La crisis del Sistema de Salud es producto de las acciones emprendidas por los empresarios privados a quienes se les entregó el Sistema y que han priorizando sus intereses personales sobre los colectivos. Una mentalidad mercantilista que lamentablemente está siendo promovida por el Estado.
Se cautivó a los empresarios diciéndoles que toda la plata del Sistema de Salud la iban a administrar ellos en su totalidad de acuerdo con las leyes del mercado y con una mínima intervención del Estado. Un gran error conceptual donde se ignora la inversión social.
Hoy el Sistema de Salud es una colcha de retazos legales; con los cuales han tratado de enderezar su rumbo.
Los colombianos claman ayuda. El Sistema de Salud entró nuevamente en cuidados intensivos y acudieron inmediatamente a su rescate leyes, decretos, resoluciones e innumerables estudios; sin embargo, los síntomas indican que está muy grave; que padece de una enfermedad crónica y eventualmente tiene episodios agudos donde la corrupción es parte del virus.
La crisis actual empezó cuando el gobierno entregó el Servicio de Salud a la empresa privada considerando al Instituto de Seguros Sociales y a CAPRECOM como enfermos terminales y por lo tanto era necesario hacerles la EUTANASIA; es lo mismo que hoy están haciendo con los hospitales públicos de Bogotá. Se ha diagnosticado que el Estado no tiene claridad mental para asumir la responsabilidad del Sistema de Salud; decían que era mal administrador ocultando que detrás de esto, hay un virus muy fuerte, que carcome sus entrañas: la corrupción.
Fallaron los Constituyentes del 91 cuando afirmaron que “la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio… [la cual] podrá ser prestada por entidades públicas o privadas”[1]; ellos dejaron la base para que se implementara en el corto plazo: «El Gobierno formará una comisión», escribieron, «integrada por representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales, para que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, elabore una propuesta que desarrolle las normas sobre seguridad social. Esta propuesta servirá de base al Gobierno para la preparación de los proyectos de ley que sobre la materia deberá presentar a consideración del Congreso”[2]. Alea jacta est – La suerte está echada.
La privatización de la Seguridad Social nació con la Ley 100, cuyo ponente fue Álvaro Uribe, donde se permitió que cualquier empresario se apropiara de ella; la única condición que pedían era que tuviese dinero[3] y preferiblemente algo de experiencia; pero esto, no era importante.
Se cautivó a los pretendientes diciéndoles que toda la plata del Sistema de Salud la iban a administrar ellos; sin embargo, solo dos empresas que tenían experiencia se presentaron en la convocatoria: SUSALUD (Hoy SURA) – un pretendiente serio – y COOMEVA, cuyos directivos están actualmente acusados de apropiarse de $3,5 mil millones. Ingresó también CAPRECOM – la primera Caja de Previsión Social en Colombia que hoy está en proceso de liquidación – y una asociación de médicos recién creada llamada UNIMEC, también entró SALUDCOOP, que apareció de la nada.
En junio de 1998 operaban 19 EPS privadas y 11 públicas en el régimen contributivo, mientras que en el régimen subsidiado se encontraban 8 EPS privadas y 9 públicas; no había grandes inversionistas; el gobierno había ofrecido la Seguridad Social a empresas especializadas como a la Kaiser Permanente de Estados Unidos, a quien no le interesó la propuesta.
El poco interés de estos inversionistas tiene que ver con la dudosa rentabilidad del negocio; una cuota (Unidad de Pago por Capitación) tan baja no da para responder por el Plan de Beneficios que solicita el gobierno atendiendo las preexistencias, la salud de adultos mayores y las enfermedades llamadas “de alto costo”; muchas veces con cobertura de largo plazo que llevan a cualquier empresa a la quiebra.
Los síntomas que tenía la Seguridad Social fueron descritos en el 2012, de la siguiente forma, “Desde que se estableció el sistema, hace casi veinte años, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios. El sistema no resiste una reforma más. Es un régimen insostenible” [4]
La única salida de los pacientes para defender su derecho a la vida fue el mecanismo de la tutela, que fue aumentando hasta el 2008, cuando se presentaron 142.957 tutelas en salud; de las cuales, cerca del 80% fueron acatadas por los jueces.
La Corte Constitucional aceptando lo evidente emitió la sentencia T-760 donde estableció que la salud es un derecho fundamental y este servicio debía ser prestado en condiciones de equidad a todos los colombianos; sentencia que fue reglamentada hasta el 2016 por la ley estatutaria 1751 donde se dio al profesional en medicina una mayor autonomía para escoger los tratamientos más adecuados y se eliminó la camisa de fuerza que significaba en Plan Obligatorio de Salud – POS, cambiándolo por un Plan de Beneficios más acorde con el perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad de cada territorio; sin embargo, antes de que fuera aprobada esta ley, los senadores Roy Barreras y Jorge Eliecer Ballesteros presentaron un proyecto para desmontar la posibilidad de que los colombianos presentaran una acción de tutela para acceder a los servicios que no estaban contemplados en el POS.
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Hace 70 años Jorge Eliecer Gaitán en el teatro municipal afirmaba: «En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene metas diferentes a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo! …El hombre no debe estar al servicio de la Economía; la economía debe estar al servicio del Hombre».
Poco después, en el Congreso, Mariano Ospina Pérez con gran elocuencia declaraba obligatorio el Servicio de Salud Pública indicando que sería administrado por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales; al cual, le había dado la orden de ampliar su cobertura al total de la población campesina. Así nació el primer Sistema de Salud que fue financiado, en más de 70%, con aportes de empleados y empresarios porque el gobierno no cumplió lo establecido y, por el contrario, lo empezó a desangrar.
La Seguridad Social de ese entonces se fue fortaleciendo a pesar de que el gobierno le quitaba recursos permanentemente llegando a extremos, como sucedió en el Gobierno de Misael Pastrana Borrero cuando se auto-exoneró de pagar las deudas que tenía con el Sistema; las cuales, a precio de hoy superarían los $40 billones.
Setenta años después, nos encontramos ante un nuevo Sistema de Salud donde se ha obligado a las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud a perder su contacto habitual con los pacientes y depender de las decisiones que tomen las EPS; las cuales, actuando como empresas comerciales propician la competencia entre los prestadores de Salud, presionándolos a que se ciñan a un mínimo Plan de Beneficios a cambio de entregarles una mayor cantidad de pacientes. Es un sistema que ha convertido el paciente en cliente.
El Sistema de Salud tiene más de 22.5 millones de afiliados en el régimen contributivo[5] y otro tanto en el régimen subsidiado; es un sistema donde trabajadores y empresarios aportan más de $30 billones[6] al año y donde el 50% de la población no tiene recursos para pagar su salud. Más del 46% de los afiliados al régimen subsidiado no tiene ni siquiera, ingresos suficientes para vivir dignamente[7]
Se ha montado un Sistema que posee graves contradicciones internas, donde los actores fundamentales son las Instituciones Prestadoras de Salud y el producto es la enfermedad dejando en un segundo plano las acciones que requiere la comunidad en el territorio: la Atención Básica en Salud, establecida también en la Constitución cuando se afirmó que “la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria” [8] entendiéndose como Plan de Atención Básica, al conjunto de actividades encaminadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo minimizando la posibilidad de contraer una enfermedad por transmisión directa o por falta de exámenes que la detecten a tiempo.
La segunda contradicción crítica es que el Sistema está diseñado para promover el incremento de consultas médicas especializadas[9]; durante el 2016, se realizaron más de 270,000 consultas médicas diarias cuyo acceso es cada vez más difícil ocasionando que se disparen los ingresos por urgencias, que ya están superando los 17.000 pacientes por día[10]. Es un sistema con “pacientes–clientes” enfocado a captar cada vez más recursos del Estado adicionalmente a los aportados por los trabajadores y los empresarios de forma obligatoria.
Es necesario aceptar que este modelo ha fracasado.
Ya lo reconoció el Ministro de Salud expresándolo ante el Congreso, cuando explicaba la necesidad de una nueva reforma porque el desarrollo del modelo implementado había derivado en diferentes problemas especialmente concentrados en la fragmentación que se fue presentando entre las individualidades propias de cada integrante de la red y en los diferentes sistemas de salud generando una baja relación estructural y funcional. No parece posible, dijo el Ministro, hacer que funcionen como un sistema nacional integrado rompiendo la tendencia que existe actualmente donde se prioriza la atención individual del enfermo y se descuida lo colectivo.
Continúa el Ministro indicando que el Sistema de Salud fue creado con «incentivos de los agentes hacia la extracción de rentas en demérito de los objetivos de salud de la población”; afirmando que la golosina que el gobierno entregó a las EPS fue la posibilidad de captar el dinero de los contribuyentes permitiendo que lo utilizaran en el mercado financiero y pudieran generar burbujas de capital mediante el crédito rotativo que les permitió invertir en infraestructura con los recursos de los afiliados y mantenerse en el mundo de las rentas.
Un modelo que generó tres consecuencias:
- Un modelo de salud que se orientó hacia el tratamiento especializado de la enfermedad y es incapaz de montar una infraestructura para realizar acciones colectivas en el territorio mejorando las condiciones epidemiológicas y disminuyendo la carga de enfermedad.
- “Un aseguramiento que se centró en el manejo financiero por encima del objetivo misional de gestión de los riesgos en salud”
- El incremento de las barreras de acceso a los usuarios que requieren de la tecnología especializada para realizarse examenes médicos preventivos.
El gobierno debe cambiar de enfoque
Un Sistema de Salud pública debe tener como objetivo la prevención de la enfermedad o la lesión; es decir, que las personas no se enfermen y se minimicen las heridas por violencia o por accidentes; por lo tanto debe enfocarse en disminuir el número de pacientes minimizando las enfermedades no transmisibles y la presencia de agentes transmisores de enfermedad: virus, bacterias y parásitos; un Sistema donde los recursos de investigación se destinen a profundizar el perfil epidemiológico del territorio y ampliar el conocimiento de las enfermedades que difícilmente pueden ser controladas.
Es necesario mejorar, en primera instancia, el acceso de los colombianos y especialmente de la población vulnerable, a los servicios de salud; para lo cual es necesario implementar programas como “Territorios Saludables” realizado en Bogotá por los hospitales públicos, cuyo objetivo era identificar las necesidades de salud en cada territorio, específicamente en cada hogar, brindando herramientas para prevenir la enfermedad; una Seguridad Social enfocada especialmente en fortalecer la salud de: las mujeres gestantes, los niños menores de un año y los niños entre 1 y 5 años.
Esta no es una propuesta nueva; ya ha sido implementada con éxito en varios países y actualmente es promovida la Organización Mundial de la Salud; el gobierno debe cambiar de enfoque y pasar de un sistema como el actual, donde la utilidad es el indicador más importante por otro que vaya más allá de lo que significa curar la enfermedad para entrar a prevenirla.
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[1] «Constitución Política de Colombia», 1991, art. 48; reglamentado por la ley 100 de 1993.
[2] Ibidem, art. transitorio 57
[3] LEY 100, art. 180.-Requisitos de las entidades promotoras de salud: A. Tener una razón social y una personería jurídica que la identifique y que exprese su naturaleza de ser como EPS cuyos objetivos fueran la afiliación y registro de la población al sistema general de seguridad social en salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción… B. Contar con un programa que le permita tener una base de datos, acreditar la capacidad que puede desempeñar esas funciones y C. Tener un capital que garantice la viabilidad económica y financiera.
[4] «Así se robaron el sistema de salud de los colombianos», Juan Gossaín, El Tiempo, 24 de marzo de 2012
[5] Base de Datos Única de Afiliación – BDUA, Supersalud
[6] En el informe de resultados financieros publicado por la Supersalud se informa que las EPS del régimen contributivo recibieron por parte de empleados y empresarios la suma de $23,83 billones en 2016
[7] Para 2016, la línea de pobreza en Colombia se fijó en $241.673
[8] “Constitución Política de Colombia”, art. 49; Reglamentado por la Resolución 4288 de 1996
[9] Hubo un incremento del 5% entre el 2005 y el 2010 en el número de personas que ha consultado sobre su salud, al pasar de 66 a 71 por ciento; ENDS 2010, pg. 404
[10] Análisis de la Situación en Salud, 2016, pg. 88, 89
[11] Resolutividad: mostrar resultados en la mejoría de los pacientes
[12] Ministerio de Salud y Protección Social: Proyecto de Ley “Por medio del cual se define el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, presentado al Congreso de la República, marzo de 2013.
Todos los colombianos sabemos q la salud es un calvario esa fue la erencia q dejo alvaro uribe velez, entregandole al sector privado el manejo de la salud, por q es un negocio rentable, y asi enrriqueserse, con sus socios y los pobres de los extratos bajos de regimen sucidiado, q se jodan
Excelente y atinado artículo.
Excelente análisis.
Lo q padecemos los Col. con lo salud es una desgracia anunciada por dirigentes sociales y políticos como el senador Jorge Robledo, quien alerto sobre el gran negociado q «los mismos con las mismas» le montaban a los inversionistas para q priorizaran la ganancia x sobre la atencion oportuna y eficiente para el paciente. Este es uno de los tantos debates q este senador le ha ganado a los neoliberales. Hoy que Robledo aspira a la presidencia, es la mejor alternativa de cambiar la infame ley 100, la politica de concentrar la riqueza en pocas manos y nos llege la redención a las mayorías desposeídas. Robledo presidente.
Excelente articulo que nos lleva a concluir como este señor que trata a sus adversarios de terroristas y bandidos, noa dejo en las garras de los mercaderes de la muerte. Este «mesias» les dio todo el poder para que jueguen con la salud de la gran mayoria de colombianos. Me pregunto, sera que esto no es terrorismo? Me pareve que es el mas grave de todos porque estan jugsndo con la vida de todo el pueblo. Asesinato disimulado en masas.
Efectivamente el sistema de salud fue una tragedia anunciada desde la ley 100, cuyo ponente efectivamente fue el actual senador Álvaro Uribe, y nunca se ha investigado ni sancionado a quienes eran los mayores accionistas y dueños de las EPS quebradas. El actual Fiscal de eso no dice ni pio, porqué será?