Columnista:
Alonso Rodríguez Pachón
Aprovechando la pandemia, ahora que prolifera la feria de contratos y legitimados por una especie de corrupción legalizada que los ampara en una urgencia manifiesta, se van saltando todo tipo de proceso licitatorio para realizar contrataciones y girar recursos a diestra y siniestra. No había acabado el mes de abril, cuando el ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, anunciaba que se estaba preparando un presupuesto para pagar a profesionales de la salud en el país deudas atrasadas que alcanzan los 460 mil millones de pesos. Se burlan en nuestra cara, pues pareciera que hicieran una urgente y necesaria gestión con tufillo a obra de maligna caridad.
Y no lo digo por todo el personal médico del país que se verá beneficiado con ese presupuesto, ante el pago de sus justos reclamos atrasados. Lo digo por la manera como el Gobierno gira un recurso que hace las veces de cortina de humo, mientras tapa con un lodazal de boñiga el hueco que probablemente han dejado con anterioridad los demás actores que conforman el complejo y denigrante sistema de la salud. Todo gracias a los atrasos, seguramente, de las IPS, EPS y Sindicatos que hacen parte del macabro círculo vicioso alimentado por la ley del mercado de la salud: la Ley 100.
La bola de nieve que se cierne en plena pandemia era una tragedia que ya había sido anunciada. Tan solo durante el mes de abril del año pasado, en un artículo publicado por la Revista Dinero, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) había manifestado que las deudas a profesionales de la salud ascendían a 6 mil millones de pesos, donde el 75 % de los denunciantes afirmaron estar vinculados laboralmente por contratos de prestación de servicios, mientras que por otro lado, entre los especialistas más afectados, según Dinero, se encontraban los anestesiólogos con un 41,66 %, seguido de los médicos generales con 22,5 %, y pediatras con 7,5 %, entre los más perjudicados.
De hecho, fue el mismo Gobierno de Iván Duque que con bombos y platillos había anunciado en julio de 2019, a través del entonces ministro de Salud Juan Pablo Uribe, el inicio del “Acuerdo de Punto Final”, con el objetivo de “saldar deudas históricas entre los actores del sistema de salud”; y agregaba que esa “inyección financiera del Acuerdo de Punto Final beneficiaría también al talento humano en salud, a médicos, enfermeras, porque, inclusive, los recursos deberán llegar para pagar deudas o sueldos acumulados”, prometieron en su momento.
¿Estamos pagando con nuestros recursos las nóminas vencidas de los actores del sistema de salud, dinero que debería invertirse en la actual dotación del personal médico?
Son tan descarados de decirle a todos los médicos que sus clamores serán satisfechos, cuando lo único que hacen desde La Casa de Nariño es saldar una necesidad anterior a la pandemia, mientras la actual seguirá calmada con migajas de paliativos que nunca sustentarán las necesidades ni el sostenimiento dejado de percibir en esos meses de sequía económica, mucho menos los arduos meses que se vienen para todas y cada una de sus necesidades personales y familiares, pues en la actualidad y, según cifras del Ministerio de Salud, la deuda está golpeando a unos 23 mil trabajadores del sector.
Cabe preguntarse también ¿por qué el Gobierno uribista no le ha hecho el reclamo a las entidades atrasadas con sus deudas a los médicos, pero sí prefiere hacerse cargo de deudas de terceros apalancadas en el erario de todos nosotros?
¿Dónde está el dinero con el que tenían que pagar sus deudas, es decir, con el que tenían que ponerse al día en sus obligaciones laborales con el profesional médico del país?
Recursos que otros deberían pagar y cuyo retraso no es responsabilidad de los colombianos. Acreencias laborales que debieron pagar hace mucho tiempo los empleadores de todos los médicos que hoy reciben los platos rotos de un sistema perverso, sobre todo, aquel personal de la salud que está vinculado por medio del humillante y precario contrato de prestación de servicios.
Parece un chiste. Pagamos deudas ajenas, mientras van vendiéndonos la idea de que a los médicos les están cumpliendo los actuales reclamos. Como si eso no significara que nuestros recursos los están usando para tapar el dinero que probablemente se está esfumando en el bolsillo de quién sabe qué calaña de particulares. Dinero que en cambio de estar solventando las obligaciones laborales derivadas del incumplimiento de unos, debería apalancar, esas sí, actuales necesidades exigidas por el personal médico del país. Claro, todo eso serviría si en este platanal no se mendigaran los recursos para las problemáticas sociales, pues la efectividad de su exigencia está determinada por la naturaleza del banquero o la calidad del financiador de la campaña. Como van las cosas, a este ritmo no solo salvaremos el bolsillo de los corruptos que se retrasan en el pago de sus deudas del sector salud, sino de todos los demás sectores, como efectivamente lo hemos venido haciendo desde que se decretó la pandemia en el país.
