Columnista:
Germán Ayala Osorio
Si de manera crítica relacionamos el actual modelo agro extractivo vigente en Colombia, la fiebre por la tierra desatada en buena medida por la violencia ejercida por los grupos paramilitares, los sempiternos latifundistas y ganaderos, y las empresas constructoras, encontramos un factor común a todas estas variables, con todo y sus agentes: la subvaloración de la biodiversidad, lo que implica la imposición de un discurso ético-estético con el que se logra despreciar la compleja red de relaciones que los ecosistemas establecen de manera natural. Dicho desprecio o subvaloración deriva en un también compartido vacío educativo. A lo que suma, por supuesto, el triunfo de una racionalidad moderna que, asociada a la exaltación del hombre blanco, se convirtió en el factor decisivo para quebrantar las cosmovisiones y las ontologías de la resistencia de comunidades afros, indígenas y campesinos.
Bajo esas circunstancias opera el proyecto político de la derecha y la ultraderecha colombianas, liderado en gran medida por agentes que, además de ser políticos, fungen como ganaderos y latifundistas, lo que los hace proclives a desestimar el valor ético-estético de los ecosistemas, en particular las selvas, de ahí su participación en los procesos de intervención de estos frágiles hábitats. Potrerizar e instalar monocultivos de palma aceitera, azúcar y maíz, son dos de sus acciones favoritas y para ello las masacres cometidas por los paramilitares y la extensión en el tiempo del conflicto armado sirven a sus intereses económicos y políticos. Al final, lo único que les interesa es especular con el valor de la tierra, mientras llegan a esos territorios proyectos urbanísticos y carreteables para terminar haciendo parte de concesiones viales o terminar vendiendo sus posesiones, por metro cuadrado, cuando esas tierras fueron adquiridas a precios irrisorios, por hectáreas, o a través de actos violentos de desposesión como lo hicieron ganaderos con el apoyo de los paramilitares.
Las declaraciones de Benito Osorio ante la JEP no solo dan cuenta de las relaciones de José Félix Lafourie con las AUC, sino las dinámicas desplegadas por fondos ganaderos para desplazar a campesinos y quedarse con sus tierras o comprarles a bajo costo, a las viudas.
Si el anterior panorama lo miramos desde una perspectiva evaluativa de la sostenibilidad, asumida esta como un discurso y una acción ético-política, concluimos que Colombia arrastra estadios de insostenibilidad socioambiental, ecológica y étnico-cultural, mientras que desde la economía y la política, la sostenibilidad se mantiene por la fuerza de la tradición y por el poder acumulado por latifundistas y ganaderos, dentro y por fuera del Estado.
Podemos señalar que Colombia exhibe hoy una sostenibilidad fracturada-asistémica, que no solo promueve y empodera la ética-estética de los ganaderos y latifundistas, sino que anula cualquier posibilidad de examinar estas y otras actividades antrópicas, desde la complejidad y el enfoque sistémico. La primera evidencia de esa sostenibilidad fracturada, es el triunfo de la economía sobre la política, circunstancia que se enfrenta de manera directa a las lógicas de la economía campesina, no asociada al espíritu acumulativo que orienta la vida de quienes defienden a toda costa el enriquecimiento y la concentración de la riqueza en pocas manos y por esa vía, el individualismo, como marca y bandera de un proyecto moderno montado sobre odios y resquemores de aquellos agentes blancos que suelen otear desde sus extensas posesiones de tierra, la vida colectiva de indígenas, afros y campesinos.
La minería, legal e ilegal, en manos de multinacionales y grupos armados ilegales hace parte de las estrategias de desplazamiento y de erosión de los procesos de resistencia y de la consolidación de las territorialidades de carácter colectivo y comunitario.
El triunfo de la ética-estética blanca viene dejando no solo conflictos socio ambientales, sino procesos sostenidos en el tiempo de una evidente aniquilación de esas ontologías de la resistencia comunitaria. Al final, el carácter evaluativo de la sostenibilidad, como discurso y acción ético-política, deberá examinar, inexorablemente, el ethos que guía la vida privada y pública de los señalados agentes de poder. Y hay hechos fácticos que permiten señalar que ese ethos deviene con un carácter pernicioso-mafioso que afecta la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.
