Columnista:
Ían Schnaida
El escándalo de corrupción de Odebrecht, por más que quieran algunos, aún no muere. Luego de las revelaciones que tumbaron la imagen de inocencia de Óscar Iván Zuluaga — y que arrastró consigo también la de su hijo David—, el expresidente Uribe salió a negarlo todo y a expresar el profundo dolor que le causan estos hechos.
Uribe dice haber sido engañado por Daniel García Arizabaleta y Óscar Iván Zuluaga; además, afirma que Jaime Granados, abogado tanto de Zuluaga como de Odebrecht y del mismo expresidente, se negó a revelar información que la corrupta multinacional tiene sobre el expresidente Santos. Según Uribe, Granados dijo que esa información estaba protegida por el secreto profesional, pero le informó que Odebrecht no tenía nada contra él o Zuluaga. El secreto profesional a conveniencia.
Sin embargo, en el comunicado de Uribe donde intentó limpiarse, el expresidente no menciona los encuentros previos que tuvo él con directivos de Odebrecht tanto en Colombia como en Brasil, ni tampoco se refieren a la coincidencia de las visitas de Daniel García Arizabaleta a la Casa de Nariño durante su gobierno, en momentos cruciales para las licitaciones en las que la multinacional brasileña tenía intereses.
Además, varios testigos, entre ellos Otto Bula y Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht en Colombia, han asegurado que la empresa realizaba pagos al exministro Andrés Felipe Arias, quien en un momento fue el candidato de Uribe para el continuismo.
Ahora bien, en 2010 el periodista Gerardo Reyes publicó un artículo donde relata que Tomás Uribe Moreno habría actuado como intermediario en una reunión celebrada en la sede de Odebrecht en Panamá en 2008. Durante dicha reunión, Tomás habría facilitado una alianza entre la compañía brasileña y los Nule para presentarse conjuntamente en la licitación de la Ruta del Sol, uno de los contratos más cuantiosos del gobierno de Álvaro Uribe.
Aunque la unión temporal entre las dos empresas no se concretó, Odebrecht logró obtener un contrato de 1200 millones de dólares, en asociación con firmas colombianas, para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol. Importante recordar que por este caso al viceministro de Transporte de Uribe, Ignacio Gabriel García, le dieron 6,5 millones de dólares para la obtención de dicho proyecto, motivo por el cual terminó en prisión.
Tomás Uribe se negó a dar su versión de los hechos. Mientras tanto, su padre reaccionó airadamente cuando una periodista de Panamá le preguntó sobre el tema, negando cualquier participación de sus hijos en negocios con el Estado y calificando las preguntas como «chismes de bandidos».
Estas nuevas revelaciones han aumentado la complejidad del caso Odebrecht en Colombia y han generado una mayor urgencia para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, pues recordemos que los entes encargados han sido rápidos en clausurar investigaciones y regalar absoluciones, dejando a Colombia como el hazmerreír internacional por dejar pasar, casi que por alto, uno de los escándalos de corrupción más grandes del continente.
La corrupción y la ilegalidad han socavado la confianza de los ciudadanos en el sistema político del país. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con transparencia y diligencia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, porque seamos sinceros, Uribe seguirá
negándolo todo.
