Columnista:
Álvarez Cristian
Con una apretada votación de 44 votos a favor y 39 en contra, se eliminó el artículo 210 del proyecto de ley n.° 200 de 2020 de Senado y n.° 310 de 2020 en Cámara.
El «mico» colado en el proyecto por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías buscaba brindar incentivos de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y dar una reducción de 40 % en regalías para proyectos piloto de fracking en el país.
El pasado, 28 de agosto, en una polémica sesión de la Cámara de Representantes casi a media noche, el artículo 210 —a todas luces ilegal ya que actualmente existe jurisprudencia del Consejo de Estado que prohíbe el fracking— registró el voto de 83 representantes que autorizaron el «mico», y 50 que se negaron a el tal como lo publicó el senador David Racero de la coalición Colombia Humana – MAIS.
Ahora, tras la presión social ejercida, el Senado de la República eliminó el polémico artículo 210 con la apretada votación antes mencionada. De esta, varias cosas salen a flote cuando se mira con detalle a los votantes por el sí al fracking en la corporación.
Por ejemplo, de los 39 senadores que votaron por mantener el artículo del fracking, 17 pertenecen al Centro Democrático.
Si bien es conocido el interés que tiene el «presidente eterno» desde 2002 en el tema de hidrocarburos —lo que haría más que obvia la votación de su partido de bolsillo al sí del fracking—, Uribe no es el único con intereses petroleros en dicha colectividad.
De acuerdo al portal de investigación periodística Cuestión Pública, la senadora María del Rosario Guerra —miembro del condenado clan Guerra— suscribió desde 1998 una servidumbre de oleoducto y tránsito con las empresas Oleoducto Central de Colombia S. A. y Oleoducto Central S. A. Ocensa.
«El usufructo de la servidumbre estuvo a nombre de José Elías Guerra, padre de la senadora, hasta 2010, cuando fue concedido a la empresa familiar Sociedad Agroinversiones el Socorro, de la cual Guerra es miembro de la junta directiva», señaló Cuestión Pública.
De otro lado, nueve senadores del partido Conservador decidieron votar por mantener el artículo 210.
Ellos son Miguel Barreto, Esperanza Andrade, David Barguil, Laureano Acuña, Carlos Maya, Juan Samy Merheg, Myriam Paredes, Nora García Burgos y Efraín Cepeda Sarabia que casualmente es accionista de Ecopetrol, tal como reveló Cuestión Pública.
Entre los senadores de Cambio Radical, la votación a favor o en contra del artículo 210 estuvo dividida (hecho que deja una lectura interesante sobre la colectividad del oportunista expresidente Vargas Lleras y del clan Char).
Siete senadores votaron por el sí al fracking, cinco por el no y cuatro no votaron. Los del sí fueron: Carlos Jiménez, Didier Lobo Chinchilla, Daira Galvis, José Luis Pérez, Arturo Char, Luis Eduardo Díaz Granados (miembro del clan Char) y Antonio Zabaraín.
Mientras tanto en el Partido de la U (que ya no es de Uribe ni de la Unión) cuatro senadores votaron en contra de retirar el artículo 210, estos fueron José Alfredo Gnecco, José David Name, Miguel Amin Scaff —los tres senadores con apellidos muy sonados con graves escándalos en la costa— y el antioqueño Juan Felipe Lemos.
Cuestión Pública reveló que el primo del senador José Alfredo Gnecco —Armando Gnecco Vega (alias ‘Mandarino’)— es propietario de cuatro estaciones de gasolina, que por ahora están en proceso de incautación como parte de una medida contra Marquitos Figueroa.
El medio de investigación, de igual modo, reseñó que la empresa Consultores para el Desarrollo SAS Condesa, propiedad de la familia del senador José David Name, ha celebrado contratos con entidades territoriales que reciben recursos de regalías por más de 445 mil millones de pesos.
Edgar Palacios Mizrahi fue el único senador del partido político-religioso Colombia Justa Libres que votó por no eliminar el artículo de fracking.
Por último, no podía faltar en esta nefasta lista de los «profracking» al impresentable senador Jonatan Tamayo (‘Manguito’) del Partido ASI que votó en contra de los lineamientos de su partido, hecho que ya lo tiene con investigación abierta.
Otro hecho llamativo es que 23 senadores no votaron. Cinco son liberales, cuatro de Cambio Radical, tres son de la U, otros tres son conservadores, dos del Centro Democrático (entre ellos María Fernanda Cabal), y uno de la Alianza Verde. También, se registra que los cinco senadores del partido político FARC no votaron en contra del artículo 210, lo que hubiera hecho más abultada la victoria contra el fracking en el Senado.
Consultada dicha colectividad por la ausencia de sus votos, el partido FARC informó que los cinco miembros se encontraban excusados de la sesión del Senado. Algunos estaban atendiendo diligencias con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y otros estaban en Barranquilla en el sepelio de Jorge Iván Ramos, miembro de la dirección nacional del partido FARC que fue asesinado.
Pese a la votación, el fracking en Colombia sigue vivo ya que, para su aprobación o descarte total, se requiere zanjar la conciliación de los dos textos independientes aprobados por Cámara y Senado, instancia donde podría revivir el discordante artículo 210.
La periodista Catherine Juvinao denunció que para la conciliación, Arturo Char y Germán Blanco, presidentes de Senado y Cámara (ambos votaron por el sí al fracking) han designado 20 congresistas, de los cuales 12 votaron a favor del artículo 210, siete en contra, y uno no votó.
