Columnista:
Daniel Alexander Montoya Castrillón
Margarita Cabello Blanco —quien hasta hace poco fue la ministra de Justicia y del Derecho en el Gobierno Duque— está usando el poder de la Procuraduría General para acallar a sus contradictores ideológicos. Plácidamente puso en marcha tres investigaciones disciplinarias en contra de dos senadores y una represente a la cámara, todos ellos miembros de la oposición.
Sus pecados, haber abogado por los derechos humanos de algunos manifestantes en el marco del paro nacional, cuestión que dicho sea de paso, la Procuraduría poco o nada ha hecho en el marco de la manifestación social.
Por ejemplo, al senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, la Procuraduría lo investiga «por presuntamente utilizar su investidura para intervenir en un procedimiento policial que se llevó a cabo el 1 de mayo de 2021 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), en la que al parecer se capturó en flagrancia a algunos habitantes de la municipalidad por posibles actos de vandalismo, lo que a juicio del quejoso podría configurar una extralimitación de funciones».
También, pide a la Comandancia de la Policía Metropolitana de Cali «para que ordene a quien corresponda informe lo siguiente, con relación a la detención de ciudadanos en flagrancia por actos de vandalismo el 1 de mayo de 2021, operación en la que supuestamente participó el senador de la República, Alexander López Maya».
A la representante a la Cámara de la Coalición Lista de la Decencia, María José Pizarro Rodríguez, la Procuraduría la investiga «porque presuntamente habría utilizado su investidura para intervenir en procedimiento policial de control a manifestantes en protesta que se adelantaba el 5 de mayo a las afueras del Capitolio en Bogotá». Y al senador del Polo Democrático, Wilson Neber Arias Castillo, la Procuraduría lo investiga «por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el pasado 30 abril en la ciudad de Cali».
Además de lo anterior, y para que no queden dudas, también se suman a las indagaciones preliminares emitidas por la Procuraduría General: los representes a la Cámara, Inti Asprilla y Ángela María Robledo, ambos pertenecientes al Partido político Alianza Verde por supuestamente «gritar, echar y humillar a la Policía en la sesión del Congreso del 26 de mayo de 2021, cuando se realizó un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano».
Sin embargo, todo parece indicar que la arremetida de Margarita Cabello en contra de los congresistas, se debe a un proyecto de ley que ella misma presentó en el Congreso de la República en la «que busca que su entidad, entre otras, pueda juzgar e investigar a funcionarios elegidos popularmente». Pero que a decir verdad, existen reparos de parte de la oposición, ya que le da «facultades de jueza a la funcionaria».
Quizás, por eso, y con justa razón, los partidos de oposición vean luz en medio de la penumbra con la llegada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro país, no solo para tratar temas en lo que se refiere a la protesta social, sino también en lo relativo a los mismos.
Posdata: Y a todas estas, ¿qué hay detrás del nombramiento que hizo Margarita Cabello en la Procuraduría General, por el que se designa a María Paula Barbosa Delgado, hermana de su homólogo el fiscal general, Francisco Barbosa como nueva asesora del Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales en la PGN?
