Aún cuando la autorización del Ministerio de Ambiente para el aprovechamiento de huevos y piel de caimán aguja en la Bahía de Cispatá en Córdoba generó un acalorado debate sobre la utilización de esta especie, al revisar el mismo, no existen con suficiente claridad dos aspectos de connotada relevancia.
El primer elemento es el tráfico de fauna silvestre o de vida salvaje como se le conoce a nivel mundial, el cual de acuerdo con estudios publicados en 2016, mueve alrededor de $10.000 millones de dólares al año a nivel mundial, siendo la quinta actividad ilegal que más recursos mueve.
Muy pocos de los argumentos expuestos alrededor de la Resolución del Ministerio de Ambiente hablan de la realidad del tráfico de fauna silvestre, que para 2017 ha llegado a reportar hasta 23 mil animales incautados en un año, especialmente de tortugas, hicoteas y babillas, cifra que evidencia la escandalosa situación que vive el país con respecto al abuso de su patrimonio natural.
La sobreutilización de los caimanes aguja tan solo es uno de los tantos problemas que tiene el país con respecto al uso y abuso del patrimonio natural en cuanto a fauna y flora, ya que no solo son los caimanes, también son las tortugas, las iguanas, los loros a quienes nos encanta tener como mascotas o como platos deliciosos en nuestras mesas, también son los osos de anteojos, los tigrillos, los pumas, las chuchas/zarigüeyas a quienes nos encanta tener como trofeos de caza porque dañan nuestros cultivos y matan a nuestros ganados.
La relación entre humanos y fauna silvestre en nuestro país, que existe desde épocas precolombinas, no siempre puede ser racionalizada como se suele mostrar en los parques naturales, con grupos de animales libres, siendo observados plácidamente; en la mayoría de los casos está mediada por instintos animales básicos: supervivencia, miedo, generadores de conflictos que no se resuelven de manera pacífica, por lo que el papel del Estado en esas situaciones es relevante.
Y es en ese sentido que surge el segundo elemento que se ha visto de manera parcial en el debate y es el papel del Estado Colombiano frente a la realidad de la utilización y sobreutilización de la fauna silvestre.
Ante los conflictos de intereses, uno de los papeles de los Estados es el de tratarlos, sea atenuándolos, suprimiéndolos o ajustándolos, y ante el evidente conflicto de interés que surge ante el uso de la fauna silvestre por parte de comunidades rurales, el Estado Colombiano ha tomado dos vías: la punitiva y la regulatoria, a través de una amplia normatividad jurídica.
Según un estudio de Estrada-Cely, Gaviria Henao y Pacheco Murcia publicado en 2016, aunque en el país existe un amplio y bien estructurado referente legal con respecto a la fauna silvestre, no existe evidencia de su efecto sobre la conservación y erradicación de su tráfico, razón por lo que, concluye el estudio, se hace necesario reforzar los procesos punitivos en tanto exigencia de la reparación del daño y el establecimiento de mecanismos efectivos para el estímulo y la creación de zoocriaderos como mecanismo para el reconocimiento científico de las especies, establecimiento de estrategias de repoblamientos y, a largo plazo, satisfacción de la demanda de especímenes.
Con respecto al aspecto regulatorio, el Estado Colombiano tiene un significativo avance frente a la regulación de fauna silvestre, especialmente en ictiofauna, a través de la reglamentación de las vedas, que no es otra cosa que la restricción total y temporal de la explotación de una o más especies en un área determinada.
Esta regulación la realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP.
Es decir, en el conflicto de intereses entre la riqueza de peces de agua dulce que tiene el país y las comunidades de pescadores artesanales, la solución fue regular y no proscribir como algunos animalistas urbanos postulan debe ser la única salida para el conflicto en la Bahía de Cispatá.
Y es que quiérase o no, las comunidades rurales que viven en ecosistemas acuáticos o terrestres usan los recursos faunísticos para su subsistencia.
De acuerdo con un estudio publicado en 2016 por Valencia-Parra y De la Ossa, la sobreutilización de la fauna silvestre y el peligro de extinción que enfrenta, en algunas zonas, se debe a la problemática socioeconómica donde los pobladores no tienen acceso a trabajos bien remunerados, situación que los obliga a buscar sustento diario e ingresos adicionales que les ayuden con la economía familiar a través de la explotación de los recursos naturales, especialmente fauna a través de caza de subsistencia, que en la casi totalidad de los casos va al comercio ilegal de fauna silvestre.
Finalmente, y revisando en detalle la postura de algunos quienes postulan que “seguro pueden construirse opciones inteligentes y sostenibles para las familias de Cispatá, en las que nadie salga sacrificado”, ya que durante los años en que duró la veda “las comunidades locales han podido vivir de la agricultura, la pesca y el turismo”, la consideración moral hacia los animales que van a ser sacrificados y la aplicación de los derechos de los animales que desde redes sociales se proponen como guías para el desarrollo local de las mismas, en lugar de aportar, complica el panorama.
¿Cómo conciliar el derecho a disfrutar del abundante patrimonio natural local que tienen las comunidades rurales, asentadas hace siglos en ecosistemas particulares con el derecho que tienen algunos grupos sociales eminentemente urbanos a disfrutar del patrimonio natural nacional de manera no depredadora?
¿Se debería ejercer con mayor rigor el marco punitivo colombiano a estas comunidades rurales o se debería aplicar con mayor rigor el marco regulatorio que se ha aplicado con éxito para las especies de peces ornamentales y de consumo?
¿Quién pudiera dar respuesta a estas preguntas?
Aunque el debate sobre los caimanes de la Bahía de Cispatá ha bajado de intensidad un poco, se hace necesario que ante su indudable continuidad se consideren todos los elementos conceptuales disponibles no solo casos exitosos de uso de fauna silvestre en el país, sino también consideraciones sobre gobernanza y modelos de desarrollo local.
