laorejaroja

Por: Arbey Peña Peña

Autoproclamarse como defensor del agua carece de sentido en la medida que las acciones implícitas en dicha causa llevan a desconocer y vulnerar la autonomía, la libertad de pensamiento y de decisión de las comunidades que habitan en la provincia de Soto Norte.

Me permito referirme a esto dado que se han presentado ataques desmedidos e iracundos contra algunos habitantes, estudiantes y líderes comunitarios oriundos o residentes de municipios aledaños al Páramo de Santurbán.

Ataques que consisten en afirmar que la conciencia y opinión de los pobladores ha sido “vendida” a los intereses de una empresa multinacional o un gobierno de turno, vulnerando así la dignidad y la libertad de estas comunidades.

Además, esto resulta ser un intento de deslegitimación de la participación de estas comunidades en el conflicto presente en su territorio, conflicto que si bien se analiza, va más allá de la coexistencia regional o de la preservación del agua, pues está en juego el sostenimiento familiar y cubrimiento de necesidades básicas de cientos de personas, y frente a esta realidad un “defensor del agua” poco puede ofrecer.

Así las cosas, hechos violentos y despectivos que se han cometido de manera consecutiva contra comunidades de Soto Norte, deja en entredicho la bandera de los defensores del agua, o acaso ¿para defender el Páramo de Santurbán no hay más camino que generar ataques de esta calaña contra las comunidades?

Por otra parte, vale la pena dirigir la mirada a las comunidades de la provincia de Soto norte y demás municipios relacionados al páramo de Santurbán, reconociendo que, si bien es cierto que su existencia en la zona se remonta a más de 200 años, y que su rol como protectores del bien hídrico ha sido fundamental década tras década, cabe cuestionarse si esto les acredita el título de dueños y señores del agua que recorre el territorio que habitan.

A mi parecer no es así, puesto que las concesiones sobre dominio o uso del agua no determinan necesariamente la propiedad sobre la misma, incluso, por encima de lo anterior, considero que el agua debería concebirse y mirarse como un bien natural común y no como un recurso natural, ya que este último conlleva a una actitud utilitarista, y por lo mismo, mercantilista, mientras que en caso contrario nos convoca a reevaluar nuestra relación con el medio ambiente.

Por consiguiente, es un error autoproclamarse como máximo dueño del agua, y eso nos obliga a no caer en un juego sin sentido donde nos vemos los unos a los otros como enemigos o contrincantes, ya que la cuestión del agua es en realidad una oportunidad para lograr el consenso y encuentro entre las comunidades implicadas en el conflicto minero actual y los abanderados por la defensa del agua que no residen en dichos municipios.

En conclusión, la situación actual amerita un acuerdo que vaya más allá y trascienda la relación entre el Gobierno y una multinacional, siendo viable y urgente una mesa intersectorial conformada por expertos y comunidades.

Esta mesa debe tener como único propósito la construcción de un acuerdo común que parta por reconocer los costos, riesgos y beneficios que puede traer el permitir el uso y explotación de suelos, agua y fuerza de trabajo en la zona, logrando entonces la superación de un conflicto que al parecer le ha quedado grande resolver al Gobierno.

Pero no olvidemos que nuestra historia nos ha demostrado que tenemos la capacidad y suficiencia necesaria para lograr un acuerdo común, pues un conflicto lo crea cualquiera, pero lograr transformar este en una oportunidad de acuerdo común que promueva el desarrollo de la región mediante la construcción de propuestas y alternativas en pro del desarrollo y bienestar, solo es posible lograrlo aunando esfuerzos de gente con berraquera e inteligencia como los santandereanos, a fin de cuentas, el fin de nuestros días nos obligará a entender que el agua ha sido un préstamo que las generaciones venideras nos han hecho a nosotros.