Un gobierno jamás soñado

Es el momento de los balances, cada fin de año los realizamos como un acto socrático de examinar nuestras acciones (y también omisiones). Para el ágrafo ateniense “una vida sin examen no merece la pena de ser vivida”, por tanto, es imperativo asumir una actitud crítica y autocrítica, evaluar los actos de nuestras vidas, de una manera radical, así podemos edificarnos sobre los errores propios y ajenos, en el incesante propósito de ser cada vez mejores personas.

A la fecha, el saldo que el gobierno de Iván Duque deja al pueblo colombiano no puede ser peor, es desastroso, engañoso, bajo el rasero de los primeros ciento ochenta días en el ejercicio de desgobierno.

Sin duda alguna estamos ante un gobierno jamás soñado, una pesadilla sin fin, con los índices más bajos de aprobación y popularidad. Hoy el desencanto es colectivo y los arrepentidos crecen por doquier, desesperanzados ante un régimen leviatánico en alborada.

Su agenda perpetúa el viejo país (Colombia infrahumana), desprecia lo público, lo colectivo, lo social, enfatiza en la defensa de los intereses de los privilegiados, afán en el que como veremos, no tiene límites mínimos de recato, vergüenza y decencia.

La realidad nacional es como un rompecabezas cuyas piezas podemos armar de diferente manera. Desde la juramentación de Iván Duque a hoy han sido asesinados cerca de 130 líderes sociales en Colombia, especialmente defensores de derechos humanos, líderes indígenas, afrocolombianos, ambientalistas, comunales, reclamantes de tierra, etc.

Volvieron a aparecer las masacres (Mapiripán), que se creía ser un lastre de un pasado reciente ya superado. El último caso repudiado fue el asesinato de la psicóloga Viviana Muñoz, quien trabajaba en los procesos de reincorporación de exguerrilleros de las Farc.

Ser líder social en nuestro país es como llevar una lápida en la espalda, una labor social de muy alto riesgo, la defensa de los derechos de las comunidades incomoda al establecimiento.

También es incómodo para el sistema el periodismo investigativo y todas las voces que denuncian y descubren medias verdades y mentiras completas, se persigue a periodistas como María Jimena Duzán, Daniel Coronell, Cecilia Orozco, el noticiero Noticias Uno, entre otros.

Las muestras de censura son inocultables. Recientemente se conoció la prohibición de preguntas al presidente Iván Duque durante una entrevista en la Radio Nacional de Colombia, a cargo de los periodistas Carlos Chica y Andrea Olano. Lo que va de la mano con las amenazas de cierre de los canales públicos (que puso con los pelos de punta a Yamid Amat), el cierre de programas críticos como “Los puros criollos” y “La señal de la mañana”, y la pretensión de amordazar el periodismo independiente con el proyecto de Ley 234 de 2018, aplazado por el momento.

Así como no se respeta al periodismo investigativo, independiente, libre, crítico, también limitan las garantías para el ejercicio de la oposición, a pesar de la expedición de la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición, que busca brindar garantías para la acción legítima de la oposición en Colombia.

Letra muerta con la negación de la personería jurídica al movimiento político Colombia Humana del senador Gustavo Petro, líder de la oposición con más de ocho millones de votos en las últimas elecciones presidenciales, demostrando la intención de eliminarlo moral, política y jurídicamente.

Una sociedad que no garantice el ejercicio de la oposición, cuyo andamiaje sea el maquineísmo político “quien no está conmigo está contra mí”, que no permita el disenso y el pluralismo, no puede ser considerada democrática.

Culmina el año 2018 con la protesta del movimiento estudiantil universitario, la más grande desde la expedición de la Constitución de 1991. En 64 días de paro y movilizaciones masivas se conquistaron 5.8 billones de pesos adicionales para las universidades públicas.

Muchos estudiantes fueron gasificados, golpeados, maltratados con aturdidoras, tratados como delincuentes, exponiendo su vida, como el caso de Esteban Mosquera, quien perdió uno de sus ojos por hacer valer su derecho a la educación. En adelante la educación superior pública será distinta, gracias a estas valerosas gestas.

En el interregno de este tormentoso acontecer se presentan hechos como Odebrecht, monumental caso de corrupción en los últimos años, una justicia lumpenizada, un fiscal maniatado y comprometido hasta la coronilla con una de las partes involucradas en dicho caso, un contubernio gubernamental con la criminalidad al nombrar tanto funcionario público cleptómano y abogar por un condenado a 17 años por la Corte Suprema de Justicia (Andrés Felipe Arias), una especie de antiRobin Hood criollo, clon del innombrable, repartidor del dinero de campesinos a los ricos.

Por el contrario, el gobierno actual se negó a firmar una resolución de ONU que instaba a los estados vinculantes a tomas medidas para garantizarles a los campesinos el derecho a la vida, a los recursos naturales y el respeto por parte de las compañías transnacionales.

Toda esta tragedia que ocurre en tan solo ciento ochenta días, anticipa lo que vivirá el país en los próximos años.

En campaña el uribismo promovió el miedo colectivo (castrochavismo), un fantasma que nos convertiría en otra Venezuela si se elegía un gobierno alternativo. Pues bien, hoy se vulneran derechos y garantías sociales que “encalentan” la democracia tanto allá, como aquí.

No contento con tanto desconsuelo en uno y otro país, poco a poco ha ido creciendo la desconfianza, las enemistades y el distanciamiento que amenaza con un conflicto binacional de consecuencias incalculables entre los dos pueblos hermanados geográfica, histórica, política y culturalmente.

Estamos ante regímenes (uno Maduro y otro Biche) que han capturado el Estado para fines mezquinos, con una concepción patrimonial del gobierno, consideran que el Estado les pertenece, que pueden usar y abusar del poder, que las instituciones son propias y no públicas, que pueden joder y engañar al pueblo que los eligió.

Por ejemplo, Duque ofreció menos impuestos y mejores salarios. Con la mal llamada Ley de Financiamiento (reforma tributaria), los impuestos fueron inmensamente menores para el empresariado y los grandes capitales (10 billones de pesos), mientras que el incremento mísero del 6% del salario mínimo 2019, equivale tan solo a $46.874 ($1.562 diarios). A esto lo llamaron rimbombantemente “un incremento histórico”, de veras es un incremento salarial históricamente tacaño.

Lo más grave de todo es que estamos ante un «gobernante eunuco», un inexperto mandatario castrado del ejercicio efectivo del poder, carente de autonomía plena, obediente obcecado de su mentor (el poder tras el poder), el titiritero tendrá así licencia para seguir adelante con la devastación de la sociedad colombiana, con la tranquilidad de que la historia y la justicia (si actúa) castigarán al calanchín que hoy está sentado en la Casa de Nariño, todo un proyecto maquiavélico.

Finalmente, no hay que ser adivinadores para anticipar lo que nos espera en el inmediato futuro: desesperanza, degradación de la democracia y más totalitarismo. La democracia tendrá que retomar su naturaleza plebeya, esto es, deberá volcarse a las calles, reclamar la justicia social y las querencias de las ciudadanías, sin pedir permiso a los poderosos.

No es posible que este país transite hacia el despeñadero antidemocrático y los ciudadanos no hagamos nada. O enfrentamos y acabamos con este régimen o el régimen nos terminará por aplastar a todos los colombianos. O hay diálogo social, concertación, consensos y acuerdos fundamentales que hagan viable, sostenible e inclusiva la democracia colombiana, o serán cuatro años de protesta y tropelín callejero permanentes, los estudiantes universitarios se lo notificaron al gobierno de Iván Duque en el 2018.

Foto cortesía de: Canal Uno