En su última edición, el periódico De La Urbe de la Universidad de Antioquia, publicó una serie de notas sobre la memoria histórica que guarda la Alma Máter.
Relacionaron el campus universitario con las víctimas del conflicto; entonces, el bloque 12 (Derecho y Ciencias Políticas) lo unen a la figura de Jesús María Valle, abogado defensor de derechos humanos y profesor de la Universidad, quien fue asesinado en su oficina del centro de Medellín. El 9 (Ciencias Sociales y Humanas) está ligado al docente e investigador Hernán Henao, muerto a tiros dentro de la Universidad. Al 16 (Administrativo) se vincula el recuerdo de Gustavo Marulanda, estudiante de Filosofía y quien se destacó por su tenaz activismo político, inmolado en la portería de la Avenida Barranquilla. El bloque 1 (Ciencias Exactas) está unido a dos estudiantes de la Universidad Nacional pero que fueron activas en los movimientos estudiantiles de la de UdeA: Paula Ospina y Magaly Betancur, ultimadas durante represiones del ESMAD el 10 de febrero de 2005, la fecha que los encapuchados no dejan olvidar cada vez que “surgen de la clandestinidad”.
Así, los estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicaciones reconstruyeron el tour de la memoria que existe dentro de la Universidad, guiados por los graffitis que adornan los muros.
Sin embargo, si no queremos olvidar el conflicto que afectó a la Universidad, haría falta nombrar a muchas personas que perecieron allí. Desde empleados de cafeterías hasta reconocidos profesores. Tendríamos que reconocer también los conflictos que la han manoseado.
El viejo edificio de San Ignacio es testigo de las primeras represiones que el Estado trató de imponer a las nacientes protestas estudiantiles en la primera mitad del siglo XX. Después, cuando ya se había inaugurado la ciudadela universitaria, la bonanza marimbera de década del 70 vio en la Universidad una gran plaza tanto de venta como de escondite para su mercancía. Luego, cuando se recrudeció el negocio de la droga, el Cartel de Medellín se ensañó contra la Universidad, asesinando a sus estudiantes en el mismo campus o en sus alrededores, sin el menor respeto por la institución, y de manera indirecta, arrebatándole futuros alumnos, cuando los convencían de ser sicarios desde los 13.
Tampoco podemos dejar de lado las infiltraciones guerrilleras que ha tenido la Universidad. Desde hace mucho, el centro de estudios superiores sufrió una “izquierdización” (no digo que esto sea malo, todo lo contrario, refleja el compromiso de la universidad pública de impartir educación laica y objetiva para que sus estudiantes tengan una mente abierta y sin sesgos), es decir, muchos de sus estudiantes y docentes se identificaban con las tesis de esta orilla política, o simplemente, como en el caso de Héctor Abad Gómez, defendían los derechos fundamentales. Esto ha conllevado a que la Universidad se haya convertido en un campo más de batalla.
Diferentes movimientos de izquierda hacen presencia en la Alma Máter y ejercen un trabajo político cuyos efectos desastrosos no afectan a nadie fuera del campus. El último tropel de la Guardia Estudiantil, donde protestaban por los 40 millones que costaron los torniquetes, le dejó a la Universidad daños por más de 300 millones. ¡Si quieren realmente hacer política, inscriban su candidatura al Concejo o a la Asamblea, o si lo ven todavía conveniente, continúen la utopía en el monte, pero no le den más ese trato a la Universidad, que no lo merece!
La extrema derecha fue la que más daño le hizo a la Universidad. Carlos Castaño, consciente de que allí tenía mucha oposición, creó las Autodefensas Universidad de Antioquia, un frente de sus temibles AUC que no lograron intimidar a la comunidad académica. En muchas ocasiones, estas infiltraciones paramilitares tuvieron evidente colaboración de autoridades estatales.
Tristemente, el Estado no se queda atrás en este macabro relato de los victimarios de la Universidad. Los estudiantes fueron los más afectados con las intervenciones que hicieron la Policía y el ESMAD en el campus. Hubo una época en que dichas interrupciones eran a diario. Recordaba el caso de las estudiantes Magaly y Paula, pero debemos acordarnos también de Luis Fernando Barrientos, en cuyo nombre fue bautizada una plaza de la ciudadela universitaria.
Actualmente se habla de verdad y reparación con las víctimas del conflicto armado interno. Sin lugar a dudas, la Universidad de Antioquia es una víctima material de este conflicto, al igual que muchas otras universidades públicas del país, y debe ser reparada. Su déficit presupuestal asciende a casi 40 mil millones de pesos, y por la nueva reforma tributaria, la cosa irá peor.
