Entrega previa: El síndrome del enemigo interno
Antes de conocerse el comunicado con el que el ELN se atribuye la responsabilidad del atentado dinamitero contra las instalaciones policiales, el Gobierno de Iván Duque Márquez, doblemente presionado, de un lado, por la dimensión del acto criminal y, del otro, por los sectores de poder militar, empresarial y político simpatizantes con la tesis negacionista del conflicto armado interno, decidió levantar las órdenes de captura y, por esa vía, poner fin a la mesa de diálogo que el Gobierno anterior dejó instalada en Cuba.
A la decisión presidencial se suma la petición al Gobierno de Cuba, para que capture y entregue a las autoridades nacionales a los miembros de la cúpula del ELN que hacen presencia en La Habana. Contrariando y desconociendo lo pactado por el Gobierno de Santos, en nombre del Estado colombiano, Duque insiste en que los hechos acaecidos en Bogotá obligan, moral y políticamente, al Gobierno cubano a cumplir con la captura y entrega de los líderes guerrilleros, lo que no solo va en contravía de lo pactado por el anterior Gobierno, sino que dejaría al Estado colombiano en una situación por lo menos incómoda ante el mundo, por el incumplimiento de los protocolos y las condiciones de seguridad que en su nombre se firmaron para adelantar las conversaciones de paz con el ELN en territorio extranjero.
Al cerrar la puerta a la negociación política, Duque vuelve a poner en riesgo la vida de las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas que sobreviven en los territorios en los que esa guerrilla hace presencia. Pero la responsabilidad por lo que suceda con esas comunidades no solo la debe asumir el Gobierno de Iván Duque y el conjunto del Estado, sino la propia dirigencia del ELN.
El atentado en Bogotá corresponde a una acción aleve y criminal que se produce en un momento histórico clave para el país, como quiera que se respiraba un ambiente de tranquilidad, a pesar por la crispación política y social provocada por las denuncias y los reclamos ciudadanos ante los actos de corrupción que comprometen al fiscal general de la Nación; igualmente, por las negativas representaciones sociales que se vienen construyendo en torno a la gestión y el talante del presidente de la República, llamado por varios sectores de opinión como el “subpresidente” de Uribe.
Podría decirse que desde la firma del Acuerdo Final con las Farc, venía generándose una creciente opinión pública cualificada para debatir sobre temas distintos a los que la agenda castrense tenía acostumbrados a los colombianos a discutir: ataques y tomas de pueblos por parte de las guerrillas, toma de rehenes y combates con la fuerza pública.
Con la acción criminal, el ELN rompió con un proceso importante de reconstrucción de una agenda política y de construcción de una ciudadanía cada vez más consciente de que los reales problemas del país pasan por el modelo económico neoliberal, la enorme, costosa y naturalizada corrupción (pública y privada) y el regreso al poder del ethos mafioso que operó en Colombia entre 2002 y 2010.
Además, con la muerte de una veintena de cadetes de la Policía, el ELN termina invalidando y debilitando al movimiento ciudadano que estaba intentando acorralar políticamente a un alfil importante del llamado “uribismo”: el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN). Es decir, al no medir las consecuencias que generaría y generará, en lo consecutivo, la explosión del carro bomba en la Escuela General Francisco de Paula Santander, el ELN termina “dándole” una mano a esa parte del Establecimiento que venía siendo cuestionada y acorralada por un conjunto variopinto de ciudadanos cansados de la corrupción política que se respira al interior del aparato de justicia, de la Fiscalía, en las altas cortes y dentro del propio Gobierno.
Así mismo, el ELN contribuye en gran medida a debilitar la discusión por la muerte sistemática de lideresas y líderes sociales, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos y reclamantes de tierras, en la medida en que quienes continúen presionando el esclarecimiento de esos hechos y las denuncias por la anuencia de instituciones del Estado en la comisión de los crímenes, serán vistos como “amigos de la guerrilla”, en el marco del “síndrome del enemigo interno” que hoy vuelve a imperar en el país.
El ELN “justifica” su accionar en contra de la Escuela de Cadetes, señalando lo siguiente:
“El Presidente no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año, su respuesta fue realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019.
Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese. También bombardeó un campamento nuestro el 25 de diciembre, lanzando más de 12 bombas de centenares de libras de explosivos cada una, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento.
La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social.
Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente. Valoramos necesario que instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada”.
Considero no solo desproporcionado el ataque contra los cadetes, sino cobarde en la medida en que se trataba de jóvenes desarmados. Y más aún, el ELN actuó bajo el innoble principio de la Ley del Talión[1]. Encontrar justificaciones en el derecho de la guerra, alejó a los miembros del COCE de la posibilidad de comprender el momento histórico por el que atravesaba el país.
Ni era el momento de atacar, ni la forma de hacerlo. Con todo y lo anterior, queda claro que mientras el ELN, el Gobierno y una parte del Establecimiento extrañen la presencia y la operación de un enemigo interno, la consolidación de una paz estable y duradera quedará en una simple ilusión. Ahora, por cuenta de las posturas radicales y obtusas de unos y otros, el país está de regreso a la tesis negacionista del conflicto armado interno. Y por esa vía, junto a la opinión pública, elenos, fuerzas militares, el “uribismo” y otros sectores de poder político y económico, vuelven a sufrir del “síndrome del enemigo interno”.
[1] Recuérdese lo ocurrido durante el proceso de paz entre el Gobierno de Santos y las Farc, el caso de los militares asesinados y la respuesta inmediata de las fuerzas militares. Véase.
