Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Muchas de las actuaciones del presidente Iván Duque que son caricaturizadas y se ponen a circular en las redes sociales, muestran algunas de las nimiedades en las que fija la atención una gran parte de la sociedad colombiana. Es evidente la enorme importancia que representa para algunos sectores de los colombianos, las payasadas del primer mandatario. Al igual que cuando incurre en un lapsus al conjugar el verbo querer en pretérito (así lo «querí»), refiriéndose al desaparecido exministro Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d.); o destaca como cualidad o aptitud del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, el haber nacido en el Hospital Militar.
Claro que estos hechos nos divierten, nos alegran los ratos, sobre todo en época de pandemia, donde el encierro y el distanciamiento social nos bajan de nota y el espacio para el humor sigue siendo necesario. Sin embargo, hay otros acontecimientos diarios en este paraíso tropical, que deberían llamar primero la atención de la sociedad, para una obligada reflexión. Enumero solo algunos:
Estamos repitiendo la época más oscura de las masacres (perdón, «homicidios colectivos») y de desplazamiento forzado. En El Salado, en los Montes de María, se impuso la pena de muerte a líderes sociales y otras personas llamadas «indeseables», sentencia en proceso de ejecución, a no ser que los amenazados en los panfletos y listas con nombre propio abandonen el pueblo. Se repite la historia de hace 20 años en ese corregimiento.
En Buenaventura, según las alertas de la Defensoría del Pueblo, el enfrentamiento entre bandas criminales que utilizan verdaderos arsenales de guerra, pone en peligro a más de 170 mil personas, según publicación del diario El Espectador, del pasado 4 de febrero. Esta situación ha provocado desplazamientos masivos en la comuna siete del municipio y, a pesar de las tan nombradas alertas tempranas, no ha habido una intervención oportuna y eficaz de las autoridades del Gobierno nacional.
De otro lado, en entrevista que concedió el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno a María Jimena Duzán, nos enteramos de la existencia de comités creados y orquestados por «fiscales que sí hacían caso», en el ente de investigación y acusación del Estado, para «crear jurisprudencia» con el fin de perseguir y arruinar enemigos o favorecer amigos. El entrevistado denominó el fenómeno como «sicariato judicial», hechos en los que involucra al exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira. ¡Hágame el favor!
Como si lo anterior no fuera suficiente, la Fundación Paz y Reconciliación nos puso al tanto de la forma como se vienen manejando, de manera poco confiable, los recursos públicos para atender la pandemia, con duplicidad de funciones en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo régimen de contratación se rige por el derecho privado.
Y la existencia de un convenio o acuerdo de entendimiento y colaboración celebrado entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Salud y Protección Social, para la elaboración, convocatoria y ejecución de los contratos con el objetivo de atender la emergencia, pero con información que no se puede dar a conocer a terceros, por una cláusula de confidencialidad. Es decir, con el fin de ocultarnos la manera como se contrata y se ejecutan los dineros destinados para la atención de la pandemia.
Siguiendo con este tema, también nos enteramos de que expertos han señalado que no es cierto lo que nos viene anunciado el Gobierno y que la vacunación masiva posiblemente comience en julio de este año. Nos indican que nos tocará pasar por varios picos de la pandemia y que es muy posible que no se logre la meta de vacunación en 2021.
Mientras todo esto sucedía, la Justicia Especial para la Paz (JEP) nos demostraba que no es un tribunal de impunidad, contrario a lo que pretendieron hacernos creer el Gobierno y el partido de Gobierno, emitiendo una decisión judicial histórica, que atribuye responsabilidad a los exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP por el crimen de guerra de toma de rehenes y el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad.
Aterrizándonos en la realidad, el pasado 22 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado colombiano para que refuerce todas las medidas a fin de garantizar las actividades de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, en un ambiente libre de hostilidades y agresiones; expresando preocupación por la violencia sostenida en contra de estas personas durante el 2020 y resaltando la importancia de la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto armado y dejados por las FARC-EP. Estos llamados se han vuelto una constante, ante la sospechosa omisión de las autoridades colombianas.
De acuerdo con lo narrado, es hora de pensar en la situación del país, teniendo en cuenta la información que verdaderamente afecta o impacta a la sociedad colombiana y nuestras vidas. No solo detenernos en las bufonadas de un mandatario, que pueden estar bien para un rato de esparcimiento, pero no con la finalidad de tomar decisiones como electores responsables el próximo año.
Colombia no puede seguir en lo mismo. Clama por un cambio de rumbo y el cambio no se dará si seguimos pendientes de ridiculeces y chocarrerías. La invitación es a reflexionar sobre los hechos que nos afectan, para ejercer de manera efectiva y responsable ese derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
El año entrante elegiremos presidente y Congreso, y no podemos permitir la continuidad de los que pregonan, a gritos, que quienes no piensan como ellos son terroristas, castrochavistas o comunistas. Hay que doblar la página aciaga de la historia contemporánea de Colombia.
