¿Uribe, Duque y Vargas Lleras buscan retroceder al espíritu conservador de la Constitución del 86?

Buscan que el país retroceda, mientras que la prensa afecta al Régimen con información que deslegitima las marchas y las movilizaciones.

Opina - Política

2018-11-13

¿Uribe, Duque y Vargas Lleras buscan retroceder al espíritu conservador de la Constitución del 86?

La protesta social y las movilizaciones de estudiantes y sindicatos, entre otros sectores, suelen dar cuenta de los graves problemas que enfrenta un Gobierno, un Estado y el Régimen que los sostiene, para darle manejo a las incertidumbres sociales, ganar legitimidad y, sobre todo, mantener los mecanismos democráticos necesarios para tramitar los conflictos y las diferencias, en especial cuando el descontento en amplios sectores sociales se explica y se justifica por medidas o ajustes económicos que afectan a las clases media y baja.

En las recientes movilizaciones de estudiantes y profesores por los problemas financieros que acusan las universidades estatales, es evidente que detrás de estas subsiste un enorme descontento social que, acumulado en el tiempo, exacerba los ánimos y de manera concomitante devela los débiles mecanismos democráticos a los que apela el gobierno de Duque para enfrentar el repertorio de acciones colectivas.

Las marchas multitudinarias tienen el doble propósito de confrontar al poder político, al Gobierno en particular y de abrir caminos para que otros sectores tomen conciencia y salgan a las calles a manifestar todo tipo de inconformidades.

Sobre los pasos de los marchantes, van formas de violencia simbólica a las que suelen responder los gobiernos sacando a la Fuerza Pública, para indicarles a quienes protestan, que allí está el talante coercitivo y represor del Estado.

Es decir, antes de cualquier disturbio, de antemano hay un choque de fuerzas simbólicas (de ánimos y de emocionalidades) que generan tensiones muy fuertes en el ambiente mismo de las marchas. Basta con una insinuación, una mirada o una actitud “sospechosa” para que el enfrentamiento pase de ser simbólico, a físico.

Las marchas de estudiantes, sindicatos, trabajadores o profesores, entre otras, son formas de confrontación que no suelen ser bien recibidas por los gobernantes por cuanto pueden llevar a develar problemas de legitimidad, de corrupción, incapacidad técnica y política y, en general, descubrir un débil liderazgo.

Sin duda, para el caso del actual Gobierno, es apenas evidente el pobre liderazgo del presidente, quien no solo transmite inseguridad, sino la falta de un norte propio. Entre tanto, la presencia de policías y en particular del ESMAD, se entiende como una suerte de provocación gubernamental.

Al estar instalados, marchantes y policiales en dos realidades emocionales distintas y tener propósitos y objetivos ética y políticamente diferenciados, la posibilidad de que aparezcan enfrentamientos físicos (violentos) crece con el paso de las horas.

Lo ocurrido recientemente en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga, da cuenta, con claridad, de que los disturbios no solo están soportados en provocaciones y situaciones localizadas en cada una de las manifestaciones ocurridas, sino en viejos resquemores, odios y asociaciones que cada sector hace de ese otro que lo confronta.

Del lado de los policiales, el estudiante es un enemigo latente por cuanto ser Policía en Colombia, no es justamente sinónimo de formación y estudio y, mucho menos, un trabajo dignificado y valorado por la sociedad.

Por el contrario, es la única y la última opción para jóvenes de estratos bajos que no tienen —o no quieren— otra opción de vida. Del lado de los estudiantes, los policías son sinónimo de violación de los derechos humanos, de ignorancia supina e incluso, de “víctimas” del modelo de sociedad al que los universitarios se oponen, critican y creen poder cambiar.

Aparece en las movilizaciones un actor político que en buena medida coadyuva a la exacerbación de los ánimos: la prensa, el periodismo o las empresas mediáticas. Y es así, porque en el registro de las marchas el dedo obturador de las cámaras, las voces de los periodistas radiales y las manos de los redactores de los medios escritos están inexorablemente conectadas a los intereses corporativos de los poderes económicos que sostienen a los medios masivos para los cuales laboran los comunicadores.

Es tan fuerte y decisiva la presencia e injerencia mediática, que pintar las paredes con consignas y grafitis de un cuestionado medio de comunicación, en este caso RCN, se registra como un “ataque” o una “acción terrorista”.

La confusión conceptual se explica por la toma de partido, tanto del periodista, como del medio que este representa. Una sede o una pared no se atacan, por el contrario, se pintan, se ensucian y se llenan de grafitis. Un ataque presupone un riesgo de colapso de la estructura física.

Y los casos registrados pueden circunscribirse a acciones vandálicas, si se quiere, pero no a ataques, por lo que dicho vocablo connota en una opinión pública que bien puede asociar ataque, con los perpetrados por las guerrillas a sedes policiales y militares (en especial, bases o puestos de Policía).

Todos los disturbios presentados en las señaladas manifestaciones, lamentables por supuesto, sirven para deslegitimar la protesta social y las acciones colectivas emprendidas.

Y en ello contribuye la Gran Prensa colombiana, cuyos miembros en una gran mayoría son afectos al Régimen, es decir, están “incorporados”. No dudar de la posibilidad de que la misma fuerza policial infiltre las marchas con personal vandálico, propio o ajeno, hace parte del actuar de la prensa y de los periodistas cooptados por el Gobierno a través de la pauta oficial [1], entre otros mecanismos. De esta forma, los periodistas dejan de lado un principio clave para el ejercicio periodístico: dudar.

Y por supuesto, no se puede desconocer que, en las periferias del movimiento estudiantil, gravitan saboteadores profesionales que lo único que buscan es saciar las ganas de enfrentar a los policías para dirimir viejos y nuevos conflictos, en situaciones propicias para exhibir masculinidades tóxicas que suelen dañar la imagen de las marchas y la de sus manifestantes.

100 días difíciles

En la evaluación que ya se hace, mediáticamente, de los 100 primeros días de gobierno de Iván Duque Márquez, salen a relucir varios calificativos y expresiones que bien pueden dar cuenta efectiva de lo que ha sucedido en este corto tiempo. “Débil liderazgo”, “incapacidad”, “no hay rumbo” e “inexperiencia”. Entre tanto, la revista Semana habla del “tono conciliador” de Duque y registra la sensación de varios sectores que indica que “aún no arranca o que no se ve el rumbo claro”.

Lo cierto es que evaluar la gestión de Duque en estos primeros 100 días no puede hacerse sin dejar de señalar el corto camino que el joven y sumiso político recorrió hasta “encontrarse” con la Presidencia de Colombia.

Así las cosas, las evaluaciones, amañadas o no, críticas o no, dan cuenta de un político bisoño y de un gentil y agradecido presidente, con quien es responsable directo de las incertidumbres sociales que crecieron durante su mandato y afloraron en las pasadas marchas y que seguirán brotando en las movilizaciones que se ya anuncian: Álvaro Uribe Vélez, a quien el propio Duque llamó “el presidente eterno”.  

Pero más allá de evaluaciones a la gestión de Iván Duque, lo que conviene registrar aquí es que las pasadas movilizaciones y las que se anuncian en contra del alcabalero proyecto de reforma tributaria[2] que cursa en el Congreso y, en general, la sensación generalizada de que el país está descuadernado por falta de liderazgo del presidente, podrían servir a los intereses del Centro Democrático para presionar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

La insinuación —invitación— sugerencia del presidente del Congreso, Ernesto Macías, al Presidente Duque para que convoque una Constituyente podría ser la salida que vislumbran Uribe, con el CD a cuestas, y Vargas Lleras, entre otros sectores políticos, no solo para acabar de ajustar (hacer trizas) el Acuerdo Final con las Farc, sino de modificar la Carta Política y devolver al país al conservador y retardatario espíritu de la Constitución de 1886.

Si bien Macías sabe que el país no vive hoy el debilitamiento de las instituciones tal y como se dio en la coyuntura política en la que César Gaviria Trujillo “cerró” el Congreso y convocó al pueblo para que votara por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que permitió derogar la Carta de 1886 y proclamar una constitución liberal y garantista como la de 1991, puede él, como Presidente del Congreso, ambientar a la opinión pública, con la ayuda de la Prensa, y a esa parte del Establecimiento que se opuso al Acuerdo de Paz y que tiene miedo a la Verdad Histórica a la que se llegue en el marco del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en La Habana y ratificado en el Teatro Colón de Bogotá.

Una vez logrado el objetivo de ambientar un escenario de debilitamiento institucional o de inviabilidad del actual Gobierno, la convocatoria a una ANC sería la meta final del régimen uribista para consolidar así su proyecto neoconservador, en lo cultural y en lo político, y neoliberal en lo económico y en lo que corresponde al debilitamiento de la institucionalidad estatal, en particular la ambiental, por lo que supone la intención clara de Uribe y Duque de potrerizar, insistir en la especialización agrícola por la vía de los monocultivos de palma africana y azúcar (producir biocombustibles) y de dar continuidad a la locomotora minero-energética.

Mientras se “cocina” la propuesta de Ernesto Macías, las movilizaciones seguirán siendo el termómetro ideal para medir no solo la temperatura de la agitación social creciente, sino para develar los problemas de liderazgo que ya exhibe Iván Duque Márquez; entre tanto, la prensa afecta al Régimen con información que deslegitima las marchas y las movilizaciones.

Se espera que el movimiento estudiantil se consolide y se les sumen otros sectores sociales y políticos de cara a seguir confrontando a un gobierno que de manera tozuda sigue al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en lo interno, responde a las exigencias de Sarmiento Angulo y Ardila Lulle, entre otros.

[1] Cuando un Gobierno no compra a la prensa con pauta publicitaria, la convierte en el más incisivo actor político.

[2] La gran Prensa, eufemística per se, apela al vocablo que usa el gobierno, Ley de Financiamiento, lo que claramente es una reforma tributaria.

( 2 ) Comentarios

  1. ReplySaúl Santoyo Tellez

    Ustedes desarrollan una labor pedagógica esencial al allegar a los ciudadanos elementos de juicio muy importantes y necesarios para evaluar los acontecimientos sociales y políticos, así como para tomar posturas concientes, éticas y responsables de acuerdo con el presente y teniendo en mente el futuro del bien común.

  2. ReplyLuis Rafael Moreno Zambrano

    En multiples oportunidades lo he manifestado. Uribe y Vargas Lleras pertenecieron al partido liberal, del que sacaron provecho. Luego lo traicionaron y fundaron la U. y CR. para satisfacer sus mezquinos intereses. Hoy están enquistados en la politica nacional cometiendo sus fechorias y apoyando al mozalbete inexperto Iván Duque que les sigue su cuestionado ejemplo.

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Germán Ayala Osorio
Docente Universitario. Comunicador Social y Politólogo. Cursando Doctorado en Regiones Sostenibles.