La ley en Colombia no sirve para nada, o bueno, seamos más condescendientes; para casi nada. Esta afirmación sin duda no impresionará demasiado ni tomará desprevenido a alguien, pues estamos tan acostumbrados a estar desprotegidos por la norma, que esta no significa absolutamente nada para nuestra sociedad, y se ha convertido en un mero debate televisivo o de redes sociales, tal vez nunca ha dejado de serlo.
Pero la ley no es la única inoperante, sino también las instituciones gubernamentales, las cuales brillan por su ineficacia social. Por estos motivos, la ciudadanía colombiana no tiene una conciencia de la ley, ni mucho menos de la democracia.
Al día de hoy, desde el año 1991; existen más de 1900 leyes vigentes en nuestro país, además, tenemos una extensa Constitución Política con 380 artículos, la cual no se reduce al texto constitucional, sino que se extiende a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales se cuentan por montones; infinidad de decretos presidenciales; de reglamentos y circulares; incontables sentencias tanto de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
Por instituciones no nos quedamos cortos, están las del nivel nacional, como la Presidencia de la República; los Ministerios y el Congreso. Tenemos el nivel local, como las gobernaciones y asambleas; alcaldes y concejales; además ediles comunales; está la Procuraduría; la Contraloría; la Fiscalía, cada una con multiplicidad de dependencias esparcidas por todo el territorio nacional. Y todo esto sin pensar en la infinidad de entidades públicas creadas en cada territorio, innumerables, inabarcables hasta por el más dedicado de los juristas.
A pesar de lo anterior, somos el sexto país más ignorante del mundo, el tercero más desigual, y el más violento del continente para el año 2015, hasta antes de iniciarse las negociaciones de paz con la guerrilla más antigua de América, lo cual se traduce en términos simples en que; somos extremadamente incultos, supremamente violentos, y suficientemente miserables.
Ninguno de estos problemas es resuelto ni por la infinidad de leyes que nos gobiernan, ni por la inmensidad de instituciones que nos rigen. Por lo tanto, se puede concluir válidamente que, en Colombia, la ley y las instituciones, como ya se había dicho, no sirven en lo absoluto.
Por lo tanto, la ciudadanía colombiana debe enfocar sus esfuerzos en un foco diferente del legal o institucional, y sin duda el foco es la sociedad misma. Si no se modifica de raíz la cultura colombiana de la ilegalidad; la delincuencia y la ignorancia, no habrá ninguna ley o institución que nos saque del desastre de país en el cual vivimos.
Colombia es un Estado fallido, es decir, la institución estatal es ineficaz esencialmente, pues vivimos en un país donde se presentan índices del 99% de impunidad, donde hay casi 8 millones de desplazamientos internos, donde existen infinidad de grupos armados de toda calaña, como lo son; disidencias de las Farc, bandas criminales, el ELN, combos delincuenciales y, lo más preocupante, donde el Estado mismo está coartado por el paramilitarismo y la mermelada, es decir, violencia y pobreza para todos.
Por lo tanto, como veníamos viendo, la salida no es ni la ley ni el Estado, pues, aunque estos no son el verdadero problema, lejos están de ser la solución. La salida está en la conciencia ciudadana de la búsqueda de un mejor vivir, sencillamente en el entendimiento colectivo de la situación en la que nos encontramos, y en el empoderamiento político de los habitantes de esta gran finca llamada Colombia. Pareciera sencillo, pero es mucho más complejo que expedir una ley o crear una institución.
Entonces viene el dilema ¿Cómo hacer consciente a una sociedad inmersa en estos problemas tan graves y profundos? ¿Es viable que la ciudadanía por sí sola logre levantarse cuando esta misma está imposibilitada por su esencia? ¿Acaso podría educarse un pueblo para el cual la educación no significa absolutamente nada? En estas preguntas reverberan decepción y perplejidad, pero no nos podemos quedar estancados, hay que tomar cartas en el asunto.
Si la política misma ha creado esta realidad social en la cual estamos inmersos, política permeada por los antivalores más peligrosos ya tratados, si la política es la que genera la inoperancia de la ley y las instituciones, entonces la política al mismo tiempo es la solución.
Son entonces los ciudadanos individualmente considerados, que se cuentan escasamente por puñados, sabios y conocedores de los asuntos de la república, quienes deben tomar cartas en el asunto, pues la ciudadanía por sí sola no ha de despertar del letargo en el cual está sumergida por el vampirismo político, ni la clase política tradicional habrá de modificar lo que ella misma construyó.
Ciudadanos intelectuales que deben dejar de lado el papel eminentemente académico y saltar a la contienda electoral, luchar políticamente y acceder al poder, esto con la única y exclusiva finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la norma y el correcto funcionamiento de las instituciones, de las cuales si hacemos un profundo análisis jurídico, son esencialmente positivas, es decir, en el papel estas están en favor del ciudadano y de sus derechos fundamentales y demás, el problema radica, volvemos a reiterar, en su ineficacia.
Así que este artículo no sea más que una invitación al lector académico o intelectual; invitación panfletaria y revolucionaria, a dar el salto a la arena política, para aportar su granito de arena a la construcción de país y, sin duda, a la colaboración política para el desarrollo intelectual y cultural de la sociedad, que debe ser el primer paso para la construcción de un país decente.
