Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
El pasado 26 de julio inició una campaña promovida por la plataforma Defendamos la Paz, con la finalidad de visibilizar la resistencia de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, cuya finalidad no fue otra que promover la defensa de sus vidas y exaltar la memoria de los que se han ido, víctimas del exterminio que se ha desatado en su contra en nuestro país. Su eslogan: El silencio ya no es una opción.
A pesar de las múltiples voces que se unieron en la cruzada, el problema sigue siendo de falta de disposición o aptitud del Gobierno nacional, el partido de gobierno y sus aliados, que hacen oídos sordos y no quieren comprender la realidad del país y la necesidad de la paz y la implementación de lo acordado en La Habana y el Teatro Colón.
Parece que ellos son los únicos que no entienden la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Se les recuerda que es a través de estos que se logran sociedades más justas (justicia social), plurales y, como lo reafirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la garantía y salvaguarda de la democracia y el Estado de derecho.
En el último comunicado relacionado con Colombia (174 de 2020), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación “por el sostenido número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados durante el primer semestre del año en Colombia y reitera su llamado al Estado a reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de quienes defienden derechos humanos en el país, así como conducir investigaciones diligentes considerando como móvil de estos hechos la actividad de defensa de las víctimas.”
En el mencionado mensaje se hace énfasis en el hecho de que, de verificarse la totalidad los casos presentados durante el segundo trimestre de 2020, “estos representarían casi el doble de personas defensoras que perdieron la vida en comparación con los primeros tres meses del año.” Asimismo se hace hincapié en que quienes ejercen algún liderazgo comunal (juntas de acción comunal), indígena o afrodescendiente o integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), forman parte del grupo con mayor número de casos reportados durante el periodo analizado.
No debe olvidarse que la Organización de las Naciones Unidas, en otra oportunidad, ya había indicado que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en nuestro país y que los asesinatos contra los defensores se incrementaron en cerca del 50 % en 2019, comparado con 2018.
Como los hechos hablan por sí solos, no se entiende cuáles son las medidas que, según el presidente de la República, se vienen implementando y han disminuido estos asesinatos. Los números no cuadran ni la situación que nos vende el primer mandatario corresponde con los llamados y alertas de la comunidad internacional, por lo que la conclusión no puede ser sino que el Gobierno miente y, adicionalmente, dice una cosa y hace otra.
Si fuera verdad que el Gobierno está actuando bien, ¿por qué 94 congresistas estadounidenses solicitaron a su presidente presionar a Iván Duque para que renueve el compromiso de implementar el Acuerdo de Paz y proteja de manera efectiva a los defensores de los derechos humanos amenazados?
¿Por qué el representante de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, asegura que la mayor preocupación de la organización es la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y líderes sociales, que no cesa durante el aislamiento social?
Y si 28 miembros del Parlamento Europeo manifiestan su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia, indicando que el riesgo para los defensores de derechos humanos y sus familias se ha incrementado debido a la medida de confinamiento, y expresan también su intranquilidad por las denuncias relacionadas con la respuesta insuficiente del Estado colombiano frente a la condición de peligro permanente que padecen estas personas y la disminución de las medidas de protección para estas, no queda duda de que el Gobierno nos quiere embaucar. Lo que nos dice no es real.
Para estos importantes actores internacionales en el Estado colombiano debe tener prelación la implementación del Acuerdo de Paz para la protección de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en las zonas más afectadas por el conflicto, así como de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC.
Pero que no crea el Gobierno que los ciudadanos colombianos somos una manada de necios o estúpidos. Es evidente que la prioridad del presidente eterno, el subpresidente y sus áulicos no es la paz, y mucho menos la democracia y el Estado de derecho.
Veamos algunas de las prioridades del partido de gobierno para esta nueva legislatura: reducción del Congreso, consagración de la pena de prisión perpetua con revisión a los 25 años ahora para el delito de narcotráfico, creación de una sala especial para la Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), consagración del concepto obligatorio del padre en las tres casos en que está despenalizado el aborto según el fallo de la Corte Constitucional, prohibición del alquiler de vientres, garantías para el reclamante de tierras declarado como “poseedor de buena fe” (segundo ocupante), prohibición del consumo de estupefacientes en parques, polideportivos y en inmediaciones de centros educativos, y la flor que le faltaba al ramo: anulación vía referendo de los fallos de la Corte Constitucional.
En fin, un verdadero paquete “democrático” de proyectos de ley y reformas constitucionales que nos demuestran que las denuncias de los miembros de la comunidad internacional y las voces de los líderes sociales y defensores de derechos humanos no son escuchadas.
Mientras tanto, la Reforma Rural Integral, punto esencial del Acuerdo de Paz, no tiene ningún avance y, por otro lado, se prioriza la erradicación forzada de cultivos ilícitos dejando de lado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), solo por nombrar dos aspectos de lo pactado con los firmantes del acuerdo que no se vienen cumpliendo, lo que es un verdadero ataque contra el proceso de paz.
Con este panorama, uno podría llegar a pensar que el primer mandatario de los colombianos padece una lesión en los oídos, pero creo que, convenientemente, lo que sucede es que no quiere oír, por lo que es un deber ciudadano volvernos eco de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, para obligarlo a escuchar y exigirle que tome las medidas necesarias para que pare el exterminio sistemático. No podemos salir del atascadero únicamente encomendándonos a la Virgen de Chiquinquirá, como él lo pretende, mientras el país se desangra todos los días.
