¿Réquiem por la libertad de expresión?

La libertad de expresión en Colombia ha vuelto a ser amenazada. No solamente desde la vertiente del crimen organizado y de los actores armados de todos los pelambres habidos y por haber, sino —lo más grave— desde el marco mismo de las instituciones, en este caso, las judiciales.

En efecto dos son, hoy por hoy, las fuentes de perturbación del derecho fundamental a la libre expresión en Colombia.

De un lado tenemos una serie de hechos, de los cuales solo tomaré los más relevantes, por recientes:

Matador, encontró similitudes morfológicas en el entonces candidato y, ahora presidente electo, con cierto animalito doméstico. En desarrollo de su arte de caricaturista que consiste, precisamente, en hacer resaltar ciertos rasgos o defectos que puedan tener un contenido jocoso, el artista ha representado al señor presidente electo con ciertos atributos porcinos. Ello condujo a que algún seguidor del doctor Duque resolviera amenazar de muerte al dibujante, añorando al mismo tiempo, la existencia de un feroz líder paramilitar de ingrata recordación.

Pero no se detuvieron ahí las amenazas, pues el matoneo virtual en las redes sociales llegó a tales extremos que el caricaturista tuvo que renunciar a sus cuentas por algunas semanas.

De otro lado, el sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que la periodista del diario El Tiempo, Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar. Mientras que al día siguiente, el domingo 15 de julio, la periodista María Jimena Duzán recibió una amenaza a través de la cuenta de Twitter de Gustavo68831299.

En esos casos los agresores afirmaron que “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”.

Para completar el cuadro, el lunes 16 de julio, los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza proveniente de un hombre que se identificó como alias “Nini”, quien llamó al máster de la emisora durante el informativo de la mañana, para intimidar a los reporteros, precisamente en momentos en que informaban sobre las ya reseñadas intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio.

El sujeto manifestó “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo” y agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruiz, la directora del informativo.

Todo indica que esta amenaza podría estar relacionada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander el 5 de junio: Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Múnera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que usó el mismo alias de “Nini” y que los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una “limpieza social” que adelantaría el grupo armado.

Tales amenazas se suman a las sufridas por Catalina Vásquez y otra periodista de Medellín por denunciar irregularidades en la Comuna 13 hace varias semanas.

Pero el fenómeno no es nuevo, pues según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, 129 periodistas fueron amenazados en 2017, sin que ninguno de ellos se haya resuelto, lo que facilita el aumento de casos de censura y la impunidad.

Ante tal intimidación e ineficiencia de parte de las autoridades, Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, aseguró que “la autocensura es un efecto colateral de las amenazas a periodistas”:

“En Colombia tenemos libertad de expresión, pero vivimos en una atmósfera de censura. La amenaza contra periodistas se convirtió en algo normal”, afirmó Vaca y agregó “Los periodistas en la era digital incluso asumimos la automicrocensura. Dejar de decir cosas por temor a entrar en la espiral de la violencia”.

Otro caso de igual o, si se quiere, de mayor gravedad que los anteriores por los actores en él involucrados, está referido a las intimidaciones protagonizadas por John Éver Calderón Valencia, alcalde de Villagarzón, Putumayo, en contra del periodista Mauricio Rodríguez, a quien el burgomaestre pretende acallar con una tesis bastante traída de los cabellos, según la cual, su condición de primera autoridad municipal lo faculta para “regular” los medios de comunicación.

Así, el 9 de julio cuando sesionaba el Concejo Municipal de Villagarzón, Putumayo y, se discutía la construcción de una estación de Policía, cuestionada por el periodista Mauricio Rodríguez, Calderón Valencia, a quien el Concejo invitó a participar, se atrevió a manifestar que “como alcalde y como regulador de los medios de comunicación del municipio también vamos a tomar medidas el día de hoy con ese tema”.

Y a fe que las tomó: el día siguiente, martes 10 de julio en la mañana, la dirigencia del Canal Villavisión decidió unilateralmente finalizar el contrato con Mauricio Rodríguez. Las presiones ejercidas por parte del alcalde de Villagarzón, fueron tan efectivas que se tradujeron en el despido de Mauricio Rodríguez de dicho medio. 

En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH expresó que “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”, por cuanto la posición asumida por el alcalde al presentarse como un “regulador de medios”, en manera alguna está dentro de las funciones de un alcalde.

Pese a todo, ninguna de estas circunstancias tiene la gravedad que reviste la otra vertiente de censura de la libertad de expresión de la cual son principales representantes las autoridades estatales y, peor aún, las pertenecientes al poder judicial.

En efecto, una de las más importantes conquistas del Estado de Derecho es la consagración de la libertad de creencias, de pensamiento, de opinión y su correlato, la libertad de expresión.

Tribunales judiciales amenazan la libertad de expresión

Pues bien, en Colombia se amenaza la libertad de opinión por parte, nada más y nada menos, que de los tribunales judiciales. Llámense Corte Suprema de Justicia o Tribunales Judiciales de Distrito.

Veamos varios casos concretos:

La senadora Claudia López, quien lideró en días recientes una serie de investigaciones sobre la parapolítica en este país, denunció al partido político del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, por tener entre sus militantes a más de 40 políticos, exsenadores, exalcaldes o exgobernadores, quienes han sido condenados o investigados por actos de corrupción, homicidios, y relaciones con grupos criminales.

Ese conocimiento le permitió a López concluir que ese partido era un concierto para delinquir con personería jurídica. Días después, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la senadora retractarse de tal opinión, que no era cosa distinta a la conclusión obtenida a partir de una serie de datos objetivos. Censura evidente que lleva a pensar que, según esa corporación, ya no se puede opinar.

No paró ahí la cosa, pues cuando la misma senadora López, basada también en sus investigaciones, manifestó que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se opuso a la creación de una institución jurídica encargada de investigar aforados, entre ellos al propio Fiscal General de la Nación, por tenerle miedo a la cárcel, el Tribunal Superior de Bogotá al conocer de la acción de tutela interpuesta por Martínez Neira, determinó que Claudia López debía retractarse de esa opinión.

Al respecto Ariel Ávila, columnista de la Revista Semana y colaborador de la señora López en sus investigaciones, consideró que “La manguala entre partidos políticos, altas cortes y fiscalía ha echado para atrás los avances logrados en décadas por la libertad de expresión. Ahora en Colombia la opinión se puede censurar.”

Y el más reciente hecho que conmueve a la opinión pública relacionado con esta grave amenaza a la libertad de expresión, lo ha representado la decisión del Tribunal de Bogotá que pretende obligar a la senadora López a rectificar una opinión manifestada para el libro de la periodista Vicky Dávila, en torno del también senador Álvaro Uribe Vélez.

Según esa corporación judicial, las afirmaciones contenidas en el libro y vertidas por la excandidata a la vicepresidencia, en torno a la vida y las actuaciones del expresidente, vulneran los derechos a la honra y el buen nombre del aludido, razón por la cual deberá rectificarlas.

Muy grave que los estamentos judiciales, que tienen un poder efectivo quizá mayor, más intimidante, más azaroso y eficaz que el de los interlocutores anónimos de RCN y Semana, olvidando los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, se presten para el ejercicio de este tipo de prácticas censurantes.

Lo que afirma la Corte Constitucional

Porque la máxima Corporación en materia Constitucional ha precisado, de vieja data (Sentencia T-391/07), unos criterios de juzgamiento en los casos de colisión de derechos fundamentales como el del buen nombre y la honra de los servidores públicos y el de expresión y opinión.

Allí, la Corte Constitucional ha establecido una presunción de sospecha de inconstitucionalidad de las actuaciones de las autoridades, cuando señaló:

“4.5.2. Se tiene, pues, que toda limitación —a través de actos jurídicos de alcance particular o general, proferidos en ejercicio de la función legislativa, administrativa, jurisdiccional, de policía u otra cualquiera desempeñada por el Estado— de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones (libertad de expresión en sentido estricto, libertad de información o libertad de prensa) ha de presumirse, en principio, constitucionalmente sospechosa, como una invasión del derecho protegido.

La Corte considera necesario enfatizar que cualquier acto jurídico o actuación de hecho, de carácter general o particular, que de manera directa o indirecta limite el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, realizado por cualquier autoridad estatal colombiana independientemente de su jerarquía o su posición dentro de la estructura del Estado, ha de considerarse como una invasión sospechosa del ejercicio de este derecho y, por ende, someterse a revisión constitucional estricta para efectos de determinar si están dados los requisitos que hacen admisible una limitación estatal al ejercicio de esta importante libertad.”

Máxime, si se trata de figuras públicas, respecto de lo cual ha precisado:

“— así, (i) el discurso político está sujeto a menores limitaciones y quienes se vean afectados por él, concretamente las figuras públicas, deben soportar una carga mayor en el ámbito de sus derechos a la honra, intimidad y buen nombre, más cuando la expresión se ejerce a través de la prensa”.

Porque:

“(6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”.

Y todas estas elucubraciones carecerían de sentido, si no fuera por el hecho de que, acorde con el resultado electoral del 17 de junio, los directos interesados en amordazar la libertad de expresión en este país, han regresado al poder.

En pocas palabras, la gravedad de las amenazas contra la libertad en Colombia provienen ahora y, en el porvenir inmediato, no solamente de los actores armados de todos los pelambres, sino de quienes usando de su poder están en condiciones de determinar qué es lícito y qué no es lícito expresar, pensar, decir o publicar.

La reconquista del poder por los sectores más retardatarios y oscurantistas del país es un hecho y la primera presa que van a tomarse es la libertad de expresión. Estamos notificados.