En Colombia, tristemente, se ha consolidado una élite conformada por empresarios expertos en acabar y liquidar grandes empresas públicas como privadas; este resultado, influenciado por reconocidos políticos y servidores públicos en las altas esferas del Estado, quienes además de devengar millonarios salarios cuentan con un poder discrecional que los convierte en reyezuelos de las finanzas. Sus decisiones afectan de manera directa a un grupo social vulnerable en unos casos, y en otros, a millonarios inversionistas.
Para no ir muy lejos, cuando llegó Juan Carlos Restrepo a la dirección de la DNE, procedente del partido Cambio Radical, su misión era -aparentemente- acabar la corrupción allí existente y quitársela a los políticos inescrupulosos que la manejaban. Empero, su tarea se limitó a hacer denuncia mediática; gerencial y administrativamente no hizo nada, no tomó decisiones para aplicar correctivos, en su lugar, preparó el ambiente político y mediático para su liquidación; esa fue su tarea y con ella le daba gusto a la galería y de paso, se enterraban administraciones de la DNE de su mismo equipo político que habían actuado de manera negligente y corrupta.
De allí salió a ocupar un cargo muy importante en Ecopetrol y olvidado el asunto. Posteriormente la Fiduciaria La Previsora designó a María Mercedes Perry -con unos honorarios superiores a 700 millones anuales- quien le dio santa sepultura a la DNE como “liquidadora estrella,” y liquidada se la entregó a la SAE. ¡Increíble! A la SAE transfirieron cerca de 75 mil bienes, con los mismos depositarios, los mismos padrinos políticos y el mismo grado de corrupción, es decir, un nuevo nombre con idéntico virus o peor, uno más sofisticado en manipular y manejar bienes, pues los depositarios nunca fueron cambiados, tras de ellos se mimetizaron los mismos políticos. ¿Cuánto están produciendo hoy en día esos bienes para el Estado, en comparación con lo que producían antes de su liquidación?
Del corazón del Vargasllerismo fue nombrado liquidador de Caprecom, Felipe Negret Mosquera, quien además había participado como administrador de bienes en la DNE, liquidador del recordado ISS y hoy liquidador de la comisionista de bolsa Interbolsa designado por Fogafin. Dentro de este contexto, cabe preguntarse: ¿En dónde radica el poder de este eximio multimillonario sepulturero de empresas? ¿A quién representa?
Otro caso emblemático es Alejandro Revollo Rueda, cuota del exsuperintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, del partido liberal. Lo nombró primero como representante legal de dos empresas del Fondo Premium – Valores incorporados S.A.S y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., de ahí paso a ser el interventor en la liquidación total de todas las empresas del mismo fondo con oficinas en Colombia, Panamá y Curazao. De interventor pasa a liquidador de todas las anteriores, dándoles un entierro de tercera. Es conocida en el ámbito comercial la manera diligente para hacerle perder valor a los bienes del Fondo Premium, perjudicando a los inversionistas, eliminando empleos y acabando con empresas exitosas en la vida comercial del país.
Saludcoop, la más importante empresa social cooperativa en el sector salud, administrada por el Sr. Carlos Gustavo Palacino, EPS que tuvo un crecimiento inusitado aprovechándose de los recursos públicos de la salud, fue intervenida por la Superintendencia Nacional de salud, nombrando al señor Guillermo Grosso Sandoval como último agente especial interventor de Saludcoop, pero claro, sucedió lo mismo que con las empresas anteriores, la terminó liquidando, demostrando que el Estado y sus agentes son pésimos administradores.
Lo insólito es que la empresa que va a recibir todos los pacientes, casi 3.5 millones de colombianos de recursos económicos limitados, llamada Cafesalud, va a ser administrada por el señor Guillermo Grosso Sandoval, quien con toda seguridad será muy efectivo liquidando a la misma Cafesalud; en dos o tres años lo estaremos comprobando, además acompañado del grave perjuicio para los millones de colombianos que allí hacen sus aportes en salud.
Siempre, detrás de unas liquidaciones como las que he señalado -entre otras- hay secretos empresariales, políticos y económicos non sanctus, que por lo general no se ventilan a la opinión pública porque hay intereses poderosos que así lo deciden, y son los que construyen con filigrana cada paso, desde escoger la entidad que van a liquidar, determinar sus operaciones, su vida útil, su camino gradual a la quiebra hasta entregarlas para el trabajo de los sepultureros. Tras de la liquidación de la DNE, no existía ninguna preocupación moralizadora, sino el propósito de debilitar y atacar a unos sectores políticos regionales y nacionales, sumado al hecho de querer borrar en la historia de la DNE un capítulo que involucraba administraciones corruptas de los años 2002 a 2005.
En casos como el de Caprecom -para nadie es un secreto que el dueño político y administrativo era el senador Roy Barreras, del partido político de la Unidad Nacional- la mejor forma de sanear ese campo minado de corrupción, es sepultando la entidad y con ella todos sus gérmenes. En el caso de Interbolsa y del fondo Premiun, es vox populi que hay muchos inversionistas millonarios y con mucho poder político, que además de recuperar su dinero, quieren cerrar ese capítulo definitivamente. En el caso de Saludcoop, se ha difundido ampliamente en los medios de comunicación que parte de los dineros de la salud de los colombianos terminaron en las cuentas personales de prestigiosos abogados por concepto de millonarios honorarios como los cancelados al hoy Fiscal General Luis Eduardo Montealegre Lynett. Con su liquidación se le echa tierra a todos esos desmanes que comprometen a las altas esferas del poder.
Esa élite de sepultureros, que han realizado la necropsia en todos los secretos de estas entidades, son premiados porque saben guardar silencio y representan a un grupo de poderosos que de esta forma han “capturado al Estado” y que andan buscando como los chulos en dónde aparece otra empresa para liquidarla, enterrarla y seguir llenando sus codiciosos bolsillos. La ineptitud de estos liquidadores para administrar productivamente una empresa ha sido la regla de oro.
El Estado debería tomar cartas en el asunto y utilizar a través de un acuerdo con la justicia colombiana, aprovechando el conocimiento, la experiencia y la trayectoria de quienes eran sus originarios administradores, para recomponerlas productivamente, eso sería una justicia resocializadora y no únicamente carcelera.
Me atrevería a decir que personas como: Omar Figueroa, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, Carlos Palacino y otros, hoy sindicados, llegando a un preacuerdo o un principio de oportunidad con la fiscalía, hubieran obrado con idoneidad para mantener dentro de un marco legal riguroso la productividad de estas empresas, facilitando la generación de empleos y el crecimiento empresarial; posiblemente esa sería una política verdadera de retribución y restauración para la justicia, para los sindicados y para la sociedad, ¡qué desperdicio de talento humano! Es un imperativo la reorientación política criminal y penitenciaria, así como, el redireccionamiento en política pública de intervencionismo empresarial.
Entre tanto: ¡sepultureros, ineptos y millonarios, harán de las suyas amparados con un manto de protección legal del Estado y de sus padrinos políticos!
