“Toca cuidarnos no solo del virus, también de los grupos armados”: autoridades indígenas Awá

Columnista:

Chrístofer Hidalgo

Ómar y Ernesto Guasiruma, miembros de la comunidad Embera, fueron asesinados el pasado 23 de marzo en el departamento del Valle del Cauca, mientras cumplían desde sus casas el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno. Ambos considerados líderes comunitarios en su región.

Según la ONIC, desconocidos llegaron hasta un hogar familiar en el que residían, cuando fueron invitados a una región de “carácter urgente”. Los llevaron cerca del río Sanquinini, para después lanzar una ráfaga de balas sobre la humanidad de Ómar y Ernesto, y de dos personas más que los acompañaban y, que tras el hecho, resultaron heridas de gravedad.

Líderes indígenas asesinados

Según el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, del total de casos de líderes sociales asesinados (reconocidos por esa entidad) entre el 2016 y el 2019, el 15,57 % de los asesinados fueron líderes indígenas; es decir, han sido el segundo grupo poblacional identificable con más víctimas. Las razones por las que asesinan a los líderes indígenas son variables, ya que sus condiciones de vida, ligadas al contacto con la naturaleza y, por ende, al manejo y tenencia de la tierra, se vuelven incómodas para muchos grupos que tienen intereses compartidos en los territorios en los que habitan.

En ese contexto, los líderes indígenas han encontrado, sin buscarlos, múltiples enemigos entre grupos criminales de diversa índole. En la lejanía de la cuidad, en donde habitan, sus territorios muchas veces quedan en disputa por los grupos criminales de siempre; en el caso del municipio de Bolívar, en donde habitaban Ómar y Ernesto, desde hace varios años han sido atacados indistintamente por paramilitares, guerrillas y el Estado.

Del fulgor por la disputa de la tierra, varias problemáticas se desprenden. La siembra de cultivos ilícitos y, la instrumentalización de los indígenas en la cadena de producción de drogas, son factores comunes que repercuten en la vida de los habitantes de la zona, que se encuentran frente a la disyuntiva de rechazar los dineros ilícitos y exponerse a represalias, o de dedicarse a la siembra de cultivos ilícitos y, también exponerse a represalias, esta vez por parte de las autoridades.

La cuarentena en territorios indígenas

Dos días después del asesinato de los líderes de la comunidad Embera, se reportó el homicidio de Wílder García, que según un comunicado de la UNIPA, pertenecía al pueblo indígena Awá y residía en el Resguardo de Tortugaña Telembí. El modus operandi del hecho fue más o menos parecido al de los índígenas Embera. Los asesinos llegaron hasta el hogar de la víctima para finalmente quitarle la vida en frente de su familia. Dos días antes, se habían reportado hostigamientos en la misma comunidad por parte de hombres armados que lanzaron tiros, como amenaza a la población.

El panorama de algunas comunidades indígenas en tiempos de cuarentena es hostil, ya que a las difíciles condiciones sociales del territorio en el que habitan y, de los problemas que trae el confinamiento en la mayoría de la población, como la reducción de ingresos y la falta de atención sanitaria, se suma la falta de protección estatal que pueda mitigar el riesgo que supone estar expuestos, permaneciendo confinados en sus casas, siendo, como ya ha sucedido durante el transcurso de la cuarentena, presa fácil del hampa. Como se menciona en el mismo documento en el que se nombra la muerte de Wílder García:

“Sabemos  que  la  preocupación  por  el  Coronavirus  ha  hecho  que  la  atención  de todos,  se  vuelque  a  la  pandemia  y  con  justa  razón,  pero  en  los  territorios  se  sigue atentando contra los derechos humanos de quienes buscamos pervivir en paz, además no nos permite atender los posibles casos que se presenten en nuestro territorio Awá, porque ahora nos toca cuidarnos no solo del virus, sino de la presencia de los grupos armados”.

En el norte del país, el pueblo Kankuamo, también reportó hostigamientos en su territorio, en donde el 25 de marzo ocurrió la quema de una Kankurúa (templos de oración) de mujeres, que quedó destruida. El pasado 16 de marzo, también se produjo una situación similar. Para los integrantes de la comunidad, los hechos dejan entrever un comportamiento coordinado para atentar contra la población.

Imagen tomada de onic.org.co

También en el norte del país, en Santa Marta, el pueblo Wika se declara en estado de emergencia: “como población vulnerable tenemos muchas necesidades básicas insatisfechas a las cuales se suma la sequía, falta de alimentación y fenómenos naturales como los incendios forestales que por estos días afectan la Sierra Nevada de Santa Marta, desde la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona nos declaramos en estado de emergencia”.

La irrupción del coronavirus en el territorio nacional ha desnudado la precariedad en la que viven muchos colombianos, como los vendedores ambulantes, los trabajadores del sector de la salud, y otros tantos. También ha hecho ver lo frágil del modelo económico que sufre ante el plantón de los empleados, que al no trabajar, hacen débiles a las empresas. Y poco se ha mencionado a los actores menos mediáticos como los indígenas, que también hacen parte de los afectados por la pandemia, que en distintos sitios ya aportan muertos a la crisis. Paradójicamente, sanos.

• Este artículo se desarrolló casi en su totalidad con información oficial de asociaciones indígenas publicada en https://www.onic.org.co/

Fotografía: cortesía de AFP.