Según datos recopilados en el informe ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica,
la pobreza en las zonas rurales comprende el 90 %, mientras que la urbana 60 %.
El nombre de Leonard Rentería se hizo viral el 3 septiembre de 2016, cuando a través de redes sociales, se difundió un video en el que le interpelaba al líder de del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien estaba realizando su campaña por el ‘No’ en Buenaventura. Rentería, a sus 26 años, afirmaba que quienes seguirían sufriendo las secuelas de la guerra era la gente del puerto, debido a que en este lugar están “las bandas criminales –que son los paramilitares– que nunca se sometieron a la desmovilización”.
Horas después de haber pronunciado su discurso, a Leonard le tocó irse de Buenaventura para Bogotá debido a las fuertes amenazas que estaba recibiendo. Pero los problemas sociales en el puerto siguen.
Desde hace ocho días los pobladores de Buenaventura se han volcado sobre las calles principales, en el marco del Paro Cívico, para exigirle al Gobierno Nacional una pronta solución a la crisis humanitaria que a diario padecen los bonaverenses.
Las manifestaciones, que han sido lideradas por los sacerdotes de la Pastoral Social y 83 organizaciones sociales, reclaman a gritos el cumplimiento de elementos básicos: agua potable las 24 horas del día, la construcción de hospitales de tercer nivel, el acceso a la educación de calidad y a mejores oportunidades laborales, el desmantelamiento de grupos al margen de la Ley y, sobre todo, el respeto a los territorios de las poblaciones afrocolombianas.
No es nada nuevo.
Lo que hoy están pidiendo los habitantes del principal puerto del Pacífico colombiano es lo que por muchos años el Estado colombiano les ha negado. Esa es una de las contradicciones en un país que, en pleno siglo XXI y que constantemente está hablando de paz, coloca los intereses privados por encima de los intereses públicos.
Fotografía de Christiam Chaparro
Según datos recopilados en el informe ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, la pobreza en las zonas rurales comprende el 90%, mientras que la urbana 60%. El empleo informal es del 94,6%, afectando principalmente a la población joven. En 2010, mientras el desempleo a nivel nacional fue del 11%, en Buenaventura fue del 63%.
La miseria que vive esta ciudad contrasta frente a la opulencia de la industria portuaria que no deja de crecer. En el 2014, la periodista María Elvira Bonilla realizó un reportaje titulado ‘Los verdaderos dueños de Buenaventura’, en el que señalaba que doce empresarios controlan un negocio que mueve el 60% de las exportaciones de Colombia, las cuales representan 2 mil millones de dólares al año.
Esto, sin duda, genera un sinsabor entre los miles de bonaverenses, quienes a diario ven la forma en la que la mercancía va de lado a lado y, al mismo tiempo, se estrellan con la hostil realidad de saber que las obras sociales quedan inconclusas o, en el peor de los casos, sin realizar.
Buenaventura, al igual que varias regiones de Colombia, ha vivido en carne propia la manera en la que la maquinaria política ha provocado la laceración de los tejidos sociales, de cómo el sector económico ha generado barreras para obtener un mejor porvenir y de cómo los actores de la guerra han ejecutado atrocidades contra un pueblo que por un mucho tiempo ha estado en el olvido.
Lo curioso es saber que estos negros solo son visibles cuando algún coterráneo gana alguna medalla en cualquier competición olímpica, y ahí sí la mayoría de los colombianos se montan en el bus de la victoria.
Adenda: ¿Era necesario que el pasado viernes el Esmad reprimiera a la comunidad afrocolombiana en Cali, quienes pacíficamente estaban pidiendo un diálogo con la Gobernación del Valle y la Secretaría de Asuntos Étnicos?
