laorejaroja

Como sé que al abstenerme de marchar en protesta por el ataque dinamitero contra la escuela de formación de la Policía Nacional en Bogotá, muchos pueden pensar que apoyo o veo con simpatía este tipo de acciones violentas, aclaro que rechazo, con vehemencia, tanto las acciones terroristas de los grupos subversivos, como las de los narcoparamilitares y también, el terrorismo de Estado.

Hecha esta aclaración, quiero exponer las razones en las que soporto mi decisión de no acompañar a los colombianos y colombianas que saldrán mañana a las calles a condenar el execrable crimen de una veintena de jóvenes estudiantes de la Escuela de Oficiales Francisco de Paula Santander, de la Policía Nacional.

No me parece coherente acompañar a las personas y sectores políticos que han guardado silencio cómplice frente al sistemático asesinato de más 300 líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras y defensores de los DDHH y de los recursos naturales. No acepto lecturas moralizantes e ideologizadas con las que se clasifican los asesinatos y de esa forma se protesta o se deja de hacerlo, según el origen social, político, económico o las circunstancias que rodearon sus muertes.
Si la marcha resulta multitudinaria, muy seguramente el Gobierno, con la ayuda de la prensa que tiene a su servicio, le dará un sentido plebiscitario con el que buscará distraer los problemas de legitimidad y gobernabilidad que afronta, por cuenta no solo de las acciones emprendidas entre el Ejecutivo y el Legislativo en contra del proceso de implementación del Acuerdo Final de La Habana, sino por las decisiones económicas y políticas tomadas por el gobierno de Duque, con las que se consolida una verdadera plutocracia en Colombia. La sola devolución del manejo de millones de pesos de los parafiscales a Fedegan, constituye una forma de naturalización de la corrupción en Colombia y del paramilitarismo, como quiera que hay denuncias y cuestionamientos contra dicho agente de la sociedad civil por sus relaciones con los grupos paramilitares y con acciones de despojo de tierras, además de las irregularidades encontradas por organismos de control fiscal, en el manejo de millones y millones de pesos.

Al existir aún dudas, preguntas y cuestionamientos en torno a las versiones entregadas por el Fiscal, el ministro de la Defensa y el conjunto del Gobierno alrededor de la forma como se dieron los hechos e incluso, sobre la identidad de los responsables del ataque dinamitero, salir a marchar terminará por convalidar esos informes y ocultar, por ejemplo, las posibles omisiones conscientes en las que pudieron incurrir los organismos de seguridad del Estado, y que pudieron facilitar el actuar criminal de quien finalmente irrumpió en la instalaciones de la Escuela de la Policía, con los resultados y consecuencias ya conocidas por la opinión pública.

Siento una profunda desconfianza en el actual Régimen de poder, hecho que me obliga a abstenerme de marchar y de apoyar cualquier otra iniciativa ciudadana con la que se pretenda ocultar la corrupción, y las claras intenciones del Gobierno de Duque de retornar a los tiempos de la Seguridad Democrática, política pública que sirvió para violar los derechos humanos y para perseguir a críticos y detractores del entonces gobierno de Uribe Vélez.

Y finalmente, considero peligroso e inconveniente hacerle el juego a los medios de comunicación que, afectos al Gobierno, agitan a las audiencias y a las masas, con un discurso lastimero y profundamente heroizante, con el que no solo sirven de caja de resonancia al Régimen de poder, sino que terminan ocultando acciones criminales como los falsos positivos cometidos por la Fuerza Pública y los desmanes del ESMAD, entre otras situaciones; esa misma prensa, está coadyuvando al lanzamiento de una enorme cortina de humo con la que el Gobierno y el Establecimiento buscan hacer olvidar y quizás proscribir, las razones por las cuales los estudiantes venían marchando para exigir más recursos para la universidad pública y las protestas de cientos de miles de ciudadanos que exigen la salida del Fiscal General, comprometido en actos de corrupción en lo que se conoce como el escándalo de Odebrech.