Columnista:
Chrístofer Hidalgo
En aplicación de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, desde este año han sido publicadas las declaraciones de renta de los funcionarios del Estado, las cuales han dejado suspicacia en el ambiente, por lo diversas que han resultado y lo irreales que parecen.
El senador Gustavo Bolívar dio pie para poner en el debate público la cuestión de las propiedades de los senadores y mostró su declaración de renta, que es mayor a la de todos los integrantes del Senado que pertenecen al Centro Democrático; un hecho variopinto si se consideran las filiaciones políticas de la Colombia Humana a la que representa Bolívar y la orilla contraria, en la que figuran empresarios y ganaderos.
La declaración de renta de Álvaro Uribe, suscitó también la atención colectiva, aun cuando se sabe que es uno de los mayores latifundistas del país. Que Uribe y otros tantos acumulen grandes cantidades de tierra, que además se usa para ejercer la soberanía del territorio, es un proceso que se ha venido dando desde hace más de medio siglo.
El conflicto armado sirvió para dar vigor a la práctica colonial de la acumulación de tierras que, hoy en día, es uno de los factores que contribuyen a la precarización industrial y al desarrollo de la agricultura en Colombia. Durante más de cinco décadas de conflicto armado, la pugna ideológica entre los grupos subversivos, los paramilitares y el Estado, pasó a un segundo plano, ya que durante esa guerra el gran motín ha sido la apropiación de inmensas hectáreas de tierra, que han pasado en grandes cantidades, a pocas manos.
Durante varias décadas, se han hecho tenues intentos por llevar a cabo una Reforma Agraria que configure un nuevo panorama social que permita a los campesinos el acceso a la tierra. La débil estructura institucional de los entes de control, ha hecho que en muchas ocasiones los terrenos tengan dueños sin un título de propiedad; situación que, nuevamente, favorece a algunos y perjudica a muchos. En el informe Tierras y conflictos rurales, se da fe de esta disyuntiva que tiene como víctimas principales a los campesinos que, durante el conflicto armado, han sido despojados de sus tierras, a la vez que les ha sido imposible recuperar las tierras perdidas, ya que no tienen el sustento jurídico que respalde la titularidad de sus bienes.
Sin embargo, el conflicto armado, también ha ayudado a que algunos sean capaces de ganar el espacio del suelo colombiano. Los grandes terratenientes históricamente han sacado rédito de la guerra para hacer inversiones en tierras devaluadas por el conflicto que, en situaciones hostiles para sus propietarios campesinos, son vendidas a precios muy inferiores de su valor comercial. En otro documento firmado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia) que, analiza de forma directa la situación del manejo de tierras, incorpora a los actores empresariales en el escenario:
«El modelo empresarial del campo, que subyace a las políticas de inversión en tierras, en vez de considerar la concentración como un obstáculo al desarrollo económico y social, como se hacía en las décadas de los 60 y 70, hoy en día tiende a percibirle como parte del metabolismo propio de la modernización y del crecimiento rural». (FAO, 2014).
Con lo anterior, se puede establecer que la percepción, sobre todo, de los Gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque, frente a las prácticas neoliberales que influyen en el fenómeno de concentración de tierras, que en este escenario queda legalizada en vades foráneas, es contraria a la del sector del campesinado que ha sido víctima. Como política de Estado, que los Gobiernos mencionados han ayudado a replicar, la concentración de la tierra en Colombia se explica por su utilidad a los ricos, que ven en la tierra la oportunidad para consolidar el poder económico, aun cuando las tierras que poseen no tienen una utilidad productiva preponderante. Y, es esto último, lo que llama la atención en el caso colombiano, ya que, hay vastos territorios en los que la tierra no se usa para producir, sino para acaudalar terreno; la tierra en Colombia se desaprovecha y se relega a ser la representación de un símbolo de dominio en el plano social y político.
Los datos de Radiografía de la desigualdad, muestran cifras concretas que ayudan a entender el panorama actual:
— Colombia es el país más desigualdad en América Latina en relación con la repartición de tierras.
— Aproximadamente un millón de campesinos en Colombia posee menos tierra que la que utiliza en promedio una sola vaca.
— Las pequeñas fincas destinan una parte importante del área que las compone en la siembra de cultivos y la producción de alimentos, por el contrario, las grandes fincas aglomeran grandes territorios improductivos, o que son ocupados por la ganadería extensiva.
— El 1 % de las UPAs (Unidad de Producción Agropecuaria) o fincas, de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99 % de las UPAs.
La información anterior sirve para demostrar la forma precaria en la que se distribuye la tierra (que representa la riqueza) en Colombia; el hacer más ricos a los latifundistas es una política de Estado encubierta, de vez en cuando, con promesas de Reformas Agrarias que nunca prosperan. La relación entre latifundistas y poder político es evidente.
Ilustración: cortesía de Jorge Tukan.
