Columnista: Cristian Felipe Álvarez Balbín
Aunque muchos estén celebrando hoy la decisión de la compañía Uber de salir del país —entre ellos el acomodaticio senador Jorge Robledo y el extravagante representante del gremio de taxistas Hugo Ospina—, son más las instituciones y personas que deberían estar lamentando dicha determinación de Uber.
La decisión de irse de Colombia el 31 de enero fue tomada después de que un juez de la república —con base en la sanción interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC a Uber por competencia desleal— decidiera el pasado 20 de diciembre darle la razón a la empresa CoTech, operadora de Taxis Libres, y suspender los servicios de transporte público individual ofrecidos por Uber.
Todos pierden
Los primeros damnificados por la decisión de Uber, por increíble que parezca, serán los 144.000 taxistas del país (50.000 están en Bogotá y 19.300 en Medellín según las secretarías de Movilidad de cada ciudad) pues muchos de los 88.000 afiliados que tenía Uber en 12 departamentos de Colombia retornarían a la “mancha amarilla”, lo que generaría una sobreoferta en el servicio de taxis.
De otro lado, el fallo no ataca una de las raíces del problema, sino que por el contrario la fortalece y esta es el valor de los cupos de los taxis, una especie de permiso que cada ciudad brinda para el rodamiento de los vehículos amarillos por sus calles. En teoría estos cupos son determinados por estudios técnicos de cada municipalidad que tienen en cuenta la oferta de taxis de cada municipio.
Según el presidente de la empresa antioqueña Tax Individual, Fabián Quintero en 2019 el valor de un cupo en la ciudad de Medellín rondaba los 68 millones de pesos.
Pero, de acuerdo con el directivo, este valor varía pues actualmente ya no se emiten nuevos cupos para taxis en las ciudades, por lo que ahora o se debe negociar con quien ya tenga uno. Y como el propietario puede determinar el valor del cupo, es ahí donde se presentan casos donde este ha sido tasado en incluso el doble o el triple del valor legal.
Para nadie es un misterio que, a través de este nefasto sistema, han sido muy pocos los beneficiados que no solo han amasado un gran poder económico, sino también un gran caudal político, como fue el caso del empresario de los taxis bogotanos Uldarico Peña.
Volviendo al tema principal, con el fallo se ratifica la medida de los cupos y se les obliga a los interesados en hacer parte del gremio de los taxis —aparte de pagar el injusto permiso— a someterse a las duras condiciones de este colectivo, como son las extensas jornadas de trabajo y el bajo sueldo.
De otro lado, algo con lo que no contaba el gremio de taxistas es que, a la vez que el uribismo —como lo admitió posteriormente el señor Ospina— y el senador Robledo hacían lobby para la salida de Uber de Colombia, el gobierno nacional ajustaba un borrador para modificar el decreto 1079 de 2015 que vetaría los taxis tipo coupe, más conocidos como “zapaticos”.
Es decir que para el gobierno Duque se aplica el refrán “unas por otras”.
Mecánicos, bancos y gobierno, también perjudicados
Los vendedores de partes y los talleres mecánicos también podrían ver una disminución en sus ventas ya que con la salida de circulación de muchos de los 88.000 vehículos afiliados a Uber también ellos dejarán de percibir ingresos —que según El Colombiano rondaban los 394.000 pesos mensuales por vehículo— a los que posiblemente ya estaban acostumbrados.
Los bancos también “llevarían del bulto”, pues para nadie es un misterio que ante la rentabilidad que producía Uber a sus afiliados, muchos decidieron realizar créditos bancarios para comprar uno o más vehículos, deudas que resultarán impagables y que no solo resentirán los bolsillos de los acreedores, sino también de la banca en general.
El gobierno nacional también se verá impactado por esta decisión, primero porque el fallo espanta la inversión extranjera que tanto espera la administración Duque para sacar a flote la economía nacional.
Es inadmisible que en plena era de la información, de un martillazo en un escritorio se trate de frenar el avance tecnológico mundial, como sucedió en Colombia, hecho que le pone los pelos de punta hasta al más temerario de los inversores foráneos.
Y segundo, el número de desempleados que deja la medida se sumará al ya preocupante 10.4% que ostentan las 13 principales ciudades el país según el DANE, hecho que al parecer no fue tenido en cuenta a la hora de negociar con los taxistas su no adhesión al paro nacional.
Los más perjudicados
Por último, están los usuarios, quienes tendrán que volver a usar los taxis si desean movilizarse en transporte individual, aunque muchos ya manifestaron en redes que prefieren sacar un crédito para adquirir una moto o someterse a las tribulaciones que conlleva subirse a los buses, al Metro o al Transmilenio antes que tener que padecer el “infortunio” del pésimo servicio que brindan muchos taxistas.
Y es que resulta increíble que, pese a que este es el principal problema del gremio amarillo, a estos les cueste tanto reconocerlo y no hagan ingentes esfuerzos por solucionarlo.
De hecho, prefieren someter a la competencia con carísimas demandas que duran lustros y que nuevamente ponen el nombre del país en los titulares mundiales por lo inverosímil de la historia.
Finalmente, Nicolás Alviar, abogado que lleva el caso de CoTech ante la justicia colombiana —en entrevista a El Tiempo la pasada navidad— indicó que hoy, CoTech me dio la orden de iniciar el proceso de competencia desleal contra Didi, Beat, Cabify y otras como InDriver”.
A la vez que lanzaba dicha declaración, Alviar también señalaba que Lo que espera la empresa que represento y todas las empresas legalmente habilitadas es que retornen sus usuarios, tanto sus conductores como los pasajeros. Yo diría que la opción para esas personas es volver a los taxis.
