Mucho se ha dicho sobre el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga: Que es un alcalde que limita su quehacer exclusivamente a demostrar sus resultados en las redes sociales, que solo se interesa por asuntos superfluos de la ciudad y que sus comentarios frente a situaciones de conflicto no son las más adecuadas. Todas y cada una de estas afirmaciones son ciertas, y en esta columna, no voy a escribir lo que ya está dicho hasta el cansancio.
Lo que sí quiero hacer a través de estas líneas, es dar a conocer (o mejor, sacar a relucir) un hecho del cual no se ha hablado mucho. Tal vez porque el alcalde no es el protagonista ni el héroe. Es más bien el antagonista y el villano de la historia (utilizando un lenguaje pintoresco como lo es el alcalde de la “Bella Villa”).
Durante las últimas tres alcaldías (en las cuales los gobernantes fueron Sergio Fajardo, Alonso Salazar y en mediana medida, Aníbal Gaviria), los mandatarios consagraron una parte del presupuesto municipal a los programas y proyectos con enfoque social y comunitario. A través de dichos programas la población en general (principalmente la más vulnerable) pudo recibir atención psicosocial, con el objetivo de disminuir sus factores de riesgo, aumentar sus factores de protección y de ser intervenidos en sus necesidades más sentidas. A su vez, una gran cantidad de profesionales de las ciencias sociales y humanas (trabajo social, psicología, educación, entre otros) pudieron acceder a un empleo digno que les permitiera no solo el desarrollo de habilidades laborales y la práctica de lo aprendido en los bancos universitarios, sino también mejorar su nivel económico.
Pero bueno, eso fue en las alcaldías pasadas. Según información recolectada*, la situación de los profesionales de las ciencias sociales y humanas que fueron en su momento contratistas de la Alcaldía de Medellín, no es la misma.
Según uno de los entrevistados, el cual trabajaba para el programa Medellín Solidaria, en noviembre de 2016 le notificaron a él y a sus otros compañeros de programa que el contrato terminaba a finales de ese mes. Hasta ahí, todo “normal”. La situación se complicó cuando en febrero de este año, les informaron a aproximadamente 200 profesionales, que no continuaban. Se podría pensar que no continuarían debido a falta de rendimiento laboral, a un incumplimiento de la labor o a otra causal de despido. Sin embargo, los profesionales “despedidos” (si es que ese es el término a utilizar) muchos de los cuales llevaban más de 6 años en el programa, fueron sustraídos de sus cargos sin una explicación clara. ¿Habrá derecho?
No obstante, esta no es la única situación y no solo en Medellín Solidaria se han presentado eventos fuera de órbita. Una profesional del área social, entrevistada hace algunos días, escribió en su relato “[…] de Inclusión Social sacaron contratistas de mucha experiencia y que llevaban años y ahora no están trabajando. Incluso a mí, me sacaron de la peor forma del programa donde yo trabajaba”.
Según las informaciones recolectadas, de los programas bandera del municipio (Medellín Solidaria, Escuelas y Colegios Saludables y Buen Comienzo) la cifra de profesionales del área social que fueron despedidos, suma más de 800. En el caso del programa Buen Comienzo, la ESE Metrosalud no tiene en la actualidad el contrato de dicho programa, razón por la cual, este está siendo ejecutado por otros operadores. Pero eso no es lo grave. De una parte, a los profesionales que llevaban varios años trabajando para dicho programa, cualquier día les dijeron sin razón aparente que ya no continuaban más. De otra parte y debido al cambio de operador, el salario de cada profesional que aún trabaja disminuyó de manera sustancial. Palabras más, palabras menos, estas acciones están llevando a una precariedad para los profesionales psicosociales, los cuales, no son pocos.
Dígame, alcalde ¿Hasta cuándo va a seguir masacrando laboralmente una área necesaria para el desarrollo de la ciudad? ¿O es que eso no le importa porque no puede mostrarlo en su Twitter, Facebook o Instagram?
*Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de marzo de 2017 por la columnista de forma telefónica y a través de correos electrónicos. Se reserva el derecho de revelar los nombres a petición de los entrevistados.
