The New York Times pone en evidencia al Ejército colombiano

Fue publicado un artículo en el diario más leído del planeta, The New York Times, que abre un debate sobre heridas profundas que este país tiene y de las que está lejos de sanar. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército Nacional de Colombia. 

El artículo en el cual entrevista a oficiales y consigue hacerse a informes del mismo Ejército menciona, entre otras cosas: «El comandante del Ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso».

En la primera década del 2000, Colombia vio cómo su propio Ejército ejecutó extrajudicialmente a más de 10 mil ciudadanos colombianos, en su mayoría campesinos y personas que por decirlo de alguna manera, nada tenían que ver con el conflicto armado. Hoy más de 1.600 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas están siendo investigados o ya han sido condenados por estos hechos.

Lo que denuncia el diario estadounidense no es nada que no sepamos; sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que sea un medio de comunicación extranjero el que lleva a cabo esta tarea de denuncia y, que no lo haga ninguno de los medios nacionales, que deberían también tener unidades investigativas para estas cuestiones. Por otra parte, la investigación pone en evidencia un hecho perverso por parte de una institución que, según el imaginario social, debería proteger y salvaguardar la vida de sus ciudadanos.

El informe señala que «El gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia, según documentos publicados por Human Rights Watch, una organización de derechos humanos. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada«. Al parecer, el gobierno actual está ofreciendo estímulos a los oficiales para que sigan con estas prácticas y para que los que vienen detrás sigan el ejemplo.

Es oprobioso para una sociedad que una fuerza del Estado se preste para masacres, desapariciones, torturas y asesinatos sistemáticos. Y es aún peor que se premie a aquellos miembros de la fuerza que actúan de esa manera.

Según el artículo de The New York Times, los estándares para llevar a cabo las operaciones de combate debían estar anteriormente en un 85 por ciento de certeza del objetivo, pero en la actualidad ese estándar cambió: según los oficiales consultados puede estar entre el 60 y el 70 por ciento. Esto tiene serias repercusiones para la seguridad de la sociedad civil, la misma que debe estar cada vez más organizada y disciplinada para hacer frente al Estado que, al parecer, quiere recrudecer la guerra a como dé lugar.

El artículo nos pone frente a una realidad preocupante, en tanto que apunta a que se descubrió un patrón en el que el Ejército tiene que mostrar resultados, y ya sabemos en que acabó esa política guerrerista. Los últimos casos como el de Dimar Torres Arévalo dejan muy claro que hay recompensas a la tropa y exigencias a los oficiales para que aumenten las cifras de muertos en combate.

El ejemplo que da The New York Times es tan real como espantoso: «Los oficiales afirman que, poco después, comenzaron a identificar asesinatos sospechosos o arrestos. Uno de los oficiales citó un asesinato que un informe del Ejército simplemente calificó como la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan del Golfo, el 25 de febrero. En el documento se decía que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del Ejército, y que el combate terminó en una muerte y dos arrestos. Una pistola y un revólver fueron encontrados con los hombres. El informe fue proporcionado al Times por un oficial que cree que es poco probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón de 41 hombres».

Por otra parte, quienes le han seguido la pista al conflicto armado colombiano y al actuar del Ejército, quizás saben que hay evidencia que indica que el Ejército tiene una caja menor para comprar armas en el mercado que son utilizadas en montajes de los  Falsos Positivos. La investigación del periódico extranjero nos ayuda a poner en el debate público algo que al parecer a la prensa dominante del país no le interesa hacer.

Debemos hacer control social a todos los entes del Estado y tomar todas las herramientas que no permitan hacerlo.

Hace unos días, la comunidad del Catatumbo nos dio una lección enorme cuando, tras el asesinato del Ejército Nacional a Dimar Torres Arévalo, se organizó armada de celulares y linternas, para dar con su cadáver en medio de la oscuridad y a punto de ser desaparecido, pues hasta fosa le habían cavado los soldados de la patria. Recuerden que a Dimar no solo lo asesinaron, sino que antes de hacerlo, lo emascularon, lo violaron y lo torturaron.

Gracias a la organización y resistencia de la comunidad del Catatumbo, hoy hay un coronel en investigación y el ministro de defensa ad portas de ser retirado de su cargo; el coronel del Ejército Jorge Armando Pérez fue vinculado a la investigación por el homicidio del excombatiente de las FARC Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril en la vereda Carrizal, subzona del Catatumbo (Norte de Santander).

Según el vicefiscal general encargado, Fabio Espitia, Pérez será imputado por encubrir el presunto crimen, pues, según el ente investigador, habría tenido conocimiento de los hechos y no informó de lo ocurrido. Como supimos, la Cámara baja aplazó la moción de censura para Guillermo Botero, porque le llegó nueva información del patrón de asesinatos a civiles, que seguramente tiene que ver con la información divulgada por The New York Times.