Columnista:
Julián Escobar
Tras la masacre de 14 civiles que protestaban en todo el territorio colombiano en manos de la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia decidió intervenir y poner freno jurídico e institucional a las autoritarias medidas tomadas por el Ministerio de Defensa en contra del derecho de la protesta ciudadana.
El pasado, 23 de septiembre, tras una demanda interpuesta por un equipo de abogados penalistas e intelectuales académicos, la CSJ decide fallar a favor de dicha demanda en la que se buscaba cambiar las medidas de intervención militar por parte de la Policía Nacional y el uso de la violencia como forma de represión a la oposición.
A partir de este fallo, la Corte Suprema determinó que los hechos que agravaron la situación política y social del país por parte del Estado colombiano, era la prueba suficiente que permitía intervenir desde el poder judicial el rumbo institucional de la Policía Nacional convertida en este Gobierno uribista en una máquina de guerra.
En este sentido, el fallo se resume en tres aspectos que tienen como objetivo la reforma del uso de la Policía en la sociedad colombiana. El primero, y el caso más desacatado por el propio Ministerio de Defensa, se vio reflejado cuando la propia Corte le ordenó al minDefensa, Holmes Trujillo, disculparse públicamente con las víctimas asesinadas por los policías en las protestas registradas la semana pasada. Aspecto que el ministerio de la guerra no hizo, y apeló a la burla de los familiares de las víctimas asesinadas por el Estado colombiano sin generar ningún proceso de reconciliación.
En segunda instancia, la CSJ determino que el uso sistemático de la violencia por parte de los uniformados del ESMAD quedaba condenado por los evidentes registros en los que se muestra la vulneración de derechos humanos por parte de los Escuadrones Antidisturbios y su patética forma de intervenir las marchas a partir de la muerte y el caos en la ciudadanía.
En este sentido, la CSJ apela por una profunda reforma institucional de la Policía Nacional, en la que se busca un escenario pacifico en materia de transición del posconflicto colombiano, comprendiendo que papel fundamental del Estado es aseverar y garantizar la paz en el país, pero lo que vemos actualmente es todo lo contrario.
Sin embargo, como hemos observado desde el inicio de este nefasto Gobierno, Duque no ha hecho sino pisotear la independencia de poderes al aseverar que la decisión de la Corte Suprema arremetía en contra de las normas jurídicas «propuestas» diplomáticamente desde el poder ejecutivo en materia de derechos sobre la protesta. Es decir, que aquel fallo será posiblemente desacatado por el uribismo, ya que lo que orienta la política de este partido es el miedo y la no reconciliación.
¿Qué consecuencias podría acarrear todo esto? Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa no ha hecho más que burlarse de las familias víctimas del terrorismo de Estado cuando, por ejemplo, el pasado 24 de septiembre apareció en cadena nacional leyendo un comunicado de Gobierno que parecía más un pasquín promilitar en donde se justificó el accionar militar de la Policía nacional en contra de toda la ciudadanía Colombia, ya que supuestamente para él, hay infiltrados del ELN en las marchas ciudadanas. Algo ya desmentido por la guerrilla misma.
Y qué decir de la publicación en Twitter de minDefensa en el que se exaltaba el papel de los militares en este Gobierno, cuando horas antes, soldados de la Unidad Orgánica de la Tercera División le habían disparado en la cabeza a Juliana Giraldo en el departamento del Cauca.
En segunda medida, el recluso y jefe de partido de Gobierno, Álvaro Uribe, se la pasa vociferando mentiras en contra de la Corte Suprema señalando que esta entidad se encuentra infiltrada por el santismo y el partido político de las Farc; con todo esto, uno no deja de asombrarse de la existencia del uribismo, ya que es precisamente en la ignorancia y el miedo en el que se funda esta ideología negativa de la justicia.
Ahora, el uribismo se comporta como el chavismo en Venezuela. No solo asesina y reprime manifestantes sino que a través de los canales diplomáticos que permiten la reconciliación, se atreven a burlarse y vituperar la constitución colombiana atribuyendo al Estado un poder autoritario y sesgado totalmente.
Por otro lado, lo que ha hecho Duque paralelamente a la decisión de la CSJ, fue reforzar el ESMAD con una suma de cinco mil millones de pesos invertidos en armas de fuego, granadas aturdidoras y escudos policiales cuando la verdadera naturaleza de la sociedad colombiana amerita otro tipo de inversión.
El Centro Democrático por su lado se ha atrevido a difundir falsas noticias sobre aparentes intervenciones del ELN en las marchas ciudadanas, cuando sabemos muy bien que la letalidad y las muertes en estas manifestaciones sociales han sido inducidas por el Gobierno nacional, no por la ciudadanía.
Pero, qué esperamos de este partido de Gobierno si su jefe inmediato Álvaro Uribe Vélez históricamente ha chocado con las decisiones tomadas por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha defendido las banderas de la libertad y de la justicia a ciegas en Colombia. Recordemos que el ahora encarcelado exsenador Uribe quería reelegirse por tercera vez, como presidente de nuestro país, pero la CSJ se lo impidió ¿lo recuerdan?
La histórica lucha entre la Corte Suprema de Justicia y los gobiernos de Uribe son concretamente la lucha por la independencia de poder democráticamente articulado en el país y un proyecto retrogrado, autoritario y proto fascista que ha impuesto las lógicas del capital a toda costa.
Lo que se viene en materia política en Colombia es un nefasto panorama. Mientras los organismos internacionales le exigen a Duque velar y perpetuar los derechos humanos en Colombia, el país sigue siendo entregado a las mafias corporativas y plutocráticas que no quieren la reconciliación porque les da miedo la justicia.
Por cierto, ante todos estos acontecimientos en materia social, política y ambiental, el ministro de Defensa debería renunciar.
