Columnista:
Gyhid Jeswen Rojas Cardozo
Históricamente, el Estado colombiano ha respondido a quienes se oponen a sus ideales con violencia y represión, siendo como ejemplo en la memoria de nuestro país las lamentables masacres de las bananeras en 1928 y de la Unión Patriótica 1984, los falsos positivos, por nombrar sólo algunos hechos, haciendo uso de su fuerza armada legal, bien sea ejército o policía y en lamentables ocasiones con ayuda de fuerzas al margen de la ley, como fue el caso de la operación Orión 2002. A esto se le suma su más reciente creación, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, 1999) para dar continuidad a la persecución estatal de quienes no encajan en su línea de pensamiento.
Un Gobierno que no ve, o no quiere ver las constantes violaciones con que las fuerzas armadas someten y abusan a los civiles y por lo tanto no pretenden detenerlas sino que al contrario respalda su accionar constantemente e insta a uno mayor, como vimos en las declaraciones del lunes 17 de mayo donde el presidente de Colombia Iván Duque informa que se le ha pedido a la fuerza pública que «desplieguen su máxima capacidad» para desbloquear las vías, ignorando por completo la primera petición de los representantes del comité del paro la cual es parar la violencia estatal y el retiro del ejército y policía en las protestas con el fin de que éstas puedan ser llevadas a cabo sin provocación y así, se pare la estigmatización de los manifestantes, se garantice el derecho a la protesta y el desarrollo de la misma en paz.
Un mandatario que no escucha las peticiones de quienes lo eligieron y que se encierra en sí mismo, en sus propios halagos y además, pretende solucionar un profundo problema social con ideas superficiales como un semestre de matrícula cero, deja en evidencia su desinterés por las peticiones de los manifestantes quienes esperan que se les brinden unas verdaderas soluciones en una problemática que no inició este año, sino que es la continuación del descontento de las reformas del 2019. Reformas en la salud, pensión y trabajo que se vienen planteando e implementando constantemente hace que los niveles de pobreza aumenten, según datos oficiales del Dane actualizados el 29 de abril del presente año «la pobreza monetaria fue 42,5 % y la pobreza monetaria extrema fue 15,1 % en el total nacional» no solo como resultado de la pandemia, sino de las falencias de oportunidades profundas que presenta el país año a año dejándonos como uno de los países con mayor desigualdad en América Latina.
Una solución a la protesta se disfraza en un falso diálogo entre el Gobierno actual y los manifestantes a quienes se sigue disparando, no solo con balas de fuego, sino con desinterés e indiferencia constante, en un dialogo unilateral, como si fuera un «en vivo» del programa de televisión Prevención y acción porque en la mesa los representantes del paro solo reciben negativas por parte del Gobierno que tiene una mayor inclinación por atacar a sus opositores como terroristas o «vándalos» que por solucionar y escuchar las problemáticas reales de sus ciudadanos y esto hace que el futuro para la juventud y sus deseos de salir adelante no se vean muy cercanos.
El Gobierno y su gabinete con esta actitud no solo ponen en riesgo la vida de sus jóvenes, tal como ha podido evidenciarse en algunos medios alternativos y en redes sociales como Facebook y Twitter, desde el inicio del paro y con un aumento en el mes de mayo en el cual se siguen presentado actos de abusos y violaciones a los derechos de los manifestantes, quienes salen diariamente a protestar de forma pacífica haciendo uso de su derecho constitucional a la manifestación, sino del resto del país que espera que su representante cumpla con su papel de presidente, no de dictador o presentador televisivo.
