El problema es que tenemos una delincuencia fuerte y un Estado débil: es muy común ver cómo las capturas no se traducen en la reducción de la criminalidad, debido a que los delincuentes muchas veces son liberados al día siguiente, o les dan penas de casa por cárcel que nunca se hacen efectivas, pues igual salen a delinquir.
Por ejemplo, en Medellín, según cifras de la misma Secretaría de Seguridad, el 70% de los homicidios se deben a luchas territoriales entre bandas por las rentas criminales, tales como la extorsión al trasporte y a las viviendas, plazas de vicio y hasta la venta de productos legales en donde obligan a los tenderos a que les compren.
Es extraño que todo el mundo sepa dónde están las plazas de vicio menos la autoridad.
Pero, incluso si se le quita al delincuente alguna de las rentas ilícitas, por ejemplo, a través de la clausura de alguna plaza de vicio, él sigue activo buscando otras formas de «ingreso» como el hurto a personas, de celulares o automotores.
La solución que han tenido algunos alcaldes ha sido el pacto del fusil, que consiste en un acuerdo de respeto mutuo entre la autoridad y la delincuencia, en donde estos últimos reducen la tasa de homicidios, con la contraprestación de que no se les persiga a ellos ni a sus rentas ilícitas. Ello trajo como consecuencia que simplemente existiera una tranquilidad aparente en la ciudad, pero no una eliminación real de la delincuencia y la cultura mafiosa heredada de los años 80.
Todo eso, aunado al hecho de que en la ciudad hay un déficit de unos 2.000 policías, pues hay 220 uniformados por cada 100.000 habitantes; es decir, hay unos 5.518 policías para cuidar a una población de 2.508.426 personas, cuando lo recomendable por la ONU son 300 policías por cada 100.000 habitantes. O sea, deberíamos tener unos 7.525 policías, exactamente, 2007 policías más de los que se cuentan actualmente.
Y si comparamos esto con los aproximadamente 6.000 miembros de los alrededor de 200 combos que hay en la ciudad, vemos claramente que la institucionalidad está en clara desventaja.
Además, no se ha mencionado la connivencia de algunos elementos policiales con la delincuencia. Otra punto es que se debe dejar de usar a la institución policial para perseguir a los vendedores informales, y en general, a las personas honestas y trabajadoras a través de retenes «quita plata»; es necesario utilizarla netamente para combatir la delincuencia.Ya bien diagnosticado el problema podemos ver cómo se puede solucionar.
Lo primero es que, ante la ineficacia de las capturas y condenas contra estos individuos, se deben reemplazar los pactos del fusil por leyes de sometimiento que permitan la desmovilización masiva, no solo de los cabecillas, sino de todos los integrantes de dichas estructuras, a cambio de penas alternativas con la condición de acabar con las rentas ilegales, contar la verdad y reparar a las víctimas. Esa fue la única forma de acabar con una de las guerrillas más viejas de nuestro país. Si eso sirvió a nivel nacional también debe servir a nivel local.
Lo otro es que, para aquellos individuos que no deseen ingresar a la civilidad, se debe ser eficaz en su captura y la tecnología puede ser un aliado vital en ese sentido. Es por ello que las cámaras de fotodetección deben ser utilizadas para detectar vehículos reportados como robados y en general para combatir la delincuencia.
También es importante asegurarse que los sitios de reclusión sean lugares donde realmente se discipline y reeduque al delincuente y no focos de comercio de drogas, extorsión mediante llamadas de celular y lugar para hacer contactos del bajo mundo.
Para finalizar, cuando estos cumplan sus penas, el Estado debe asegurar la posibilidad de educación, salud y empleo a estas personas para evitar la reincidencia. Eso se llama seguridad integral.
Foto cortesía de: Telemedellín
