Víctimas invisibles

En medio de un proceso como el que está viviendo el país tras el desarme de la guerrilla más antigua del continente, hay víctimas que siguen olvidadas. Pocos informes de memoria histórica o compendios de organizaciones de derechos humanos mencionan detalladamente sus casos: son las víctimas de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales.

Las personas que de forma cercana vivimos esta tragedia cargamos con el dolor de haber perdido un familiar de esta forma tan vil, con su nombre manchado al ser presentado como “guerrillero en combate” (algunas corporaciones también transcriben fielmente el reporte distorsionado de la fuerza pública), la estigmatización social al estilo “no estarían cogiendo café” está a la orden del día, porque en este país la sociedad logró ser dividida por el discurso bélico de políticos oportunistas.

Ignoran muchos que los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales no fueron hechos aislados. En Colombia hay miles de víctimas de este flagelo que no cuentan en los registros y cuyos casos son más conocidos por cortes internacionales que por la opinión pública en el país.

Los medios solo se enfocaron en un bando armado: la guerrilla; los paramilitares pasaron de agache y el Estado poco ha reconocido que también fue victimario y atentó contra personas indefensas que no pertenecían a ningún grupo insurgente.

Según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, solo entre 2002 y 2010 hubo al menos 3.512 casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. De las 21 tropas denunciadas por estos crímenes, la IV Brigada ocupaba el primer lugar, con 720 casos. Dentro de sus unidades, el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina llegó en 2006 a reportar 86 bajas que en un alto porcentaje resultaron ser homicidios y no muertes en combate.

Hace poco Human Rights Watch reveló una directiva que pretendían incinerar y hacía alusión a los resultados que exigían a soldados y a las respectivas condecoraciones que recibían si mostraban resultados en la lucha contra la guerrilla.

Según la instrucción proveniente de los más altos rangos de la institución castrense, las bajas se priorizaban por encima de las capturas. Fue así como empezó una práctica que en un momento sí fue sistemática, con la que hubo soldados que presentaban a cualquier civil como guerrillero para recibir vacaciones, dinero o escalar posiciones.

De acuerdo con la el Ministerio de Justicia, por estas acciones —que violan el Derecho Internacional Humanitario y de las que se tiene un consolidado registrado desde 1985 —, hay 1.242 sentencias condenatorias. La mayoría de ellas implican a soldados rasos y no a altos mandos, quienes direccionaban esta infame estrategia bélica.

Se calcula que, en 30 años, las ejecuciones extrajudiciales cobraron la vida de más de 5 mil personas que sin buscarlo terminaron sacrificadas en una guerra sucia.

Sus familias continuamos a la espera de un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en estos crímenes y garantías de que no se repitan más episodios siniestros en la historia del país.