Por fin la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos, en un caso en el que el exmandatario, según las pruebas legales recaudadas por la misma Corte, estaría presionando a testigos que han señalado que el político de Salgar tuvo o tiene vínculos con grupos paramilitares. Detrás del caso está un viejo y agrio enfrentamiento entre Uribe Vélez y el también senador Cepeda, señalado por el primero de manipular testigos procesados y condenados en cárceles estatales, para que señalaran a Uribe como colaborador de grupos paramilitares.
La cita para escuchar en indagatoria al político antioqueño se fijó para el 8 de octubre de 2019, después de un accidentado proceso que ya completa más de un año. Desde dilaciones provocadas por la defensa de Uribe, recusaciones a los magistrados, hasta llegar a la ilegal e inconveniente presencia de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quien siendo militar, asumió el caso, en el marco de la doble instancia aprobada en el Congreso de la República para los congresistas.
Así entonces, el llamado a indagatoria al senador Uribe se convierte en un hito político y jurídico en la medida en que sobre el expresidente pesan graves señalamientos sobre su participación, apoyo y colaboración con grupos paramilitares desde cuando fungió como gobernador de Antioquia. El exmandatario también ha sido señalado, de acuerdo con denuncias que son de público conocimiento, de tener responsabilidades con las masacres de La Granja y El Aro.
La citación a Uribe Vélez debe leerse como una acción judicial que coadyuva en muy buena medida a salvaguardar la honra, autonomía y la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, en particular, la de los seis magistrados de la Sala Especial de Instrucción, en donde reposa el caso por el cual el líder político deberá comparecer el 8 de octubre.
Independientemente del fallo que en su momento adopten los magistrados de la señalada Sala, el llamado a indagatoria a Uribe debe entenderse y asumirse como un hecho jurídico-político que beneficia a la institucionalidad estatal y, en particular, a la judicial, por cuanto no puede permitirse que haga carrera el imaginario colectivo que señala que Uribe Vélez es un “hombre y un político intocable por la justicia”. Y menos aún, en el marco de una justicia como la colombiana, que arrastra históricos problemas de legitimidad, eficiencia, eficacia y efectividad, que se expresan en altísimos niveles de impunidad, represamiento de procesos, amenazas a jueces y magistrados y acciones políticas conducentes a cooptarlos.
De esa manera, gana la institucionalidad judicial y se debilita aún más la imagen de Uribe no solo como el “hombre intocable”, sino como servidor público sin tacha, que el mismo senador insiste en autocalificarse, a pesar de los graves señalamientos que sobre él pesan alrededor de sus presuntas relaciones con grupos paramilitares.
Con todas las garantías procesales, el poderoso y temido político antioqueño está obligado, moral, ética y políticamente a respetar a los jueces, a la justicia en general, la misma a la que él siempre exigió resultados para procesar a guerrilleros capturados y a todos aquellos que, siendo sus enemigos y detractores, tuviesen cuentas pendientes con la justicia.
Igualmente, el presidente Duque está en la obligación constitucional, política, jurídica y ética, de respetar el llamado que la Corte Suprema de Justicia acaba de hacerle a su mentor. No puede caer el presidente de la República, presionado por los miembros del partido de gobierno, en acciones descalificadoras o en insinuaciones que pongan en duda la legitimidad y la legalidad del juicio jurídico en el que se soporta el llamado a indagatoria.
No asombra que periodistas afectos a Uribe y, miembros del Centro Democrático, señalen que el llamado a indagatoria tiene un tufillo electoral. Muy seguramente los magistrados de la Sala de Instrucción entendieron el genuino propósito de quienes participaron de la campaña en la red social Twitter, para que la Alta Corte indicara, por fin, la esperada fecha de indagatoria. Que coincida o no con el evento electoral, es, para el caso, meramente circunstancial, pues estamos hablando de un proceso que ya completa más de un año de dilaciones.
La coyuntura electoral no puede servir como argumento para descalificar el llamado a indagatoria al expresidente Uribe. Lo cierto es que no le caben más recursos al hijo de Salgar, salvo que, para el 8 de octubre, pida un aplazamiento por cuestiones de salud.
Esperamos total gallardía de sus abogados y del propio Uribe, al igual que respeto absoluto por el imperio de la ley. Por eso, quienes creemos en la justicia y exigimos un aparato judicial digno, autónomo e independiente, decimos ¡Por Fin!
