Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
En su último informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alerta sobre la grave situación de inseguridad que padecen los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, así como los líderes sociales y defensores de derechos humanos en nuestro país, pues la violencia en contra de estos actores sociales no cesa, a pesar del aislamiento social obligatorio.
Ya en otra oportunidad la misma organización había planteado, a través de su relator, que Colombia es un país muy peligroso o uno de los más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
En carta dirigida al presidente Iván Duque, el pasado 4 de junio, 28 miembros del Parlamento Europeo manifestaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia. En la misiva, los parlamentarios extienden al primer mandatario su reflexión por las acciones de seguimiento y vigilancia aparentemente ilegales realizadas por el Ejército Nacional a periodistas, investigadores, abogados, defensores de derechos humanos, jueces, miembros del Gobierno, congresistas de partidos políticos de la oposición, etc., señalando que se unen al pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, en el sentido de resaltar que la inteligencia militar debe utilizarse para proteger los derechos humanos y no para vulnerarlos.
En lo que tiene que ver con la situación que padecen los defensores de derechos humanos, resaltan que entre enero y marzo de 2020, según el Programa Somos Defensores, hubo 62 asesinatos de personas defensoras, además, el riesgo para estas y sus familias se ha incrementado debido a la medida de confinamiento, lo que hace que sean más fácilmente ubicables por sus victimarios.
Expresan su preocupación por las denuncias relacionadas con la respuesta insuficiente del Estado colombiano frente a estos hechos y, en algunos casos, frente a la disminución de las medidas de protección a estas personas.
Consideran necesario, entre otros aspectos, que se tomen medidas adicionales para detener la violencia y para que se implementen las que fueron recogidas en el Acuerdo de Paz con ese fin, lo que consideran una prioridad y garantía para la protección de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en las zonas más afectadas por el conflicto, así como de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC.
Pues bien, mientras la comunidad internacional se encuentra pendiente de la grave situación de los derechos humanos en nuestro país y exige con urgencia medidas para contrarrestar su violación, el Gobierno Nacional no quiere tomarlas y se preocupa de otros asuntos. El Acuerdo de Paz es sinónimo de impunidad y por ello el partido de Gobierno sigue empecinado en modificarlo y, poco a poco, eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ni siquiera las medidas para atender la emergencia sanitaria están en el orden del día, pues es más importante la adquisición de material bélico para la Policía Nacional y concretamente para el ESMAD, muy seguramente para contener de manera salvaje la protesta social luego del aislamiento obligatorio; cuando la ciudadanía despierte y comprenda las reformas pensional, laboral, etc., que por decreto se impongan en detrimento de los derechos de todos. ¡Hágame el favor!
De igual manera, a pesar de la situación compleja de violencia que ha provocado la falta de implementación del Acuerdo de Paz, se recorta el presupuesto estipulado para su cumplimiento con el “pretexto” de destinarlo para atender las necesidades ocasionadas por la pandemia, pero al mismo tiempo, se celebra un contrato por valor de 3500 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente, con dineros del Fondo Paz, que tienen una destinación específica.
De otro lado, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, uno de los aspirantes a candidato presidencial en las próximas elecciones por el Centro Democrático, plantea nuevamente la modificación del Acuerdo de Paz o, mejor, de su implementación, como dice él, a través de un pacto político y, para rematar, su partido propone por tercera vez, la transformación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que considera una justicia politizada.
Ahora, al senador Álvaro Uribe se le ocurrió, seguramente atendiendo al temor de que se sepa la verdad, que los miembros de la Fuerza Pública solo deben ser juzgados por la Justicia Penal Militar, reiterando su oposición a que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su obsesión de siempre. Según el expresidente, la libertad ofrecida en la justicia especial es un señuelo, para que los beneficiados, por la presión de sus familias, reconozcan delitos no cometidos. Como si los beneficios por aceptar responsabilidad y colaborar con la justicia no existieran también en la jurisdicción ordinaria. ¡Qué miedo le tiene a la JEP!
Adicionalmente, el expresidente olvida que la Justicia Penal Militar no tiene competencia para investigar y juzgar delitos contrarios a la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, como son los relacionados con violaciones a los derechos humanos, los de lesa humanidad y las infracciones al derecho internacional humanitario, conductas punibles que por su extrema gravedad son consideradas, en todos los casos, ajenas al servicio y, por tanto, no cobijadas por el fuero penal militar.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente para demostrar que al Gobierno y al partido de Gobierno no les interesa la paz y, mucho menos su implementación, el pretexto de la pandemia ha servido para mantenerla en el último rincón, donde siempre han querido que permanezca, con una hiperproducción de decretos legislativos, con fundamento en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado, que no ha tenido propósito distinto que el de favorecer al sector financiero, a los grandes empresarios e industriales, mientras que las clases medias y bajas padecen la crisis económica, sin medidas para solucionarla, producida por el aislamiento obligatorio, y en los campos se desata una inusitada violencia contra el campesinado por la falta de implementación del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) contenido en el Acuerdo de Paz.
Los campesinos han cumplido con la erradicación voluntaria, mientras el Gobierno incumple y, a sangre y fuego, impone la erradicación forzada y trae tropas estadounidenses, violando la Constitución Política, para que “asesoren” al Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. ¡A otro perro con ese hueso! En el debate de control político al ministro de Defensa en el Senado, se denunció que la brigada que llegó al país tiene entre sus funciones, la posibilidad de asociarse con grupos paramilitares o al margen de la ley para cumplir con su misión.
¿Cuál misión creen ustedes?
Ojalá Colombia no resulte involucrada en un conflicto internacional con Venezuela, con la manida excusa de contribuir al restablecimiento de la democracia en el vecino país.
Como colofón, puede decirse que mientras para la comunidad internacional la paz sigue siendo presupuesto de garantía del ejercicio de los derechos humanos y la democracia, para el Gobierno Nacional y el partido de Gobierno no lo es, lo que explica por qué según la ONU los asesinatos contra defensores de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50 % en 2019 comparado con 2018.
Además, la situación del país se agrava con la evidente inestabilidad del Estado social de derecho. En efecto, en estos momentos, la justicia no funciona adecuadamente, se encuentra casi suspendida en su totalidad a pesar de ser un servicio público esencial, el Congreso no ejerce control político al ejecutivo respecto de las medidas adoptadas con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social, por causa de la emergencia sanitaria, y la Fiscalía parece que opera como defensora de oficio en las causas en las que puede resultar involucrado el presidente de la República.
La paz se deshace ante nuestros ojos y, con ella, lo que queda de democracia, como agua entre los dedos.
