Columnista:
Daniel Alexander Montoya Castrillón
Una declaración casi que desapercibida,—quizás porque es trascendental para muchos, pero inoportuna para pocos —tuvo lugar hace unos días en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. Desde una cárcel de los Estados Unidos, el excomandante de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso—, con el también exparamilitar Diego Fernando Murillo, conocido con el alias de ‘don Berna’, citados por el caso La Terraza—, narró la coordinación que tuvo la Fuerza Pública y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con ese grupo al margen de la ley.
Eso, que ha sido la negación de la negación desde tiempos inmemoriales por muchos políticos y militares, hoy día resulta pues tan cómico como previsible.
Pues bien, según el propio exparamilitar, «Hubo permanente comunicación con el Ejército, la Policía y el DAS para poder conformar un grupo de autodefensas».
Lo que se sigue, es todavía más revelador, porque demuestra el contubernio que tuvo las fuerzas estatales con ese grupo al margen de la ley, dicho en boca por un exparamilitar, “Me explico en esto que es bien importante: Un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de la sociedad que componían esas regiones. Necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible entrar. De ellos teníamos una información inicial y el resguardo para protegernos”,
A pesar de que la citación para ambos exparamilitares no versaba sobre la complicidad que hubo entre Estado y paramilitarismo, sino más bien que se fundamentaba sobre la banda La Terraza,—que por cierto, la integraban miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia, el Cartel de Medellín y la Oficina de Envigado—, y también sobre los magnicidios y crímenes perpetrados por ese grupo en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, resulta aún más sorprendente, por lo que guardan relación.
Por eso, casos que son de renombre como lo son del periodista, Jaime Garzón, y de los defensores de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza, Elsa Alvarado, Jesús María Valle y Mario Calderón, tuvieron relevancia ante la audiencia judicial, entre otras cosas, porque fue de esta manera como se dio inicio a la recepción:
Magistrado: «¿Cómo se tomaban esas decisiones de matar Eduardo Umaña, Elsa y Mario, Jaime Garzón, Jesús María Valle?».
Salvatore: «Eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar».
Pero ahí no termina todo. También señaló que José Miguel Narváez Martínez, para entonces subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y determinador del asesinato del periodista, Jaime Garzón, había despotricado para mal, no solo del mismo, sino también del colectivo José Alvear Restrepo, reconocida Organización No Gubernamental y proclive a la defensa de los derechos humanos en Colombia.
«A nosotros Narváez nos llegaba con información muy clara y muy precisa del colectivo José Alvear Restrepo y de varios colectivos de abogados, señalándolos de que eran el brazo jurídico de la guerrilla. Y bueno, afortunadamente nosotros investigábamos y nos dimos cuenta que no todo esto era cierto. El comandante Castaño empezó a tener prevenciones con todos estos hechos, sobre todo por Jaime Garzón. Él vio el error enorme de las AUC cuando nos préstamos para ejecutar estas acciones para las Fuerzas Militares», aseguró Mancuso.
De esta manera, una seguidilla de imposturas de antaño ha resultado ser pues, mentiras verdaderas.
