Resolver alternativamente los conflictos: ¿una tarea pendiente para el posconflicto?

Una justicia que cojea y una estructura estatal que aún no hace presencia en todo el territorio nacional, frente a una Nación que ha vivido por más de 50 años en un conflicto armado interno es sólo uno de los panoramas que puede deducirse, a grandes rasgos, del profundo cáncer que permea todas las capas sociales.

El desinterés campante refundado por una mentalidad individual, contrapuesta a toda una cadena de procesos de participación, progreso y reconciliación colectiva es la secuela de esa disputa social de intereses y valores antagónicos que han impedido que se cierren ciclos de violencia.

La incapacidad que la sociedad tiene para resolver el conflicto más sencillo hasta la divergencia más grande emerge como escenario oportuno para detener y evitar la amnesia colectiva, que requiere de memoria para hallar en un retrovisor el origen de los problemas.

Colombia se encuentra en un punto de inflexión clave en su historia, y sea esta la coyuntura para dividir en dos lo que como Nación, por un lado, vamos a dejar atrás y, por el otro, comenzamos de aquí en adelante. Pero ¿qué garantizará que ninguno de los sectores sociales del país se deje tentar por el naufragio de una nueva violencia? La respuesta a este interrogante puede reducirse a una simple paradoja: voluntad política y capacidad de reconciliación entre ciudadanos.

En primer lugar, nuestros gobernantes tendrán que llevar muy presente que es imposible retroceder en el camino que se ha recorrido hasta ahora con las conversaciones en la Habana – Cuba. No pueden olvidar que en sus manos ha sido depositada la confianza de quienes esperan que el timón de toda la estructura del Estado sea manejado y retribuido con creces, en formas que eviten el renacimiento de futuros conflictos.

Y en ese navegar, el Estado colombiano no puede dejar de lado que uno de sus más grandes problemas ha sido el manejo de la justicia. Es un aspecto que requiere de un sentido de pertenencia y un gradual aporte económico. Que no se muestre superficial. Necesita que sea cuantiosamente profundo para que esa Majestad de la Justicia se articule a ritmo de engranaje, no ya como una arandela independiente de todo el poder del Estado sino como todo el barco que apunta a resolver los problemas de manera seria y unificada.

En segundo lugar, la Constitución Política de 1991, como fundamento preponderante de la creación del Estado Social de Derecho, ha dejado al alcance de los ciudadanos un marco completo y flexible para resolver alternativamente las discrepancias a través de su artículo 116. Gracias a la sombra permanente del Estado, los ciudadanos tienen a su disposición las herramientas idóneas, y deben servirse de estas como punto de partida que los protege y los guía.

Es así, que a su turno, resalta el artículo 116 superior: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

No es la manera más esperada, pero insisto, la ciudadanía tiene que tener capacidad para hacer uso de las herramientas que ante ella se proveen; allí radica la primera importancia de resolución de conflictos. No obstante, la propia estructura de justicia del país no brinda un medio ordinario eficaz, es ahí donde se presta la oportunidad a la sociedad para que se apersone de sus necesidades insatisfechas a cambio de que las resuelva por medios que no llevarán a nada. Evitar la violencia al máximo debe ser uno más de los propósitos de todo el conglomerado social, y es ahí donde se centraliza el segundo paso alternativo para resolver las disputas sociales.

Hay que dejar de crear cajas de pandora que lleven a nuevas discrepancias; ser consecuentes que el dolor de una víctima acaecido bajo el manto de un conflicto es el dolor insoslayable de todos.

Así pues, se presentan modos que impedirán volver a recorrer el tortuoso camino de la violencia, y hay que reconocer que, aunque la justicia cojea y afortunadamente aún llega, no es la condición más alentadora que todo ciudadano esperaría, de un sistema al que casi todo se le sale de las manos.

Imagen: libertario.es

Pero cabe advertir que, la sociedad civil no puede estar a merced de una justicia paternalista, todos y cada uno de los ciudadanos también tienen que poner de sí para resolver sus conflictos; si bien, en esto juega un papel importante el Estado, el ciudadano no puede desentenderse de sus problemáticas y ponerlas siempre en manos de un tercero protector que las resuelva.

Es necesario que como sociedad se adquiera la capacidad de perdón, de aceptar qué está bien y qué está mal, para saber conducir la animadversión a los mejores términos. Resolver alternativamente los conflictos debe plantearse como una tarea ciudadana del posacuerdo junto con el acompañamiento permanente del Estado, evitando la justicia por mano propia. Una sociedad que piensa de manera colectiva y que actúa a ultranza de buenas relaciones interpersonales es aquella que usa todas y cada una de las herramientas que el Estado le da a su alcance y está resuelta a razonar su porvenir con justicia social.

Publicada el: 12 Jun de 2016