Es claro que la Coalición Colombia ha sido objeto de fuertes críticas hechas por la élite colombiana, es decir, críticas hechas por los mismos con las mismas que han mal gobernado este país durante años. Las críticas que se han hecho a este equipo de trabajo conformado por Jorge Enrique Robledo en representación del Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Claudia López, Partido Alianza Verde y Sergio Fajardo por el Movimiento Político Independiente Compromiso Ciudadano, se vuelven entendibles en el sentido de que, sin duda alguna, estos promueven la idea de una transformación social y representan con total interés la lucha contra la corrupción, elementos y acciones que son incapaces de realizar los de la clase política tradicional que funcionan y se sustentan, precisamente, de la corrupción, el clientelismo y el oportunismo.
En una de mis lecturas rutinarias, encontré un artículo titulado: “El programa de Fajardo: más Estado, menos libertad económica y más corrupción”, el cual llamó mucho mi atención.
Ese artículo se torna como la antítesis de la esencia del acuerdo programático de la Coalición Colombia y deja en evidencia una falta, no argumentativa, pero sí de mayor análisis de las propuestas frente a la realidad económica, política y social del país.
Partamos hablando de los impuestos y haciendo las aclaraciones pertinentes frente a la crítica que realiza Luis Guillermo. Él hace total énfasis en que el programa busca aumentar los impuestos y tiene un tinte “anti-empresarial” y “anticapitalista”, lo cual me permito decir que no es así. Sus razones se basan, principalmente, en confusiones. Dice el programa de la Coalición Colombia: “El mayor recaudo de ingresos tributarios, como objetivo inaplazable”, lo cual esto no representa creación de más impuestos, a lo cual, el programa añade al punto: “permitirá reducir los costos laborales no salariales, pues la seguridad social se financiará progresivamente con impuestos generales en vez de cotizaciones. Disminuir los costos de producción también contribuirá a generar empleo formal”. Como se puede analizar, el programa no atenta ni contra los empresarios ni contra los colombianos en general, como lo hace ver el columnista en mención.
Dice Luis Guillermo que “los beneficios tributarios se han ido introduciendo como paliativo frente a una tributación creciente que restaba competitividad a los negocios», lo cual es cierto, pero no del todo. Si analizamos el panorama, Aurelio Suárez —Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, analista económico, político e internacional, consultor en áreas públicas y privadas, columnista de El Tiempo y El Espectador, panelista de Blu Radio y profesor universitario—, en su artículo de El Tiempo “Tercera reforma tributaria de Santos: Lázaro cargando a Epulón”, dice que “las rentas exentas, descuentos y deducciones formaron el plano fuerte de la Reforma Tributaria. Por ese camino se dieron beneficios en impuestos a personas jurídicas, entre el 2004 y el 2014, por cerca de $58 billones (del 2014), equivalentes en costos—a cargo del Estado—superiores al 1% del PIB anual”. Este panorama habla más claro de cómo el país es visto como “paraíso fiscal”. Mientras nos la pasamos de exención en exención, el país va profundizando su crisis la cual resultamos pagando los colombianos.
Además, dice Aurelio, las tarifas de renta efectivas están muy por debajo de las nominales teniendo en cuenta la participación del sector, por ejemplo: “según la Dian, para el 2013, el sector de servicios financieros participó con el 37,3% del total nacional de ingresos que no constituyeron renta, y la minería, con el 30% de todos los descuentos concedidos”, pero sus tarifas de renta efectivas se mantuvieron por debajo de lo nominal. Esta razón que da Aurelio pone en jaque la razón que da Luis Guillermo con el fin de contrariar la realidad del programa de la Coalición Colombia.
El tema de progresividad en la estructura impositiva y de una transición indirectos a directos representa el esfuerzo por una sociedad más equitativa, donde las cargas tributarias no favorezcan a grandes empresas y a los monopolios extranjeros. Se ha evidenciado que los impuestos indirectos son los que más golpean a la población, por ejemplo: no es justo que alguien como Luis Carlos Sarmiento Angulo pague la misma tarifa que paga una persona de escasos recursos.
Aurelio pone en evidencia esta situación en donde dice que “cerca del 90% de los $92 billones que se recaudarán de más entre 2017 y 2022 tendrán como fuente impuestos indirectos como el IVA, impuesto al consumo, combustibles y 4×100, que afectarán especialmente a los grupos de medianos y bajos ingresos”, esto es obvio ya que incluso los comerciantes, tenderos y las Pymes mostraron su descontento al saber que a partir del 2019 se les aplicará la misma tarifa de renta que a los grandes grupos financieros y corporaciones transnacionales, pues son los primeros los que más sienten el impacto tributario en sus pequeños y medianos negocios. Lo que propone la Coalición Colombia no es más que se les trate a los empresarios dependiendo de sus ganancias, en palabras simples: el que gane más que pague más.
En cuestión de impuestos quedó claro que lo que se propone con esta Coalición es ser equitativos y eficientes en la forma de recaudo tributario. Eso no quiere decir que habrá obstaculización empresarial ni tampoco se buscará estar en contra de los empresarios ni los colombianos. Tampoco es cierto que se crearán más impuestos, el aumento del recaudo se dará principalmente con la progresividad en la estructura impositiva.
En el tema de empleo, hay una confusión del columnista que muy poco tiene que ver con el programa de la Coalición. Él dice que se incrementará la burocracia estatal basándose en lo siguiente: «Fiel a su vocación estatista, la Coalición Colombia propone reactivar la economía mediante inversiones públicas para crear “empleos formales de calidad”». Aquí hay que hacer una aclaración: Empleo de calidad no se traduce solo al sector público.
En el programa de la Coalición Colombia se hace énfasis en inversiones como en la ciencia y la tecnología, la incorporación de científicos, inversión en educación, salud y políticas de desarrollo productivo, procesos de formación y entrenamiento con el SENA, apoyo al campo colombiano y a la industria nacional, lo cual garantiza y posibilita la creación de empleos formales de calidad. Incluso, “se continuará dando apoyo al primer empleo y se expandirá el rol del Servicio Público de Empleo, consolidando la bolsa de ofertas de trabajo de los sectores públicos y privados”.
Siendo así, el programa no busca incrementar el número de funcionarios públicos en cantidades desmedidas como lo dice Luis Guillermo, lo cual implicaría incrementar el gasto público, sino incrementar el número de empleos formales a través de inversión en diferentes políticas y elementos clave como el desarrollo. Es una razón falsaria pretender que se invertirá solo en empleos públicos.
En el tema ambiental, Luis Guillermo hace ver a la Coalición Colombia como un enemigo de la minería, lo cual es un desacierto en su afirmación. El programa dice: “Apoyaremos la buena minería y la explotación de hidrocarburos que protejan el ambiente, proporcionen empleo, generen encadenamientos productivos, transfieran tecnología y respeten a las comunidades locales”. Lo anterior quiere decir que la Coalición Colombia no será apática de la minería siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:
- Sea una minería bien hecha con procesos limpios.
- Generen empleo y desarrollo local, departamental y nacional.
- No atenten contra las comunidades.
Siendo esta última la razón de peso, pues oponerse no es una opción, pero sí hacer que sea el pueblo el que elija qué quiere para su territorio, siempre y cuando no vulneren sus derechos.
Suelen criticarse las consultas populares, actualmente llamadas “licencias sociales”, diciendo que estas no existen en nuestro ordenamiento jurídico y que, según Luis Guillermo Vélez: “son una creación de las ONG que se oponen a las actividades minero-energéticas para darle un toque de decencia a las acciones extorsivas que promueven contra las empresas del sector.” En este criterio, también se equivoca, pues son las sentencias de la Corte Constitucional las que legitiman estos procesos de consulta a los ciudadanos.
Impuestos, empresa, política, ambiente, empleo y la economía en general suelen ser el eje central del debate electoral actual. Es claro que muchos candidatos harán lo posible por hacer caer a otros en un profundo abismo, a través de mentiras y engaños.
No es cuestión de hacer campaña a cierto grupo político, sino es cuestión de hacer llegar diferentes percepciones a los colombianos. Los colombianos tendrán la última palabra el día en que salgamos a elegir por el futuro de nuestro país, es por esa razón que algunos medios y personajes de gran influencia se aprovechan de la ingenuidad del colombiano y hacen críticas con engaños o con datos sesgados.
Por último, hago una invitación a los colombianos para que se forjen su criterio. Lean los programas de los candidatos, sus hojas de vida. Actualícense en todos los temas y, sobre todo, no coman entero. No se dejen engañar.
