Superioridad moral y elecciones en la Colombia mafiosa

Columnista:

Germán Ayala Osorio

Sostengo de tiempo atrás que en Colombia, a millones de colombianos, los guía un ethos mafioso con el que, como sociedad, hemos podido legitimar la corrupción pública y privada, quizás el mayor problema del país y matriz desde donde se desprenden otros tantos problemas.

Proscribir ese ethos mafioso es quizás el reto más grande que tengamos como sociedad. Todos los candidatos a la presidencia, en diferentes campañas, han prometido o señalado que lucharán contra la corrupción. Sin duda, se trata de saludos a la bandera que contribuyen a la desesperanza de una parte importante de la sociedad que a pesar de  intentar mantenerse al margen de las prácticas corruptas, por acción o por omisión, sus miembros caen en las dinámicas propias de ese ethos mafioso.

Los precandidatos que hoy aparecen en la escena electoral en algún momento de sus vidas se han referido al asunto, intentando, por supuesto, ocultar sus relaciones o cercanías con esas prácticas mafiosas que hacen parte del quehacer de los políticos profesionales.

Cada uno, a su manera, se instala en una especie de montaña desde donde otean la problemática, al tiempo que se instalan en un plano moral superior. Por estos días, Íngrid Betancur decidió subir a la cumbre más alta de la moralidad, y desde ese lugar privilegiado, descalificó, con justa razón, la llegada a la Coalición de la Esperanza, de políticos de Cambio Radical, para respaldar a Alejandro Gaviria. Huelga recordar que esa colectividad, junto al Centro Democrático, exhibe miembros condenados y procesados por actos de corrupción.

Parece olvidar la ciudadana colombo-francesa que ella acompañó y apoyó la campaña presidencial de Andrés Pastrana Arango, hijo ilustre del Establecimiento y agente político que desde el Estado, por acción u omisión, ayudó a la consolidación del ethos mafioso que hoy sirve para que Colombia se luzca ante el mundo como uno de los países más corruptos del mundo. Corrupción que, por supuesto, está anclada de muchas maneras a la cooperación internacional.

Betancur descalifica las maquinarias, y parece olvidar que sin estas es prácticamente imposible resultar electa. No basta con los votos de los ciudadanos para llegar y para co-gobernar. Íngrid Betancur asume una actitud con la que busca exhibir unos  niveles de pulcritud imposibles en un país en el que se entronizó y se naturalizó el ethos mafioso. Quiéranlo o no, todos los candidatos deberán aceptar el apoyo de las sempiternas mafias que rodean el ejercicio del poder en Colombia. El solo hecho de que las campañas políticas sean patrocinadas por conglomerados económicos es ya un indicador negativo, puesto que esos apoyos económicos implican el sometimiento de la voluntad de quien los recibe. En política no hay amigos, hay intereses.

Alguien podrá preguntarse: ¿entonces no podremos librarnos jamás de la corrupción público-privada? La respuesta es no, hasta tanto los miembros de la élite dominante, la burocracia armada asociada al mundo castrense, los directores y dueños de los partidos políticos o sectas con fachadas de partidos; los periodistas afectos al régimen, las iglesias y los ciudadanos en general, compartan la misma idea alrededor de para qué sirve el Estado. Cuando ello suceda, habremos abonado el terreno para superar y quizás proscribir el ethos mafioso que inspira a los corruptos.

Quizás una pregunta sencilla para todos los candidatos presidenciales y a los que aspiran a llegar al Congreso nos pueda dar pistas sobre la posibilidad real que hay de superar la corrupción: ¿para qué sirve el Estado? Damos por sentado que porque son candidatos, saben con certeza la respuesta. Más importante que saber responder el interrogante, está en comprender que hay acciones de Estado que están por encima de las propias motivaciones ideológicas e intereses políticos. Por ejemplo, el fatuo del Iván Duque Márquez jamás pudo comprender qué es eso de ser jefe de Estado. En esa misma línea estuvieron Uribe, Pastrana, Samper, Betancur, López Michelsen y Turbay Ayala. En particular, Uribe Vélez, hoy reconocido como el Gran Imputado, sometió el Estado, lo privatizó y lo puso al servicio de sus clientelas y amigos.