En el marco de las relaciones norte-sur, los Gobiernos de Colombia siempre han jugado el papel de país obsecuente y sumiso ante las imposiciones o “sugerencias” de los países del norte, en particular con los Estados Unidos. Es decir, históricamente hemos sobrellevado unas indignas relaciones de dominación, dadas las maneras como se manejan los asuntos internos y los superiores intereses del Estado colombiano.
Con los Estados Unidos, un importante socio comercial, los presidentes colombianos han actuado con enorme docilidad, a pesar de que algunos buscaron, en el multilateralismo, sacudirse un poco de la presión que diversos Gobiernos americanos ejercen sobre Colombia en materia comercial (cumplimiento de los compromisos con el TLC), de lucha contra el narcotráfico, el respeto a los DD.HH. y todo asunto que obviamente convenga a los intereses del gran país del Norte.
Con el regreso de Uribe al poder, en “los huesitos y las carnitas[1]” de Iván Duque Márquez, la mansedumbre[2] del primero frente a los intereses americanos es hoy el principio ético-político que guía y orienta la errática política internacional y la diplomacia del segundo.
A pesar de haber sido elegido presidente de la República, sectores amplios e importantes de la opinión pública concentrada en las grandes ciudades capitales, no reconocen a Iván Duque Márquez como tal. Por el contrario, parecen preguntarse lo mismo que en su momento la BBC News se preguntó a través del titular “Colombia’s new president Iván Duque: Puppet o rock star?”[3]
Por encima de esa negativa representación social, el presidente Duque continúa ejerciendo el poder presidencial, guiado, muy seguramente, por los resquemores y odios que desde siempre ha expresado Uribe Vélez alrededor del proceso de paz y, más aún, frente a lo acordado en Cuba.
Y de la misma manera como su mentor mantuvo su postura genuflexa frente a los norteamericanos, Duque no podía honrarlo de otra manera que manteniendo la histórica e indigna postura asumida por los gobernantes colombianos. Finalmente, para el actual mandatario de los colombianos, “Uribe sigue siendo su presidente eterno”.
En lo que va corrido del Gobierno de Duque son varios los hechos que dan cuenta y confirman la histórica sumisión de los mandatarios colombianos frente a los intereses norteamericanos.
El primero de estos tiene que ver con la política antidrogas y el compromiso de la actual administración de volver al uso del glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito. Duque viajó a los Estados Unidos a escuchar los reclamos del presidente Trump, quien después, tempranamente, evaluaría muy mal los esfuerzos de su Gobierno en esa materia.
Es allí donde nace y se ancla la presión indebida que viene ejerciendo el Gobierno americano con el retiro de las visas a magistrados de las altas Cortes que deberán o han tomado decisiones sobre asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico (incluye, por supuesto, el espinoso asunto de la extradición).
Visa USA
El país sabe que el Estado colombiano, en el marco de lo acordado en La Habana entre el Gobierno de Santos y las antiguas Farc-Ep, firmado en el teatro Colón de Bogotá, ratificado en el Congreso después del malogrado plebiscito por la paz (2016) y avalado por la Corte Constitucional, asumió el compromiso de enfrentar la problemática de los cultivos de uso ilícito a través de la sustitución manual y una política agraria de claro beneficio para el campesinado, que hoy cultiva coca para poder sobrevivir.
El conflicto de intereses estaba, entonces, planteado. No asperjar los campos con glifosato, a pesar de las dudas científicas que circulan en torno a sus efectos en la salud humana y en los ecosistemas, no parece ser una opción aceptable para los Estados Unidos, país acostumbrado a imponer su agenda antidrogas a Colombia, por ser este uno de los principales cultivadores de coca y proveedor de base de narcóticos.
El apoyo que al proceso de paz brindó el entonces presidente Obama, contrasta con la política hostil del Gobierno de Trump frente a lo acordado en La Habana.
Postura que, por supuesto, está alineada con la asumida por Iván Duque Márquez, quien intentó ocultar su oposición al Acuerdo Final II, con frases como “ni trizas, ni risas”, que hacía alusión a su clara indisposición frente al modelo de justicia transicional adoptado en la negociación política adelantada entre el Estado y las Farc-Ep.
Su animadversión contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en general, contra todo lo que el Acuerdo Final le exige y le obliga a cumplir como jefe de Estado, quedó demostrada el día en que, a través de una alocución, dio a conocer seis objeciones al proyecto de Ley Estatutaria (PLE) de la JEP, con las que buscó minar la confianza de los guerrilleros en el Estado y hacer trizas el Acuerdo Final, desconociendo las ya avaladas conexidades entre los delitos sexuales y el narcotráfico y las dinámicas del conflicto armado interno.
Expuestas públicamente las objeciones al PLE, a pesar de que se había comprometido a no hacerlo, según el diario El Colombiano, [4] Duque Márquez se alineaba de esta manera con los intereses del Gobierno de Trump. Este último, entonces, daría un paso definitivo: presionar a los magistrados de la Corte Constitucional (CC) que deberán tomar una decisión en torno a si autorizan o no el uso del herbicida para atacar a los cultivos de coca que crecen en varias zonas del país. Y una forma de ejercer presión es el retiro de las visas para entrar a territorio norteamericano.
Se trata de una especie de nueva condena moral, que hace aparecer como indignos a aquellos ciudadanos del mundo que por una decisión que, aunque discrecional, viene claramente cargada de una intención de presionar o castigar a quienes osen tomar decisiones, judiciales en este caso, claramente opuestas a los intereses norteamericanos.
En todo ese asunto del retiro de las visas a magistrados de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia (CSJ) [5] que deberán tomar decisiones en torno a la aplicación del glifosato y la ya tomada por el magistrado de Eyder Patiño en el caso de un indígena que, pedido en extradición, esta fue negada bajo el criterio de que ya había sido juzgado por la jurisdicción indígena, queda claro que una parte del Régimen colombiano, esto es, la Justicia, recibe el mismo tratamiento hostil que los EE. UU. vienen haciendo contra miembros del régimen de Maduro Moros.
En esa línea, para el Gobierno de Donald Trump, los magistrados de las altas Cortes son vistos como “enemigos”, de allí que el primer paso para atacarlos, por lo menos “moralmente”, sea retirándoles los visados [6]. Pero lo que más llama la atención es el silencio del Gobierno de Duque, quien ha servido de punta de lanza para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, con la anuencia de los miembros del Grupo de Lima.
Una prueba más, de la docilidad de un mandatario colombiano que, a pesar de la evidencia, guarda silencio frente a la intromisión en asuntos internos, por parte de los Estados Unidos.
Resulta a todas luces inconveniente que el país del norte, con la complacencia de Iván Duque en su calidad de jefe de Estado, eleve al estatus de “enemigos de los Estados Unidos” a altos operadores judiciales que hacen parte del aparato de justicia colombiano.
Esa intromisión no solo debe asumirse como una presión indebida en las funciones autónomas y soberanas de la justicia colombiana, sino como una intromisión en asuntos del Estado colombiano.
La postura hostil de los EE. UU., a través de su embajador Kevin Whitaker, guarda estrecha relación con la intención manifiesta de Uribe, del llamado “uribismo” y del Centro Democrático (CD), de romper el equilibrio de poderes y por ese camino generar una crisis institucional que los lleve a imponer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), única salida que les queda para intentar retirarle el carácter constitucional al Acuerdo Final II.
Hay que decir entonces que tan inaceptables son las presiones de los EE. UU. a las altas Cortes, como inadmisible el silencio[7] cómplice del Gobierno de Iván Duque. Y huelga indicar que el retiro de los visados a los magistrados debe entenderse y asumirse como una abierta negación del Gobierno estadounidense a lo acordado en La Habana y, por lo tanto, la construcción de una paz estable y duradera, en adelante y mientras se mantenga en el poder Donald Trump, no contará el beneplácito de la hostil potencia.
Adenda: al cierre de esta columna, el Gobierno de Iván Duque no se había pronunciado sobre el retiro o cancelación de las visas.
[1] Expresión que la volvió popular el propio Uribe cuando mandó —no gobernó— en Colombia entre 2002- 2010.
[2] Mansedumbre que bien se puede explicar por la información que las agencias de investigación criminal de los Estados Unidos han recolectado de tiempo atrás del señor Álvaro Uribe Vélez, catalogado en su momento, por el Consejo de Estado de los EE. UU., como el Narcotraficante número 82.
Véanse: Artículo A – Artículo B -Consulta: 11/05/2019. Docilidad que contrasta con el recio carácter y la violencia física y verbal con la que suele referirse a sus detractores, a quienes ha catalogado como “sicarios morales, guerrilleros vestidos de civil y amigos del terrorismo”.
[3] Véase: A partir del 0,40 al minuto 1,30.
[4] Véase: “Al tiempo que se consultó al diario El Colombiano, se hizo lo mismo con los portales de Semana y El Espectador. En ambos no se registraba la versión ya publicada por el periódico regional antioqueño. A las 2 y siete minutos de la tarde del lunes 18 de febrero, los portales de Semana, El Espectador y de El País de Cali, no registraban el hecho noticioso que El Colombiano de manera temprana ya había alojado en su portal web”.
[5] El rechazo de las altas cortes, incluida la JEP, no se hizo esperar.
[6] La cancelación de las visas o de los visados de entrada a los Estados Unidos adquieren importancia no solo por motivos turísticos, familiares que residen o estudian en ese país, sino por cuestiones de inversiones en bienes raíces y demás. Es decir, el retiro de los visados es una herramienta de persecución económica a la que apelan los EE. UU. para golpear a sus “enemigos”.
[7] No se puede descartar que en el episodio de las recientes interceptaciones a los teléfonos de varios magistrados estén detrás organismos de seguridad de los Estados Unidos que suelen contar con el apoyo de sus homólogos colombianos. Recuérdese que la Fiscalía colombiana sabía de las interceptaciones, pero solo lo informó cuando los magistrados solicitaron, al propio organismo, si adelantaba alguna operación en ese sentido. El organismo de investigación de Colombia explicó que “detrás de las interceptaciones ilegales estaba una empresa criminal”. Y no se puede olvidar que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez es un declarado enemigo de la JEP y del proceso de paz.
Foto cortesía de: EL Tiempo
