Columnista:
Deisy Villalba Barrios
El Gobierno ha anunciado que el primer día de la nueva legislatura, es decir, el próximo 20 de julio, presentará en el Congreso la reforma a la educación. Sin embargo, faltando poco menos de una semana no se conoce ningún borrador del texto que será radicado. Solo se sabe lo dicho por la ministra Aurora Vergara ante los medios.
La Ley 30 que regula el sistema actualmente se creó en los años 90 y no responde adecuadamente a nuestra nueva realidad, enmarcada por los avances tecnológicos, el uso de la inteligencia artificial, procesos innovadores y una preocupación por la sostenibilidad cada vez más creciente; por lo que realizar una reforma en este momento no solo es necesario sino que es un paso apenas lógico si queremos crecer en competitividad como país.
Uno de los grandes puntos que plantea la reforma es que la educación pase de ser un servicio a ser reconocida como un derecho, es decir que el Estado colombiano deberá propender porque todos los jóvenes, sin distinción, puedan acceder a una universidad. Este punto busca responder a la preocupante disminución de jóvenes matriculados tanto en universidades públicas como privadas que se ha presentado en los últimos años, y a la deserción que se da en las instituciones.
La ministra ha dicho también que otros ejes centrales de la reforma son gobierno y autonomía de las universidades, financiamiento, bienestar, relación de las instituciones con la sociedad, docencia e investigación, enfoques diferenciales e intraculturalidad.
Sin embargo, sin un texto todavía publicado no hay claridad sobre la manera en la que se pretende abordar cada uno de estos temas, y lo que más preocupa es que no se tenga suficiente tiempo para la discusión con los actores que realmente son claves.
Esta bien que el presidente y la ministra hayan llegado a un acuerdo con 64 rectores de las universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas en una reunión a puerta cerrada la tarde del martes; pero no se nos puede olvidar que desde hace mucho tiempo la educación dejó de ser un tema de interés solo para los estudiantes, docentes y administrativos; ahora involucra también al sector empresarial y cultural, el ecosistema de innovación, egresados, emprendedores, entre muchos otros. Actores importantes que merecen estar dentro de la discusión y ser escuchados.
Asimismo, el sistema educativo debe tener una mejor articulación con la educación básica y con el empresariado, y debe ampliar su oferta si quiere dar respuesta a demandas de los jóvenes actuales que, a diferencia de los creadores de la Ley 30, desean programas atractivos, cortos, eficaces, y que funcionen para sus intereses de internacionalización.
No se puede dejar la discusión sobre la educación en manos solo de un Congreso dividido, que ha demostrado su poca capacidad de responder de manera asertiva a las demandas actuales, que se rige por intereses particulares, que es manipulado por quienes se han atrincherado en el poder desde hace décadas desde la presidencia de sus partidos políticos, desconectados hace mucho tiempo a las necesidades del colombiano común.
Si dependemos de ese Congreso para realizar las reformas necesarias para la educación, estamos ante un gran obstáculo para obtener cambios de fondo. Es por ello por lo que todos como sociedad, estudiantes, docentes, egresados, medios de comunicación, padres de familia, etc., deberíamos entrar en la discusión y exigir verdaderos cambios. Pero sin un texto el cual poder revisar y discutir es mucho más difícil ejercer el tan necesario control.
Espero que de verdad el Ministerio de Educación nos permita ver el borrador antes de su radicación en el Congreso, y que por el afán de tener resultados no terminemos con una reforma que no responda a las necesidades coyunturales actuales, en manos de un Congreso al que le interesa más la oposición política que el bienestar de la sociedad.
