Raúl Carvajal y los falsos positivos: 15 años de lucha sin justicia

Columnista:

Luisa Fernanda Morales

Raúl Antonio Carvajal Pérez está sentado frente su camión. Esta mañana se ha ubicado una vez más en la carrera Séptima con avenida Jiménez. Lleva 2 años parqueándose ahí para contarle a la gente el caso de su hijo, el cabo Raúl Carvajal, que fue asesinado el 8 de octubre del 2006, según su padre, por el mismo Ejército cuando ejercía labores operacionales en Tarra, Norte de Santander. El cabo es uno más de los 6402 casos de los llamados falsos positivos que ocurrieron en el Gobierno de Álvaro Uribe, entre el periodo 2002 y 2008. Y su padre al igual que los demás exige justicia.

Lleva 15 años recorriendo los rincones de Colombia en búsqueda de la verdad. Y lo único que lo acompaña es un furgón que está forrado de carteles con las caras de los responsables de este crimen y un maniquí vestido con el uniforme de su hijo que está ubicado en la parte superior del camión. Este furgón se ha convertido en su hogar. Está cansado. El pasar de los años se le reflejan en sus canas, en sus ojos cafés que se están tornando grises, en su dificultad para escuchar, pero de igual manera no piensa rendirse.

Con los ojos vidriosos y un acento costeño cuenta que a su hijo lo asesinaron cuando tenía 29 años. Afirma con toda convicción que fue el Ejército quien lo asesinó, porque el 18 de septiembre del 2006 recibió una llamada en la cual el cabo le anunciaba el nacimiento de su nieta; además, le comentó que se quería retirar del Ejército porque le habían ordenado matar a 2 jóvenes para pasarlos como guerrilleros, pero él no quiso cometer ese delito. «El 8 de octubre me notificaron que mi hijo había sido dado de baja en una emboscada de la guerrilla de las FARC y ELN. Días más tarde me lo entregaron en un cajón envuelto en una bandera de Colombia y me dijeron que no lo podía destapar», cuenta Raúl.

—¿Usted qué hizo cuando le dijeron que no lo podía destapar?—pregunto.

—Abrí el cajón. Se me hizo muy extraña esa orden. Al recordar lo que mi hijo me comentó en la llamada no creí en la versión del «glorioso ejército». Sospeché que era un crimen de Estado y por eso preferí cerciorarme de la condición del cadáver. Quedé asombrado al abrirlo.

Se queda en silencio mirando hacia el horizonte, su mirada se pierde por un momento.

—¿Por qué?—pregunto para romper el silencio.

—Porque el cuerpo tenía señales de que había sido amarrado y torturado. Para estar más seguro en el 2011 traje los restos desde Montería en un viejo camión hasta la plaza de Bolívar y, en un acto de dignidad y resistencia, obligué a que Medicina Legal le practicara una nueva necropsia. Efectivamente, no estaba equivocado. El resultado de Medicina Legal dice que a mi hijo lo torturaron y le dispararon en la cabeza, le rompieron el cráneo para quitar la entrada y salida de la bala disparada, y le rellenaron su cabeza con periódico.

En este suceso hay demasiadas inconsistencias, asegura Carvajal, ya que los informes de Medicina Legal dicen que el disparo fue a menos de 2 metros de distancia, mientras que la versión oficial asegura que el disparo fue realizado por un francotirador. Además, añade que hubo muchas contradicciones en las versiones del pelotón que estaba ese día en el Alto de la Virgen, localizado entre los municipios de Tibú y El Tarra, porque tanto los informes del Batallón número 10 José Concha de Tarra y la Policía contradicen los hechos certificando que ese día ni en los posteriores se registraron combates en la zona.

Don Raúl no solo culpa al Estado y a la cúpula militar del asesinato de su hijo, sino que también los hace responsables de la desaparición de su nuera y nieta de 30 días de nacida. Cuenta que minutos después del entierro de su hijo, la señora Dora Patricia Ríos Sepúlveda se llevó a ambas con la justificación de brindarles apoyo psicológico, pero desde ese día no volvieron a saber nada de ellas.

En Colombia, el 46,1 % de las desapariciones se han atribuido a los grupos paramilitares; un 19,9 %, a las guerrillas; un 8,8 %, a los grupos disidentes y, finalmente, un 8 % a los agentes del Estado. Además, según la Comisión Colombiana de Juristas, se han registrado más de 10 000 crímenes de Estado entre el 2002 y 2010; algunos de estos casos han sido llevados ante la justicia para poder sancionar a los responsables, pero el caso de Raúl aún está en la impunidad.

Beatriz Méndez y Ana Páez, unas mujeres de unos 50 años, van caminando por las calles del centro de Bogotá con una camiseta blanca estampada con la palabra MAFAPO (Madres de Falsos Positivos), buscando un mural que en repetidas ocasiones ha sido borrado: una pared amarilla con el número 6402 y frases como, «¿Quién dio la orden?»  Es la forma de expresión de estas madres para exigir justicia.

Estas mujeres, víctimas del Estado, llevan 14 años luchando para que los responsables de los crímenes de sus hijos digan la verdad, puesto que estos jóvenes fueron asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. «Queremos limpiarles los nombres a nuestros hijos», dice Ana Páez.

—A mí no solo me asesinaron a mi hijo Weimar Castro Méndez, sino también a mi sobrino Edward Benjamín Rincón. Estos chicos se fueron una tarde y al tercer día por noticias nos enteramos de que estaban muertos. Después de buscar en todo sitio, menos en Medicina Legal porque jamás pensamos que estuvieran ahí, nos enteramos de que uno de los «guerrilleros» dado de baja en un enfrentamiento con el Ejército se llamaba Edward Benjamín, fuimos a Medicina Legal y allá estaban. Y sabe qué es lo más raro de todo esto—dice Beatriz.

—¿Qué es lo más raro?—pregunto.

—Que fueron asesinados en Cuidad Bolívar. Pregúntense, ¿cuántos guerrilleros entran a Medicina Legal de Bogotá? Que lleguen a un pueblo es más común, pero Bogotá no es una zona roja, ¿o sí?

Se queda en silencio por un instante, mira a su amiga y le dice:

—Cuéntele también su caso.

Ana se toca la cadena que tiene en su cuello y con la voz entrecortada y los ojos llorosos cuenta:

—A mi hijo Eduardo Garzón lo asesinaron el 5 de marzo del 2008 en Cimitarra, Santander. Y, solamente, luego de 6 meses de búsqueda lo encontré. Mi hijo no era ningún guerrillero. Él trabajaba conmigo en la escuela vial de la Policía y le faltaban 2 semestres para que se graduara de Derecho. Ver el cuerpo de mi hijo con un camuflado nuevo y unas botas sin pisar fue muy doloroso. Las muestras de Medicina Legal dicen que el cuerpo fue trasladado porque hacen falta partes de la cabeza que no estaban en el lugar en donde fue hallado . Yo he hecho de todo para encontrar a los responsables.

Ana Páez recolectó más de 275 pruebas y gracias a eso se judicializaron 8 militares, pero estos salieron libres por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la justicia transicional colombiana para la paz han sido admitidos 2680 integrantes de la fuerza pública, y hay en trámite otras 1840 peticiones.

«Yo no voy a permitir que paguen con servicio sociales primero porque a mi hijo no me lo van a devolver con trabajos sociales y segundo porque yo no estoy preparada ni para perdonar ni olvidar. Es mi hijo el que mataron, yo no voy a perdonar eso», dice Páez.

Raúl, Beatriz y Ana se acogieron a la JEP, pero Raúl Carvajal dice que fue expulsado de este proceso por insultar al general Mario Montoya, excomandante del Ejército en el periodo de Álvaro Uribe. Aunque Carvajal ya no pertenezca a este proceso coincide con las otras madres de que ninguno quiere que pasen otros 15 años sin que los altos mandos admitan los crímenes. «No queremos que nos envuelvan años y años en el proceso de paz», comenta Beatriz.

Las madres de Soacha seguirán con su fundación para velar por los derechos de las víctimas. Raúl seguirá recorriendo las ciudades de Colombia con su furgón para para visibilizar lo sucedido. Todos están dispuestos a luchar hasta el último día de sus vidas y ni las amenazas que reciben los van a callar hasta encontrar justicia.

P. D. Raúl luchó hasta el último día de su vida. Falleció el 12 de junio del 2021 a raíz del COVID-19. Fueron 15 años de lucha que no podemos permitir que queden en vano. Los jóvenes somos los encargados de seguir luchando y exigir justicia para que el caso de Raúl no se repita.