Con la celebración del bicentenario de la independencia arranca un nuevo año del Gobierno Duque sin que se pueda presagiar que la situación del país mejorará.
Colombia, un país históricamente caracterizado por la desigualdad en la distribución de la riqueza y la propiedad, a pesar de los avances de la Constitución de 1991 en materia de garantía de derechos, libertad de cultos, reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, entre otros muchos logros, no supera su relato de guerras y violencia desde que existe como república, sin que el Gobierno demuestre un verdadero interés en el tema.
Duque en el exterior, que es donde regularmente se encuentra, muestra un compromiso con la paz, mientras las pocas veces que viene al país expresa su intención de frenar la implementación del proceso y deslegitima la JEP, afín con los mandatos de su mentor y líder del partido de gobierno.
En su obra Historia Mínima de Colombia, Jorge Orlando Melo describe la situación del país hacia el año 1929, es decir, pasado el primer centenario de la celebración que este año nos ocupa, de la siguiente manera:
“Aunque muchos creían que las minorías debían tener derechos, que todos los ciudadanos eran iguales, que el Estado no debía prohibir la libre expresión de ideas, gran parte de los grupos dirigentes creían que era su derecho y su obligación orientar el país, que las ideas contrarias al consenso eran peligrosas y sólo podían discutirse en forma limitada y que, como se repetía, ‘el mal no tenía derechos’”[1]
Es como si el tiempo se hubiera detenido. Las condiciones hoy son las mismas que las que reseña el autor y lo más grave es que no se conocen propuestas serias de gobierno del presidente Duque, distintas a las de apoyar la agenda del Centro Democrático y su presidente eterno, personaje que se cree con el derecho y la obligación, como sucedía a los dirigentes de hace cien años, de orientar el país hacia el rumbo que él considera el más adecuado. Es decir el que se acomoda a sus intereses o fines y que se identifican con el proceso de la regeneración de 1886.
El nuevo periodo legislativo y año de gobierno inicia con un proyecto de acto legislativo presentado por el Centro Democrático que pretende crear transitoriamente la Sala de Garantía de Segunda Instancia en la Corte Suprema de Justicia, que conocerá de los recursos que se interpongan con el fin de garantizar la segunda instancia, en aquellos procesos que no la tuvieron y que fueron resueltos con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1991.
Una reforma constitucional con nombre propio que, como lo señalé en su momento, no tiene presentación cuando su razón es la situación particular de un exfuncionario del gobierno Uribe, así digan que es para corregir una falencia existente en el ordenamiento constitucional colombiano para los aforados constitucionales juzgados entre 1991 y 2018, y que no se les había ocurrido solucionar antes, con las implicaciones que ello traerá, desde el punto de vista de la seguridad jurídica –cosa juzgada- como será la revisión de los procesos de los condenados en única instancia por parapolítica y los relacionados con el 8000, entre otros.
De igual manera, aparece en la agenda del partido de gobierno un proyecto relacionado con el tratamiento penal diferenciado o especial que deben tener los miembros de la fuerza pública involucrados en el conflicto armado, y otro relacionado con la creación de una sala especial para los uniformados en la JEP. El inacabable propósito de hacer trizas el Acuerdo de Paz con las FARC.
Por último, el Gobierno, solito, mira la posibilidad de presentar el proyecto de acto legislativo o de convocatoria a referendo para que en Colombia se establezca la prisión perpetua contra abusadores y asesinos de niños. Con estos tres temas tenemos para rato.
Como se puede advertir, los grandes problemas del país: el sistemático asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, el estancamiento de la economía, el desempleo, la corrupción, el hueco fiscal, la inseguridad, la implementación del Acuerdo del Teatro Colón y dentro de este, de suma importancia, la propiedad de la tierra (reforma rural integral), no aparecen ni son prioridad.
Como dice Germán Ayala Osorio, en su última columna en este portal: “Duque llegó a la Casa de Nariño a ejecutar las ideas y proyectos de quien lo instaló en la presidencia” y esto, sumado al año electoral, hace pensar que este nuevo año de gobierno será otro sin pena ni gloria o, mejor, de mucha pena.
Tampoco importa que la primera anualidad del gobierno haya sido de “aprendizaje”, pues contrario a lo que se indica en la revista Semana en su última edición, el presidente Duque no tiene las condiciones y mientras continúe sometido a los designios del Centro Democrático y su presidente vitalicio no tendrá nada que mostrar.
[1] MELO Jorge Orlando. Historia Mínima de Colombia. Turner Publicaciones S. L., 2017. Madrid, España. Primera edición, 2017. Pag. 191
