Hay quienes dicen que nuestro paso por la vida tiene que ver con el aprendizaje, y que, de todas las personas que nos rodean «buenas o malas», algo debemos aprender. Creo que en Colombia nada hemos aprendido, seguimos teniendo los mismos problemas, quizá empeorados, pero insistimos en «buscar el ahogado río arriba» o «vender el sofá», tratando de resolverlos.
Por execrable que sean los crímenes que a diario se registran, tanto más cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, la venganza no puede ser la solución. Acaso somos incapaces de comprender que la violencia nada ha resuelto. Que desde que nos conocemos como república y desde antes, lo único que hemos sabido hacer es matarnos unos a otros, para después intentar justificar el homicidio como si de verdad hubiese algo distinto a la legítima defensa que lo justificase ¿De dónde creen ustedes que vienen todos los feminicidas, abusadores, controladores, inseguros y maltratadores? De nosotros mismos, de la sociedad que insistimos en ser y mantener, como si examinar otras posibilidades fuera tan malo.
Lo de Sarita, lo de Juliana, lo de todos los niños, niñas y adolescentes que cada día son víctima de violencia en Colombia, merece todo nuestro repudio, pero como lo dije en una columna anterior, detener la fábrica de víctimas pasa por un esfuerzo mayor de familia, sociedad y Estado, para proteger de manera efectiva a nuestra infancia.
Al proponer un castigo más drástico no se está pensando en evitar un nuevo delito, solo estamos tratando de evitar que se quede impune, y con un sistema judicial como el nuestro, sin suficientes jueces, fiscales, defensores de infancia, trabajadores sociales y psicólogos, y sin cárceles, todos los delitos corren el riesgo de quedar impunes, y lo que es peor, muchos inocentes corren el riesgo de ir a parar a esas mazmorras que aquí llamamos centros penitenciarios.
La Directora Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, antes de proponer Cadena perpetua para los abusadores, debería repensar un modelo de Bienestar Familiar que sea creíble, confiable, bueno y protector para la infancia.
Si el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas no le da los recursos necesarios para atender la Infancia, que renuncie a su cargo y desnude la política del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que solo aplica en titulares de prensa.
Saben ustedes ¿cuántos casos de niños, niñas y adolescentes llegan a instituciones como el Hospital Universitario del Valle, con indicios de maltrato? Muchos, demasiados. Niños que no han sido registrados, es decir no tienen derecho a un nombre y un apellido; niños desnutridos; golpeados, quemados con líquidos calientes porque son dejados solos o al cuidado de otros niños, abusados, y lo peor de todo, mal queridos, no deseados.
El personal de Servicio Social reclama a gritos que funcionarios del ICBF hagan parte de su área las 24 horas del día y de la noche, para que de manera inmediata se inicie las investigación del caso y la protección efectiva de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Generalmente los responsables del cuidado de esta infancia, al conocer que su caso pasará al ICBF, agrede a los trabajadores del HUV y se lleva a los niños con rumbo desconocido.
Imagen cortesía de: teleSUR
Endurecer las penas no es la solución. Estados Unidos un país occidental en el que se aplica pena de muerte y cadena perpetua no ha logrado reducir sus cifras de criminalidad y la razón es simple: nuestros modelos de exclusión son caldo de cultivo para seres humanos que rápidamente pierden la humanidad por cuenta de la pobreza, pero sobre todo del desamor en los hogares a los que llegan.
La semana pasada en Cali 10 hombres fueron capturados por haber abusado de un sobrino o sobrina; de la nieta; de la hija, del hijastro, incluso el hijo de una cuidadora responsable de las víctimas, era quien abusaba a las niñas y las obligaba a conseguir nuevas víctimas. Diez casos aislados, y un común denominador, eran parientes, personas de confianza para el entorno de las víctimas. Los hogares pobres son los más susceptibles de este tipo de agresiones; las mujeres solas y trabajadores necesitan un mayor apoyo para el cuidado y crianza de sus hijos, deben elegir entre trabajar y dejar solos a sus hijos o quedarse en casa y morir de hambre con ellos. Ellas necesitan el apoyo del Estado.
Si el Estado no puede apoyar a las mujeres cabeza de familia, entonces no más trabas al aborto, dejen que cada mujer decida libremente si puede o no ser responsable de la vida que por accidente y sin ser deseado se gesta en su vientre. La doble moral nos lleva a defender la vida dentro del vientre pero guardamos silencio por el abandono fuera de él.
Si los agresores temieran la muerte no intentarían suicidarse cuando perpetran sus actos de odio y enfermedad; a las mujeres, a la infancia, hay que protegerlas de manera efectiva y preventiva, pero para ello el Estado debe fortalecerse institucionalmente, de otra manera estamos alentando debates inútiles que nada resolverán.
Evitar que nuestra infancia siga siendo vulnerada, tiene mucho que ver con dos cosas: la primera, ir a las urnas en 2018, acabar con el abstencionismo y ser responsables de nuestro destino; la segunda es ir a las urnas con clara conciencia de que lo que hemos tenido en los años en que hemos funcionado como República, no nos ha servido, que queremos un modelo de libertad pero sobre todo de justicia social y de respeto por las ideas contrarias, es decir, una verdadera democracia, porque eso en Colombia, nunca lo hemos tenido.
