticos e interpretativos que hagan los miembros de la Comisión de la Verdad.
En particular, el expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, debe tener enormes prevenciones y miedos alrededor de las versiones, documentos, hechos y testimonios que logren recogerse en las dos instancias señaladas, y que de muchas maneras lo pueden vincular a hechos delictivos como la conformación de grupos paramilitares y la connivencia con las masacres cometidas por miembros de las AUC.
Por ejemplo, la masacre del Aro, a la que su nombre está vinculado cuando fungió como Gobernador de Antioquia; o de manera directa con delitos como el desplazamiento forzado, la apropiación de tierras por la vía del despojo y las responsabilidades políticas que deberá asumir por los más de 5.000 casos de Falsos Positivos[13]ocurridos durante sus 8 años de mandato, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Lo expresado recientemente por el ex general Rito Alejo del Río, conocido como el Pacificador de Urabá, debe de generar alguna preocupación en el senador Uribe Vélez, por cuanto el exoficial tomó la decisión de acogerse a la JEP. “Yo he sido de los más sacrificados por defender a Álvaro Uribe, pero no lo vuelvo a hacer”[14] señaló recientemente el alto exoficial del Ejército.
De igual manera, otros agentes del Establecimiento deben guardar cierta prevención ante la posibilidad latente de que, en esas dos instancias del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sus firmas, representantes legales y accionistas, se vean involucrados en hechos relacionados con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas paramilitares, en contubernio con fuerzas estatales y agentes políticos y gremiales de los órdenes regional y nacional.
Eso sí, hay que registrar en la historia judicial y política del país, los ataques que desde la Fiscalía General de la Nación se han producido en contra de la JEP. Al caer la tarde del 18 de febrero de 2019, varios medios masivos informaban sobre un llamado que el Fiscal General[15], Néstor Humberto Martínez Neira, le hizo al presidente Duque para que objete el PLE.
El mismo diario, que en tempranas horas de la tarde informó sobre la decisión del presidente de Colombia de no oponerse a la ley estatutaria de la JEP, a eso de las 5 y 50 PM, señalaba que “a través de un documento de nueve páginas, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le manifestó al presidente de la República, Iván Duque, su preocupación por el proyecto de Ley “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para Martínez, el texto que había sido consensuado en el Congreso de la República sufrió modificaciones, que tienen graves impactos en la política criminal del Estado”[16].
En ese mismo sentido, pero sin hacer mención a la versión que indicaba que Duque habría decidido no objetar la ley estatutaria, la revista Semana[17] informaba que el Fiscal habría solicitado al presidente rechazar dicha norma.
Pero si de ataques institucionales y políticos se trata, hay que mencionar los que se han producido desde las huestes del Centro Democrático (CD), con la complacencia del presidente Iván Duque Márquez.
Mientras unos exhiben sus prevenciones, miedos y animadversiones en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, los miembros de la cúpula de las Farc vienen compareciendo ante el tribunal especial. Recientemente, se recibieron las versiones de alias Timochenko sobre asuntos relacionados con la actividad criminal del secuestro.
Digamos que con la decisión presidencial de no objetar la ley estatutaria se despeja una enorme sombra que ya se posaba amenazante sobre el futuro de la JEP. Pero sabemos que el camino que aún queda por recorrer seguirá lleno de obstáculos y de ataques. Ahora bien, al cierre de este artículo no hay certeza de que efectivamente lo informado por el diario El Colombiano sea una realidad política, en torno a la decisión de Duque de, finalmente, sancionar la PLE como medio país espera que lo haga.
De verdad que es preocupante la actual crisis que vive el país en todos sus entes. No es posible que estos señores, Uribe y el fiscal, sigan oponiéndose a la JEP.
Se debe despertar y exigir se cumpla a cabalidad todo este proceso.
Es posible que la firme pero después de haberle recortado a una pata de las tres que todavía le quedan para obligar a una nueva revisión en el congreso, mientras liquidan al mayor número de dirigentes defensores de derechos humanos. No hay que olvidar en manos de quienes reposa el gobierno y todas las instituciones públicas y privadas
El mismo dia y ya en horas de la noche, el presidente eterno, por medio de los «telegramas telefonicos» ordena a Duque las razones por las que debe objetar la dichosa ley estatutaria. Como siempre resalta la impunidad, sin tener en cuenta la de el claro esta.
Indignante que, quienes están llamados a cumplir los Acuerdos para preservar la Paz como «un deber y un derecho», según la CPC, sean los peores enemigos de la JEP y de la implementción.
Qué se creen,que son dueños de los 8 millones de víctimas y de la mitad de los colombianos que no queremos el regreso de la funesta guerra?