Autor: Hernando Bonilla Gómez
En entrevista con Cecilia Orozco, publicada en el periódico El Espectador el pasado domingo, el analista Ariel Ávila indica que en nuestro país el remonte de la violencia es producto de un despertar político de los colombianos y que la repolitización del país conlleva un incremento de este fenómeno, en época electoral, por competencia, para callar a los rivales.
Y es que la política en Colombia ha cambiado, sustancialmente, con ocasión de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. La lucha por la paz, como nuevo propósito de una gran parte de los colombianos, ha acentuado los movimientos sociales con nuevos líderes, como era de esperarse en el posconflicto, que pretenden reivindicar derechos de sectores de la población históricamente marginados y discriminados, la defensa de la naturaleza, la recuperación de las tierras, el reconocimiento de las víctimas, la verdad del conflicto, etc.
Pero el propósito de cambio siempre genera una tensión social y la consecuente reacción de otro sector del colectivo que defiende el modelo de país conservador, tradicional, anacrónico, que no tiene ningún interés en superar, de manera progresiva, las brechas de desigualdad sino mantener el statuto quo.
Mucho menos perder privilegios, estatus, poder político o permitir que se conozca la verdad de su participación e intervención en el conflicto armado interno, despojo de tierras, desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, etc. A este sector de la sociedad pertenece el Gobierno nacional y el partido de gobierno, lo que explica la falta de voluntad del presidente y su gabinete en la implementación integral del Acuerdo Final II, a pesar de tratarse de un acto que compromete al Estado.
El Gobierno, como representante del Estado, se encuentra en deuda con puntos cruciales de la implementación. Entre otros: [1]
- La reforma rural integral (Nada de catastro multipropósito ni nueva ley de tierras –no se cumple con el fondo de tierras-).
- Circunscripciones especiales de paz (hacen parte del componente de participación en política). No se han creado.
- Proyecto de reforma política. El presentado no corresponde a lo acordado.
- Normas relacionadas con las garantías y promoción de la participación ciudadana y la protesta social. No hay.
- Programa de sustitución de cultivos. Se optó por una política de erradicación forzada.
Y la falta de disposición para cumplir, no solo se ve reflejada en los reiterados ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendientes a su desmonte o inoperancia, sino en el proyecto de presupuesto que, para la vigencia 2020, reduce los recursos para la realización de los objetivos acordados.
Ahora bien, como con lo pactado entre el Estado y las FARC no solo se pretendía la dejación de armas y la reincorporación de los miembros de la guerrilla desmovilizada, sino también una profunda transformación institucional para contribuir a la solución de las causas históricas de la violencia y del conflicto armado en Colombia, e impulsar la presencia y acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, entre otros aspectos, puntos del acuerdo que no se quieren tocar, es evidente la responsabilidad del Gobierno de turno en la reacción social contra lo acordado, por su falta de disposición para la implementación, que es una de las causas del recrudecimiento de los índices de violencia en nuestro país.
Según INDEPAZ, solo este año han sido asesinados 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y de acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, desde que se dio inicio al calendario electoral, 27 de octubre de 2018, se han registrado 364 ataques a líderes políticos, incluidos 91 asesinatos, principalmente en los departamentos donde hacía presencia la extinta guerrilla de las FARC. Sobre este punto, según el mapa de riesgo de la Procuraduría General de la Nación, las zonas más vulnerables o de peligro electoral, con ocasión de las elecciones regionales, son las del posconflicto.[2]
No queda duda entonces de que una de las causas más importantes de ese crecimiento de la violencia en Colombia es la falta de implementación del Acuerdo Final.
Si las zonas de mayor riesgo corresponden a aquellas que abandonaron las FARC con ocasión de la firma de los acuerdos, las que fueron rápidamente ocupadas por organizaciones criminales, disidencias, ELN y delincuencia común, se corrobora con ello no solo la ausencia de voluntad del Estado a que nos hemos venido refiriendo, sino su incapacidad para frenar el escalamiento del narcotráfico y para controlar y copar esas áreas geográficas.
Si a lo anterior se le suman los mensajes –subliminales- en tono de advertencia que envía el líder del Centro Democrático, tanto en sus discursos como en los tuits, “Hacen silencio o los callamos”, sorprende la “preocupación” que muestra ahora el Gobierno por la seguridad de los candidatos que participarán en las próximas elecciones regionales, cuando le corresponde, junto con el partido de gobierno y su presidente vitalicio, parte de la responsabilidad por el acrecentamiento de la violencia en la sociedad colombiana.
Jocoso además que el presidente de la República fije un término de 72 horas para garantizar la seguridad de los aspirantes que han solicitado protección del Estado, cuando la entidad encargada de ejecutar la prestación del servicio a las personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), según su director, carece de capacidad para soportar la demanda, se encuentra en emergencia y no tiene vehículos blindados para suministrar.
¡Este es el circo en que vivimos!
[1] Información obtenida del sexto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz –CINEP-CERAC. Junio de 2019.
[2] Información suministrada por Noticias Uno, emisión del sábado 14 de septiembre de 2019 de las 8:00 PM.
El gobierno debe utilizar los carros blindados con sus escoltas para los lideres comunitarios y suspenderlos a los senadores que nada hacen por el pueblo y por la patria.