Génesis de un Estado fallido

El Estado colombiano ha sido secuestrado por la corrupción, la politiquería y las mafias. No podía esperarse algo mejor en un país con varios presidentes y servidores públicos patrocinados por el crimen organizado.

La corrupción en la Justicia  colombiana es supremamente alta, nos ha llevado a ocupar el tercer lugar en impunidad judicial en el mundo. Incluso en el sistema penal oral acusatorio, la Fiscalía, no se salva de cuestionamientos, más exactamente quien la preside, Néstor Humberto Martínez: ¿Fiscal o politiquero?

¿Es Néstor Humberto el fiscal de bolsillo de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia —el poder real detrás del poder político— dueño del Grupo Aval, amigo y patrocinador de Germán Vargas Lleras; socio de Odebrecht a través de Corficolombiana, implicados en sobornos a funcionarios para la adjudicación de obras?

Todo indica que Germán Vargas es el político detrás del entramado de corrupción de Odebrecht. En calidad de Vicepresidente de Juan Manuel Santos firmó el otrosí, documento Conpes No. 3817, de la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de concesión de la Ruta del Sol II, en compañía del entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y entregó vías en concesión a su amigo y patrocinador, el banquero Sarmiento Angulo, quien se ha dedicado a construir obras con dineros de su fondo privado de pensiones, Porvenir, es decir, con el dinero de las pensiones de sus clientes.

Néstor Humberto, como apoderado de Coviandes y Corficolombiana del grupo Aval, le hizo ganar miles de millones a Sarmiento Angulo con las concesiones: Ruta del Sol II y El Tablón-Chirajara.

Martínez es cercano al uribismo y cuota política de Germán Vargas, de hecho, es uno de los fundadores del partido Cambio Radical. Los Magistrados amigos de Vargas Lleras en la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Leonidas Bustos del “cartel de la toga”, fueron quienes archivaron la investigación en contra de Vargas sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo, ellos nombraron a Néstor Humberto como Fiscal y este, a su vez, nombró al extraditado y corrupto exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien también tuvo que ver en el caso Odebrecht-AVAL, a petición también de Vargas Lleras.

Las actuaciones del Fiscal han sido muy dudosas, se ha dedicado a lanzar cortinas de humo para tapar su propia corrupción y la de sus amigos, copartidarios y exclientes, y a atacar a sus contradictores políticos y al acuerdo de paz.

Néstor Humberto, exasesor jurídico de Corficolombiana, estaba enterado de los graves casos de corrupción que se estaban presentando en el contrato de la Ruta del Sol II. Jorge Pizano, quien fuera el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol, le entregó al Fiscal pruebas sobre las coimas pagadas por Odebrecht y Corficolombiana, en las cuales aparece involucrado Cambio Radical, con conocimiento de Sarmiento Angulo, su respuesta fue acusar a Pizano.

Después de las denuncias de Pizano, quedan dudas sobre su muerte ¿los envenenaron a él y a su hijo con cianuro? Ante las denuncias del Sindicato de Medicina Legal, el entonces director Carlos Valdés, reconoció un error en las pruebas forenses practicadas al cuerpo de Jorge Pizano y presentó su renuncia al cargo. Todo indica que, actualmente, el exdirector de Medicina Legal sería el asesor del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Sumado a lo anterior, el fiscal Martínez ha mantenido en su cargo a Enrique Peñalosa, cuando es de conocimiento público que habría cometido el delito de falsedad ideológica en documento público, consignando estudios inexistentes en su hoja de vida de la función pública.

Un falso doctorado de un vendedor de buses empeñado en feriar lo público y disminuir la inversión social para invertir en TransMilenio, con ayuda de concejales de dudosa reputación, muchos de ellos implicados en el carrusel de contratos, y con complicidad de entes de control, del Gobierno Nacional, de empresarios y sus medios de comunicación. ¿Alcalde o negociante?

Se cree también que Peñalosa fue quien trajo a los hermanos Nule a Bogotá. Leer Peñalosa y sus vínculos con la corrupción.

¿Néstor Humberto se hace el de la vista gorda ante las denuncias que han hecho testigos de Odebrecht-AVAL y ante los señalamientos de ciudadanos barranquilleros sobre el carrusel de contratos del Clan de los Char, sus amigos y copartidarios de Cambio Radical? Fuad Char y su familia son quienes dan los avales de Cambio Radical para sus candidatos en la Costa Atlántica. Leer Los nexos de Vargas Lleras con la corrupción.

Por otro lado, el poder legislativo no escapa a la corrupción. El Congreso de la República está presidido por Ernesto Macías, un uribista señalado de haber entrado a la universidad en los años 80 sin haberse graduado del bachillerato, que vino a terminar a finales de los años 90.

Gran parte del Congreso lo conforman corruptos que solo defienden los intereses de sus patrocinadores, su corrupción y la de ellos mismos. Allí, donde una gran parte está conformada por parapolíticos o sus herederos, no se respetan los derechos de la oposición.

Así fue el show en el Congreso para torpedear el debate sobre los sobornos de Odebrecht-AVAL: alocución televisada del Presidente Iván Duque en medio del debate. Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó un video editado y manipulado para desviar el debate. Por su parte, Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, fue el payaso distractor. A pesar de que Iván Cepeda acortó su tiempo, terminaron el debate y levantaron la sesión impidiendo el derecho a réplica de los senadores Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano.

Igualmente, nuestro obsoleto y corrupto sistema electoral está hecho a la medida de la clase politiquera y corrupta, que se mantiene en el poder a punta de fraude electoral y ello ha sido una de las causas principales de la guerra que ha desangrado el país. El M-19 nació como protesta ciudadana al robo de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, y en rechazo al Frente Nacional y el Estado de sitio.

Es muy oportuno este análisis de Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, en el cual explica cómo funciona una empresa criminal, dentro de la Registraduría, para robar las elecciones en Colombia. Así se roban las elecciones en Colombia.

De la misma manera, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en complicidad con la Fiscalía, precluyó las investigaciones a los candidatos presidenciales implicados en los sobornos de Odebrecht-AVAL; no permitió la revocatoria de Peñalosa; permite el fraude electoral y el robo de curules, mientras niega la personería a Colombia Humana, un movimiento político con más de ocho millones de votos, dejándolo sin los derechos del Estatuto de la Oposición; tienen demandadas sus curules; tienen embargado su salario como Senador y, en complicidad con entes de Control, quisieron embargar la reposición de los gastos electorales del movimiento liderado por Gustavo Petro, con el aval de la Corte Constitucional.

Juan Carlos Granados, a pesar de que no tenía experiencia en control fiscal y de haber obtenido uno de los puntajes más bajos (54.2 puntos), quedando en el puesto 37 de los 43 que aprobaron el examen de la Universidad Nacional, fue elegido como Contralor de Bogotá gracias al respaldo de Germán Vargas Lleras.

Desde octubre de 2017, la Contraloría General le abrió a Granados una investigación por irregularidades en la entrega de kits escolares cuando fue Gobernador de Boyacá. Luego, la Procuraduría le abrió dos indagaciones preliminares. Una de ellas por una presunta nómina paralela en la Contraloría Distrital que involucraría a Yara Malo, hija del magistrado Gustavo Malo del “cartel de la toga”.

El otro proceso contra Juan Carlos Granados se da por las declaraciones de Federico Gaviria, testigo del caso Odebrecht-AVAL, quien le dijo a la Fiscalía que Granados recibió dineros de la corrupta multinacional brasileña, caso este que la Fiscalía de Néstor Humberto ha estado dilatando, esperando que le imponga multas impagables a Gustavo Petro por bajar las tarifas de TransMilenio y por cambiar el esquema de basuras, buscando con ello su muerte política.

Petro ha sufrido la más cruel y despiadada persecución del Estado colombiano, violando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en busca de su eliminación política, social y económica, por pensar diferente y actuar en contravía de los intereses del establecimiento y de quienes mantienen El Poder a toda costa.

Gobierno de Duque: ‘Guerra e impuestos’

La Agenda Pública del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez está enmarcada en Venezuela. En nombre de la defensa de la democracia promueven descaradamente, en compañía de medios de comunicación a su servicio, un golpe de Estado en el vecino país, o en su defecto, en nombre de la paz y de la libertad quieren convertir a Colombia en la plataforma de una guerra internacional.

El gobierno de Duque, anteponiendo los intereses de Estados Unidos, país interesado en el petróleo y demás recursos naturales, sobre los de Colombia, quiere llevar a nuestro país a una guerra con Venezuela, so pretexto de una «intervención humanitaria», permitiendo así el bombardeo desde las bases gringas ubicadas en nuestro territorio, las cuales fueron autorizadas por el gobierno de Álvaro Uribe y, que gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática, los funcionarios de Estados Unidos gozan de total impunidad a pesar de que existen abundantes pruebas de violencia sexual en nuestro país. Soldados de EE. UU. vendieron videos de 54 niñas a las que violaron en Colombia.

También hay que tener en cuenta que Juan Manuel Santos formalizó el 31 de mayo de 2018 en Bruselas, Bélgica, el acceso de Colombia como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), considerado por muchos “el brazo armado del imperio estadounidense para dominar el mundo”, hecho que podría abrir las puertas a la presencia de fuerzas militares del organismo en la región.

Para entender mejor lo que pasa en la compleja frontera colombo-venezolana es importante revisar lo ocurrido allí: en Venezuela vivían 5 millones 600 mil colombianos, la mayoría de ellos nacionalizados, unos desplazados por la violencia y otros porque en nuestro país no encontraban oportunidades.

La mayoría de los colombianos que viven en el vecino país están radicados allí desde hace varios años y tienen acceso a todos los programas sociales: bono de alimentación, salud, educación y acceso a los programas de vivienda gratis. ¿Por qué los colombianos quieren ir a Venezuela?

La caída internacional de los precios del petróleo significó para Venezuela un fuerte golpe, pues su economía ha sido dependiente de la renta petrolera durante décadas, además de tener que soportar las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, el contrabando, el “bachaqueo” y la corrupción, el gobierno del vecino país comenzó a tener problemas para sostener un presupuesto en inversión social promedio del 75% anual.

Con todos estos factores, sumado al ataque a la moneda a través de casas de cambio ilegales en la frontera, la constante emisión de moneda por parte del gobierno y los altos aumentos salariales, se crea una inflación prácticamente incontrolable.

Por lo anterior, el gobierno de Venezuela comenzó a tomar medidas como la creación de la llamada “Tarjeta de la Patria” para acceder a los beneficios sociales, con lo cual muchos colombianos indocumentados, o que no habían legalizado su situación, se ven abocados a regresar a Colombia. De hecho, muchos de los venezolanos que están llegando a nuestro país son hijos de colombianos nacidos allá. Según cifras de ACNUR y Migración Colombia, 935 mil 593 venezolanos se encuentran en Colombia.

No obstante, Colombia también tuvo su bonanza petrolera, pero ese dinero, literalmente, se lo robaron en corrupción en casos tales como el de Odebrecht-AVAL, Ruta del Sol II, modernización de la refinería de Cartagena-Reficar, dragado para la navegabilidad del río Magdalena-Navelena, Túnel de la Línea, Puente Chirajara, Hidroituango, Agro Ingreso Seguro (AIS), entre otros.

Para entender mejor lo sucedido es necesario repasar algunos hechos de corrupción sobre el Carrusel Nacional de Contratos.

En el caso de Hidroituango: «Todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido». ¿El comienzo del fin de un proyecto fallido?

En julio de 2010, Uribe inició el proyecto Hidroituango, primero como gobernador y después como presidente fue el impulsor de la obra, al lado de los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=nYZAOoiuap4

«Es una responsabilidad política que nosotros asumimos» dijo el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, acompañado del gerente de EPM y el IDEA hablando del proyecto Hidroeléctrica Ituango en Teleantioquia, en 2013.

En Hidroituango, construida en el sitio menos recomendado por expertos, hubo deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría. Acelerando la obra sin estudios de factibilidad suficientes, ¿los responsables de la catástrofe ecológica y financiera querían tapar las más de 50 fosas de masacres perpetradas en la zona, por el “Clan Castaño” y los “Doce Apóstoles”, entre otros?  Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=sABleD9m8-s&t=34s

En virtud a lo anterior, el Estado colombiano ha sido convertido en un Estado corrupto, en el que los débiles pilares en los que sostiene la democracia se derrumban, llegando a una tiranía.

Las cifras así lo demuestran: el país con más desplazados en el mundo, el país con más asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo, el número de desaparecidos supera 4 veces a la dictadura Argentina, el exterminio por hambre más grande del mundo ocurre en La Guajira, el 54 % de la tierra está en manos del 1.5 % de la población, el segundo país con mayor pobreza extrema en Latinoamérica, el 75% del trabajo es informal y solo el 10 % accede a una pensión, contamos con el segundo salario mínimo más bajo de América del sur, el país sudamericano que menos invierte en educación, el sexto país más ignorante del mundo, el tercer país más desigual del mundo.

En Colombia, lamentablemente, hemos sido gobernados, durante un poco más de 200 años, por una oligarquía cavernaria, fascista, corrupta y violenta, que ha entregado los recursos naturales a las multinacionales, ha permitido la concentración de la tierra en pocas manos, ha cerrado los caminos de participación política y ha permitido la violación sistemática de los derechos humanos.

¿Por qué el Estado colombiano prefiere asesinar a sus campesinos antes de solucionar sus mínimas necesidades para tener una vida digna? Del Paro Nororiental a la masacre de Tumaco. Los campesinos han venido pidiendo carreteras y carreteables para poder sacar sus productos, agua potable, escuelas, puestos de salud y electrificación rural, para que sea rentable la sustitución de cultivos ilegales.

Cuando un gobierno reconoce que no puede garantizar la vida de sus ciudadanos pasa la línea delgada de la tiranía al Estado fallido.

Es importante tener en cuenta que el asesinato de líderes sociales en Colombia ha sido sistemático y con la llegada del gobierno de Iván Duque se incrementaron cerca de un 50% y se reactivaron las masacres paramilitares.

Ante esta catástrofe humanitaria el presidente Duque solo atina a decir que “no puede garantizar la seguridad de todos los activistas”, al mismo tiempo que elimina la Alta Consejería para el Posconflicto y nombra como director de Memoria Histórica a Darío Acevedo, quien asegura que “El conflicto armado no puede convertirse en verdad oficial”.

Desde su llegada al poder, el gobierno de Iván Duque ha tratado de llevar al país por los caminos de la guerra, tanto nacional como internacionalmente. En el momento en que Duque se encontraba en el más bajo nivel de popularidad ocurre el sospechoso atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía.

Aunque el ELN se lo haya adjudicado, era la excusa perfecta para romper el proceso de paz con ese grupo armado y desconocer los protocolos internacionales. El ministro alemán de exteriores le advirtió a la Cancillería colombiana que desconocer los protocolos de final de diálogo con el ELN le dañaría la confianza de futuros diálogos.

En nuestro país se han utilizado las embajadas y los consulados como refugio de delincuentes, causa principal del descalabro de nuestra representación diplomática que promueve la injerencia en asuntos internos de otros países.

A pesar de las críticas del uribismo por los nombramientos en el exterior del gobierno Santos, la administración Duque continuó ignorando la fila de los funcionarios de carrera y premiando a sus aliados y amigos con embajadas, varios de ellos con nexos con la corrupción y el narcoparamilitarismo. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=WA2zvMSj4fA

Por otro lado, todo indica que hay un montaje contra Santrich para torpedear el proceso de paz y un saboteo vergonzoso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte del Estado colombiano.

El abogado ante el Consejo de Estado, Alirio Uribe Muñoz, señaló que “en el vídeo, que se ha presentado como prueba, aparece Santrich dialogando con agentes de la DEA y no con integrantes de cárteles mexicanos como se ha dicho”, según la acusación que sustentó la misma solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=kprX08nvCEk

Sin embargo, la Fiscalía insiste en bombardear a la Justicia Especial para la Paz. Néstor Humberto, buscando justificar su pedido a Iván Duque de objetar la Ley Estatutaria de la JEP,  muestra un video, ¿un burdo montaje, un “falso positivo”? Un condenado por parapolítica ayudando a un exguerrillero el mismo día en que la justicia de EE. UU. dice que no entregará pruebas que sustenten la solicitud de extradición de Jesús Santrich y que el Consejo de Estado mantiene la curul del amnistiado exguerrillero.

No siendo menos importante, en Colombia siempre ha existido censura a la información. Bajo el pretexto de la regulación de la información los gobiernos de turno han censurado a los periodistas incómodos para el sistema.

En el actual gobierno se ha incrementado sustancialmente esta lesiva práctica contra el derecho a la información y, ahora, pretenden también censurar las redes sociales y asegurar que el espectro electromagnético quede en manos de unos pocos, como ha sido siempre, a través de la Ley TIC a la que numerosos colectivos ciudadanos se han opuesto.

Es imposible dejar de lado la tributación: los partidos de gobierno aprobaron en bloque, a pupitrazo limpio, la reforma tributaria que baja los impuestos a los ricos y se los carga a la clase media y a los más pobres, en un país donde la corrupción se queda con 50 billones al año. Una reforma tributaria, que maquillaron usando un hábil eufemismo, Ley de Financiamiento, llena de «micos” y vicios de forma que la mayoría de congresistas ni siquiera alcanzó a leer, por tanto, no saben en su totalidad qué fue aprobado.

El hueco fiscal del país para 2019 es de 14 billones de pesos, con la reforma tributaria el gobierno espera recoger 7.9 billones, pero dicha reforma amplía las exenciones tributarias a los ricos en 10 billones, aumentando sustancialmente el déficit fiscal, motivo por el cual el gobierno se verá obligado a tramitar una nueva reforma tributaria a más tardar en dos años. A esto hay que sumarle que en los próximos meses el gobierno debe tramitar la reforma pensional, laboral y la eliminación gradual de todos los subsidios.

En resumen, el gobierno de Iván Duque trata de imponer un poder totalitario, una tiranía donde los victimarios y sus cómplices matan a la Constitución y a las leyes, matan a la justicia, matan a los testigos, matan a los líderes y a los procesos sociales; exterminan la democracia participativa, al limitar la Corte Constitucional las consultas populares; quieren matar la memoria histórica, la verdad y el derecho a la paz de los colombianos, llevándonos al borde de un Estado fallido.

“Colombia necesita una educación para la paz», decía Gabriel García Márquez, Colombia necesita educación gratuita y de calidad, medios de comunicación para informar, educar y fomentar la cultura; más política social y menos política criminal; más políticos honestos con buena formación, y menos títulos falsos, que no lleguen a robar para devolverle favores a sus financiadores y para volver a comprar las próximas elecciones.

Foto cortesía de: El Expediente