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La incursión del paramilitarismo en el Catatumbo, data del año 98, la que se convirtió en una de las mayores amenazas que hasta ahora ha tenido la población civil en la región, pese a haber convivido también en el territorio con la insurgencia durante décadas. En ese año se inició la avanzada paramilitar ordenada por Carlos Castaño y comandada por Salvatore Mancuso. Entraron al Catatumbo 280 hombres autodenominados «El bloque Catatumbo de las AUC» con la permisividad, aquiescencia y concurso del Ejército y la Policía; llegaron al Tarra, Tibú y al corregimiento de la Gabarra donde propinaron la sonada «masacre de la Gabarra» en el año 1999. Asesinaron a 11.500 personas, cometieron 60 masacres y según cifras de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- el número de personas desplazadas ascendió a 14.237, constituyéndose en el reporte más alto de la región. Entre las prácticas más comunes que utilizaron estuvieron: descuartizamientos, torturas y violaciones

Hoy La Gabarra vuelve a ser protagonista de ésta arremetida, en el Municipio de Tibú, ubicado en el Departamento de Norte de Santander, entre las veredas: El 40 y las Timbas, durante la marcha del Frente 33 de las FARC-EP hacia la vereda Caño Indio, para cumplir su compromiso de concentración en la Zona Veredal Transitoria de Normalización –ZVTN-; denunció la comunidad que a eso de las 9:00 a.m., aparecieron hombres con fusiles y se identificaron como Autodefensas, la Comisión de Verificación suspendió la caravana y desde entonces los campesinos atemorizados pertenecientes a las veredas: las Timbas, Saphadana, Vetas Central y Unión Vetas, se organizaron para resistir de manera pacífica ante la situación que se presentó en su territorio.

Más de 2.000 campesinos se concentraron a la altura de la vía, tratando de llamar la atención del Gobierno Nacional y neutralizar cualquier intento de ataque, fueron acompañados por la comunidad internacional, específicamente miembros de Acción Internacional Action for Peace –IAP-, bloquearon la caravana de buses en la que se desplazaban los guerrilleros para llamar la atención del mecanismo tripartito de verificación y provocar una respuesta de las autoridades para cumplir con lo pactado en el acuerdo de La Habana en lo referente al desmonte del paramilitarismo.

Dice Rubén Zamora, miembro del Frente 33 de las FARC-EP que: “El problema no es que hayamos elegido mal Caño Indio como zona de concentración de nuestra gente. La dificultad es que estos grupos se están disputando las rutas del narcotráfico y ahora también amenazan a dirigentes sociales y a comunidades. Insisto: no se trata de una mala elección del sitio, lo que se debe garantizar son las medidas de seguridad.”

Frente a las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, en la tarde del martes en Cadena Nacional, en donde afirma que: “Hay desplazamiento de colombianos hacia Venezuela por culpa de grupos paramilitares (…) Que en los últimos 12 a 14 años han migrado más de 5 millones 600 mil colombianos y que hay un peligro de que se profundice la guerra en Colombia por paras.” reaccionó el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas a través de su cuenta de Twitter, afirmando que había enviado un mensaje a su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino, diciéndole que: “No tenemos documentación que soporte nuevas amenazas en Catatumbo ni desplazamientos”.

El Gobernador del Estado de Zulia, La ACNUR y las Fuerzas armadas, dicen lo contrario al Ministro Colombiano y es que efectivamente sí se han recibido personas huyendo de la guerra, que la comunidad llega al territorio Venezolano atemorizada de que les asesinen a sus hombres y violen a sus mujeres como ya lo hicieron en una anterior oportunidad, es sabido que el accionar de los paramilitares en sus mayores volúmenes se concentran en atacar sectores de la sociedad que suponen que auxilian a las redes insurgentes, esa ha sido su bandera violatoria de los DDHH, también confirman los funcionarios Venezolanos que a dichas personas se les ofrecen alimentos, chequeo médico y que serán refugiados temporales hasta que se decida por su retorno o no.

Este ha sido un problema histórico y no tiene que ver sólo con la coyuntura, el Departamento de Norte de Santander tiene 40 Municipios y la mitad de ellos limitan con Venezuela, los cierres fronterizos generan crisis que se deben atender en la contingencia, pero el gobierno nacional se ha hecho el de la vista gorda ante esta situación, aunado al contexto de conflicto que se vive en la región, se cree que los grupos: Rastrojos y los Urabeños controlan el tráfico de estupefacientes y el contrabando, en la zona rural de El Zulia y Sardinata, las comunidades denuncian la presencia de estos grupos y hacen recorridos por veredas anunciando la llegada de centenares de hombres.

Es gracias a múltiples investigaciones, la más reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- denominada “Desmovilización y reintegración paramilitar, panorama posacuerdos AUC” del investigador Álvaro Villarraga que confirma que el fenómeno paramilitar no terminó con la desmovilización “pues tanto informes internacionales como internos coinciden en que la desmovilización no fue un fenómeno integral y total, y parte de ellos se mantuvieron en los territorios con armas y con nichos de poder, que incluían alianzas diversas y una relación muy fuerte con economías ilegales.”

Entonces ¿en qué creemos? ¿será que los campesinos mienten? ¿qué hacemos con lo que les prometimos? “El mejor regalo que nos puede dar el estado es la Paz y la tranquilidad.” , dice un campesino desplazado de Tibú

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