«De los 796.000 venezolanos que entran al país solo 552.000 cuentan con documentos para laborar legalmente»: Migración Colombia.
En Barranquilla son conocidos como “Los Venecos”, andan en pequeños grupos y se colocan en zonas estratégicas de la ciudad. Algunos limpian vidrios en los semáforos, otros se montan en los buses a cantar o vender; algunos venden los conocidos pañitos húmedos Totitos a 5.000 y mentas Xtime Krash a 1.000.
Pero, ¿en realidad cómo funcionan los trabajos informales en la ciudad? Al contrario de los que muchos piensan para colocar su puesto de pañitos, mentas y agua deben pedir permiso a la persona que ya se encuentra vendiendo en el semáforo. Si la persona dice que no porque hacen las mismas ventas, deben ir a otro semáforo o a otro punto donde no interfieran en la venta de las demás personas para evitar conflictos de intereses.
Nelson Pérez es un venezolano de 26 años que lleva un año viviendo en Barranquilla, junto a su esposa y su pequeña hija de ocho años que como dice él: “Gracias a Dios no le falta el estudio”. Nelson fue trabajador en una empresa de plástico en Caracas, Venezuela, durante siete años, hasta que llegó la falta de recursos y tuvo que irse con su familia a aventurar a un nuevo país.
Estudió hasta cuarto semestre de ingeniería de sistemas, al llegar al país pudo conseguir su permiso de trabajo, pero como es un permiso que puede ser otorgado o revocado en cualquier momento, a finales de 2017, Nelson perdió ese privilegio por culpa de unos compatriotas que supuestamente, irrumpieron, robaron y violaron a unas jóvenes que trabajan en una oficina por los lados del Cúcuta, desde ese entonces no han vuelto a abrir las convocatorias para renovar los permisos.
Jesús Pérez de 22 años solo cuenta con sus estudios de bachillerato en Venezuela, dejó a su novia e hija de tres años en el vecino país mientras él logra establecer su economía para poder mantenerlas. Durante los meses de febrero y marzo de 2018 consiguió trabajo en un restaurante y por no tener los papeles legales para trabajar le pagaban menos y trabajaba más horas que sus compañeros que sí tenían contratos. En Semana Santa disminuyó el flujo de comensales y, al ser el único venezolano trabajando, decidieron despedirlo sin más, dejándolo nuevamente en el trabajo informal con su hermano.
Las condiciones laborales que deben soportar por ser de otro país son injustas: Les pagan menos que el salario mínimo legal de 781,282 que rige en Colombia; trabajan en mayor número de horas que los demás; no cuentan con prestaciones sociales como salud, pensión y cesantías; pueden ser despedidos en cualquier momento si el lugar donde están laborando decide hacerlo o bajan las ventas y viven con la inquietud de no alcanzar el dinero diario para pagar el lugar donde duermen, el medicamento de sus hijos cuando se enferman, e incluso las necesidades básicas de alimentación, aseo y vivienda.
Hay otros cientos de venezolanos como Leidy, que no pasa de los 30 años, que vive con otras compañeras de trabajo en un pequeño apartamento cerca de la Carretera Cordialidad, no pagan mucho y cuentan con todos los servicios básicos. Junto a ella estaba otra joven quien expresó que en Venezuela se quedaron muchas personas mayores que ya tenían su familia conformada y establecidos económicamente y que si ella tuviese todo eso, no se hubiera ido a un país desconocido a “guerrearla” para tener una mejor calidad de vida.
A diferencia de lo que dicen los vendedores que llevan años en ese negocio, la señora Katherin, una vendedora ambulante colombiana que lleva tres años vendiendo agua, bebidas energizantes, gaseosas entre otras variedades, manifiesta que las ventas han bajado hasta en un 50 % y que los encargados de Espacio Público están más estrictos con el control desde que comenzó el éxodo masivo de venezolanos hace un año. Katherin ya tiene dos advertencias por parte de Espacio Público, a la tercera le quitan el carrito con toda la mercancía y sin posibilidad de recuperarlo.
Como Leidy, Nelson y Jesús, se pueden encontrar gran afluencia de personas en la misma situación, algunos solo ven y piensan: “Ese seguro es de Venezuela” “¿Qué profesión va a tener ese?”, entre otras frases.
Sin embargo, son pocos los que se ponen a pensar qué hay detrás del vendedor de chicles, el que vende los pañitos húmedos en la esquina, los muchachos que limpian los vidrios en los semáforos y los demás “venecos” que están repartidos en toda la ciudad y lo agradecidos que se encuentran de que almas caritativas les arrienden una habitación pequeña a bajo costo y sin ninguna complicación extra.
El éxodo masivo se debe, según Reynell Badillo, politólogo de la Universidad del Norte, a la crisis de seguridad ciudadana. Caracas es la capital más peligrosa de todo el mundo, con una tasa de homicidios de 130,35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Barranquilla fue de 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2017. El abultado número de delitos y, además, la represión gubernamental en casos de protestas termina por provocar el éxodo migratorio que hemos observado.
¿Y por qué las autoridades no tienen el control debido? No estaban preparados para que la situación se agravara de esa forma. Venezuela había sido relativamente estable antes del 2012, el cambio de la situación fue abrupto y nuestras autoridades fronterizas no estaban listas para eso. Además, muchos de los «venezolanos» que llegan son en realidad colombianos, o hijos de colombianos que vivieron en Venezuela, por lo que simplemente devolverlos no es posible. Falta articular una política multilateral con países que también reciben el éxodo como Perú o Ecuador, y utilizar las organizaciones subregionales como mecanismos para resolver las controversias.
Imagen cortesía de La Portada Canadá.
