En los últimos años Colombia ha sido testigo de múltiples casos como Odebrecht, Interbolsa y la Dirección Nacional de Estupefacientes; sin embargo, a pesar de que se han conocido y capturado a los responsables o implicados en dichos casos, muchos disfrutan hoy de su libertad de cuenta del llamado Vencimiento de términos.
Esta figura legal parte del derecho constitucional de libertad y de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario (Artículo 29 de la Constitución), y como la Ley otorga unos plazos a la administración de justicia para dictar sentencias en los casos, lo natural es que, vencidos esos plazo, la persona juzgada recobre su libertad.
Sin embargo, la aplicación de este derecho ha dado paso a que algunos de los casos más sonados del país quede en la impunidad, despertando la indignación de las víctimas y algunos colombianos que ven cómo algunos de los culpables disfrutan de su libertad sin haber pagado por sus faltas.
Estos son algunos de los casos que no han tenido resultados judiciales verdaderos debido al vencimiento de términos:
1. Caso Odebrecht: Pese a que en otros países de latinoamérica se han dado avances en materia de investigación y judicialización en contra incluso de Presidentes por uno de los casos más grandes de corrupción, en Colombia el tema parece no tener el mismo trato. Si bien la Fiscalía presentó pruebas frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que establecen el ingreso de dineros a las campañas de 2010 de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos por parte de la multinacional, la indagación preliminar se archivó debido a que, según la CNE, el proceso no tendría validez por haber iniciado tres años después de haberse entregado el último informe de la campaña.
Hasta el momento tampoco se han dado resultados en la investigación por la adjudicación de obras como la Ruta del Sol (Gobierno Uribe) y Ampliación vía Río de Oro-Aguachica-Gamarra (Gobierno Santos).
2. Interbolsa: Tanto Víctor Maldonado, quien fue acusado de cometer los delitos de estafa agravada, captación masiva de dineros, no reintegro de dinero y concierto para delinquir; como Rodrigo Jaramillo, presidente de InterBolsa, acusado por concierto para delinquir y operaciones no autorizadas, fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en ambos casos. Maldonado, extraditado en 2015, fue dejado en libertad por el Juez 61 de garantías, teniendo sólo que usar un mecanismo de vigilancia electrónico.
Por su parte, un juez de Bogotá decidió concederle la libertad a Jaramillo de quien se comprobó tuvo conocimiento de primera mano de las actividades ilegales para aumentar las acciones de Fabricato. Jaramillo no aceptó su responsabilidad en los delitos antes mencionados, pero actualmente afronta una primera condena de 7 años bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Medellín, por su participación en las acciones ilegales que se presentaron en el año 2012.
Por este caso también fue dejado en libertad Alessandro Corridori, considerado uno de los cerebros del descalabro, y quien demandó al Estado por daño moral y sicológico y pide ser indemnizado por 181 millones de pesos.
3. Dirección Nacional de Estupefacientes: La desaparecida entidad, encargada del manejo de los bienes incautados a la mafia, fue liquidada por el Presidente Juan Manuel Santos al encontrarse en uno de los casos más sonados de corrupción administrativa. La investigación contra funcionarios, varios expresidentes de la entidad y algunos congresistas reveló cómo los funcionarios haciendo uso de sus facultades se hacían a bienes incautados para luego venderlos, así mismo dentro de la DNE se entregó ilícitamente el manejo de bienes a testaferros y personas relacionadas con delincuentes.
Carlos Albornoz, exdirector de la entidad, fue dejado en libertad por un juez con función Control de Garantías de Bogotá, al considerar que “se encontraba detenido desde hace más de un año y no se le ha resuelto su situación jurídica”. Es decir, por vencimiento de términos. Se estima que el detrimento asciende a más de $10 millones de dólares.
4. Ricardo Enrique González Tovar: No todo los casos de impunidad son los relacionados con corrupción. Este año se conoció el caso de Ricardo Enrique González quien fuera condenado a 45 años de cárcel por el asesinato de sus dos hijas e intento de asesinato de su esposa en 2011 en Puerto Salgar, Cundinamarca. González, quien se encontraba hospitalizado en una Clínica en Bogotá en el momento de la decisión, fue dejado en libertad por una juez de La Dorada, Caldas, por el vencimiento de la vigencia de la detención preventiva. La tardanza de seis años en el Tribunal Superior de Manizales para decidir sobre el recurso dio pie para su excarcelación
Este es solo uno de los casos de impunidad por vencimiento de términos en casos de violencia y homicidio en el país.
De acuerdo con el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el número de audiencias atrasadas en mayo era de 112.461, lo que significa que el rezago de la justicia está creciendo en una tasa cercana al 10 por ciento bimensual.
A la fecha hay 15.598 personas que, a pesar de haber aceptado su responsabilidad en la comisión de algún delito, siguen esperando a que un juez los cite a audiencia para dictar una decisión de condena o absolución.
Estas personas podrían reclamar su libertad si los plazos para ser juzgados se vencen, dando pie no solo a impunidad en graves delitos, sino a resquebrajar un poco más la confianza en la justicia del país.
