El 15 de mayo de 2019 será recordado por los colombianos como el día en que se produjeron dos hechos de una enorme trascendencia: de un lado, uno de carácter jurídico-político; y el otro meramente político y con una carga moralizante.
El primero tiene que ver con la decisión en primera instancia de la Sala de Revisión de la JEP de no extraditar al exguerrillero Jesús Santrich, de acuerdo con las garantías que en esa materia quedaron consignadas en el Acuerdo Final y que prioriza los derechos de las víctimas a la verdad y a ser reparadas, y los pone por encima del mecanismo unilateral de la extradición, que no es otra cosa que la renuncia del Estado colombiano a juzgar a sus nacionales. Es decir, se trata de un fallo adoptado en derecho que, a pesar de sus efectos políticos, debe ser respetado y acatado por las instituciones, por los funcionarios estatales y, en general, por los ciudadanos.
Y del otro lado, la calculada y provocadora renuncia de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) al cargo de fiscal general de la Nación. La decisión de NHMN es una invitación a desconocer el fallo de la JEP y a que otras instituciones enfrenten lo que él mismo llamó un “desafío al ordenamiento jurídico y a la Constitución”.
Sin duda, una actitud incendiaria e irresponsable que corrobora que su renuncia, por demás calculada, hace parte del conjunto de estratagemas y acciones conducentes a deslegitimar al alto tribunal de paz y, por esa vía, hacer trizas el Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón de Bogotá.
Miremos en detalle apartes del discurso del cuestionado exfiscal:
“Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho de la Nación. Y expone a nuestra sociedad ante el crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro la reincidencia en el secuestro, entre otros delitos, deberá convivir con los beneficios de la justicia transicional.
En adelante, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios (…) las facultades de investigación de la Fiscalía General de la Nación (…) el tribunal para la paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta Fiscalía.
Las pruebas son concluyentes, inequívocas: los hechos ocurrieron después del primero de diciembre del año 2016 (…) y desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales (…) mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho”.
Sin duda estamos ante un discurso plagado de inconsistencias, exageraciones y acomodadas interpretaciones por parte de Martínez Neira. Olvida el exfiscal que las decisiones que adopte la JEP en adelante, están enmarcadas en un tiempo definido en su carácter transicional y además, que ese tribunal es fruto de una negociación política del Estado colombiano con una guerrilla, con el propósito de cumplir con el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento.
Miente Martínez sobre el acervo probatorio en contra de Santrich porque él mismo, en respuesta a la JEP, dijo que no tenía pruebas contra el exjefe de las antiguas Farc.
Y sobre el cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, Martínez Neira expone su acomodaticio criterio jurídico y olvida que compartió y validó la tesis del Gobierno de Duque (2018-2022) con la que desconoció los protocolos firmados entre el Estado y el ELN, en el marco de los diálogos de paz adelantados en La Habana casi al final del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Hay que señalar que la decisión en derecho, adoptada por la JEP, y la renuncia del fiscal general, ponen a prueba no solo el talante democrático de Iván Duque Márquez, sino la fortaleza y coherencia de la institucionalidad democrática.
Por supuesto que hay que dar por descontado que el Centro Democrático, liderado por Uribe y José Obdulio Gaviria, primo del narcotraficante y criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria, aprovecharán la coyuntura para invitar al resto del Establecimiento para generar una crisis institucional que “obligue” al presidente Duque a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En este escenario constituyente el uribismo buscará eliminar las bases constitucionales. Esto es, el blindaje, que hace posible no solo el funcionamiento de la JEP, sino las acciones y decisiones que se vienen tomando en el marco del proceso de implementación del Acuerdo Final II.
Desde hoy, la gran prensa, con sus periodistas incorporados, ya están ambientando ese escenario probable, pero a la vez peligroso porque una ANC abierta a todos los temas, metería al país en un camino lleno de incertidumbres jurídico-políticas que lo pueden llevar a la consolidación de un Régimen de mano dura contra todos aquellos que decidieron apoyar el proceso de paz con las Farc.
Foto cortesía de: Cablenoticias
