Ahora que el ELN se atribuyó la autoría del ataque con explosivos perpetrado contra un grupo de policías del ESMAD, en el sector de La Macarena, en Bogotá, bien vale la pena discernir alrededor de las características de lo sucedido, el sentido político del mismo acto violento y sus consecuencias inmediatas en la Mesa de diálogo instalada en Quito, Ecuador.
Aunque algunos Medios de comunicación calificaron lo sucedido como un atentado, otros fueron más allá y le sumaron a dicho vocablo, la ideologizada nomenclatura de terrorista.
Por tratarse de una acción violenta perpetrada por un grupo armado ilegal que, a pesar de que en estos momentos adelanta diálogos con el Gobierno de Santos para ponerle fin a la confrontación armada, se mantiene en pie de guerra, lo sucedido no debería de calificarse como un acto terrorista per se. Otro asunto es que nos parezca temeraria, cobarde y hasta incomprensible la decisión de atentar contra la vida de los uniformados, en plena capital del país y después de haber puesto en marcha una compleja negociación política.
No se trataría de una acción terrorista porque el blanco estaba claramente definido: unidades del ESMAD; y no se buscaba afectar a la población civil, para generar miedo y terror en los ciudadanos que viven o transitan cotidianamente por el sector en donde se ubicó la carga explosiva. Es claro que la Policía Nacional hace parte de la estructura del Estado, la misma que el ELN combate y desconoce su autoridad y legitimidad.
Aunque el ESMAD no actúa de manera directa sobre milicias urbanas o ataca unidades guerrilleras del ELN, este grupo subversivo justifica el atentado con explosivos diciendo que “El ESMAD es un cuerpo de la Policía encargado exclusivamente de reprimir las manifestaciones sociales en campos y ciudades del país, dando tratamiento de guerra a las demandas populares. En varias jornadas represivas han sido asesinadas o heridas varias personas en total estado de indefensión, los reclamos por ello no han trascendido más allá de compromisos del gobierno de investigarlos o justificarlos, quedando todo en la impunidad”[1].
De esta manera y más allá de lecturas ideologizadas de lo sucedido, la acción violenta protagonizada por efectivos milicianos del ELN bien podríamos llamarla como un atentado, o un atentado con explosivos, en el contexto de una negociación política que las partes decidieron adelantar en medio de las hostilidades. Es más, en el mismo comunicado publicado por el ELN en su red social Twitter, se entiende el acto violento como una forma de presión al Gobierno para que en la Mesa se pacte cuanto antes un cese bilateral del fuego.
En la carta que varias organizaciones y actores de la sociedad civil enviaron al ELN y al Gobierno para que rápidamente se pacte un cese bilateral del fuego, no se habla de atentado terrorista. Se habla de acciones militares y no de atentados. Así entonces, conviene, de cara a generar condiciones que faciliten la negociación, no entrar en lecturas ideologizadas de los actos de guerra de los que se haga responsable el ELN, sin que ello sea obstáculo para descalificarlos, desde un punto de vista político y de responsabilidad con el momento histórico que vive el país.
En cualquier sentido, la acción del ELN no solo es temeraria y provocadora, sino retadora. Y claramente deja entrever la escasa voluntad de avanzar en una negociación complicada de adelantar por la metodología planteada.
Pareciera que el COCE no dimensiona los efectos políticos que deja un acto de guerra como el perpetrado, gracias a los tratamientos noticiosos y a las presiones que recaen sobre el Gobierno y sus negociadores para que se levanten de la Mesa de Negociación instalada en Quito.
Es más, parece que la dirigencia del grupo subversivo desestimará los efectos políticos y sociales que dicha reacción genera, por el solo hecho de presentarse en la Capital del país. No es lo mismo si el mismo ataque se hubiera presentado en otra ciudad.
Imagen cortesía de: El Nuevo País y Zeta
Habrá que esperar la respuesta militar por parte del Estado. En esa línea de análisis, bien podrían caer las fuerzas estatales y las del ELN, en fuertes retaliaciones que darían vida al perverso principio de Ojo por ojo, diente por diente[2]; el mismo que se vivió durante la negociación política entre el Gobierno de Santos y las Farc, cuando esta guerrilla dio un golpe de mano a soldados en el Cauca y las Fuerzas Militares, tiempo después, le propinaron a la tropa fariana un golpe contundente en un campamento ubicado en zona rural de Guapi (Cauca).
Sin desconocer el dolor de los familiares del policial muerto y de los otros que resultaron heridos, lo que hizo el ELN fue ponerle un petardo a la Mesa de Diálogo. Quizás esa misma Mesa no siga en pie si se llega a producir otro atentado similar o una emboscada a una patrulla militar.
Adenda 1: paz en la tumba del policial que pereció en el atentado y pronta recuperación a los compañeros que sufrieron heridas graves y leves, en el ya referenciado ataque del ELN.
Adenda 2: el rechazo social y político por el atentado con explosivos amerita una revisión de las acciones de inteligencia adelantadas por las fuerzas y organismos de seguridad del Estado. Mientras esté en pie de lucha el ELN, no se puede bajar la guardia y mucho menos, dar espacio para que con sus acciones se genere miedo en la ciudadanía.
[1] Tomado del Comunicado.
[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/05/ojo-por-ojo-diente-por-diente.html
