El que podría ser el caso de corrupción más deleznable del siglo no puede reducirse a un “error de planeación”, que es como cínicamente ha sostenido que se trató el presidente Juan Manuel Santos.
Es cierto que este presidente nos ha visto la cara de lerdos a muchos colombianos, empezando por los que creíamos que con él se podía hacer la paz, pero lo cierto es que los sobrecostos por más de 4.000 millones de dólares son una ignominia nacional y un vergonzante despilfarro de recursos públicos, en el país donde a los niños más afortunados se les parcializa las raciones de alimento y, a los desafortunados, se les deja al amparo de la inclemencia, y por eso muchos de ellos mueren por desnutrición crónica.
Las irregularidades en la contratación, la falta de planeación, la corrupción y la ineptitud para tomar medidas idóneas, no pueden tomarse como otra de las tantas fallas que ha cometido este Gobierno. En un país menos caricaturesco, el presidente estaría menos tranquilo y un ministro como Mauricio Cárdenas hubiera tenido que renunciar de su puesto hace rato.
No puede existir argumento que explique cómo es que se le entregó a Glencore —una transnacional sin experiencia alguna en la construcción de refinerías— el 51 % de Reficar. O tal vez sí haya explicación: es lo lujurioso que es este Gobierno cuando las empresas foráneas quieren penetrar el territorio nacional. Un gobierno ávido porque las multinacionales se apoderen de negocios, sin importar el costo social, económico y ambiental que ello implica. Un gobierno que entrega casas y pavimenta calles para jactarse de social, aun cuando es claro que detrás de ello no hay más que tetras por permanecer en el poder.
Cortesía La Otra Cara
La Contraloría demostró con sólidos argumentos todos los atropellos que hay detrás de Reficar, entre ellos el ingente aumento de un contrato con Foster Wheeler, otras de esas empresas que, al mejor estilo de la colonia, hacen lo que les antoja en Colombia.
De paso, dejó en evidencia que la culpa del crimen no le corresponde únicamente a Juan Manuel Santos, aunque hoy se hagan los de la vista gorda y esbocen estrafalarias explicaciones, ciertamente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez —de la mano de su adlátere Óscar Iván Zuluaga (para ese entonces ministro de Hacienda)— tuvo responsabilidad en el caso que, oportunistamente, hoy indigna a su colectividad.
Y a todo este cataclismo económico hay que sumar los problemas ambientales, toda vez que como ha sostenido el senador Luis Emilio Sierra, con la modernización de la refinería no se tuvo la precaución estipulada en la licencia ambiental, por el contrario, hoy la bahía de Cartagena está en mora de padecer un riesgo por el transporte de una sustancia cancerígena que transita sin ningún control. (Lo cual sería equivalente a lo ocurrido en Santa Marta, cuando la Drummond arrojó mineral al mar).
La sociedad colombiana no puede seguir permitiendo que este tipo de infortunios se presenten. Hacen bien el Congreso, y en especial el senador Jorge Enrique Robledo y el contralor Edgardo Maya en adelantar debates en procura de explicar la magnitud de un escándalo sin precedentes.
Los colombianos debemos exigir que los responsables de esto paguen su pena, como mínimo que los protagonistas dimiten de sus funciones públicas. No es justo que el país siga soportando las bofetadas de una dirigencia que ha demostrado ineptitud y complacencia con las empresas que vuelven hacer de este país una colonia que se explota sin piedad alguna.
